El juez federal de Reconquista, Aldo Mario Alurralde, declaró este jueves 13 de febrero de 2025, la extinción de la acción penal y dictó el sobreseimiento de los exdirectores de la empresa Vicentin saic que estaban procesados por una multimillonaria estafa al fisco, mediante la utilización de facturas apócrifas (truchas) con las que percibían indebidamente dineros del Estado en calidad de reintegros por Impuesto al Valor Agregado (IVA) que nunca pagaron a la entonces AFIP (ahora ARCA) .
Al aceptarse el reclamo de ARCA y cancelar la deuda (el pago lo efectivizó Herman Roberto Vicentín), el magistrado declaró extinguida la acción penal con el correspondiente sobreseimiento para Daniel Néstor Buyatti, DNI 14.336.109; Alberto Julián Macua, DNI 12.616.666; Roberto Alejandro Gazze, DNI 12.181.798; Máximo Javier Padoan, DNI 21.106.719; Cristian Andrés Padoan, DNI 23.751.814; Martín Sebastián Colombo, DNI 28.581.032; Sergio Roberto Vicentin, DNI 17.285.275; Pedro Germán Vicentin, DNI 25.672.130; Roberto Oscar Vicentin, DNI 22.125.253; Yanina Boschi, DNI N° 31.486.899; Herman Roberto Vicentín, L.E. Nº 6.340.489; Oscar Silvio Vicentín, L.E. Nº 6.353.098; Rubén Darío Vicentín, L.E. Nº 7.878.698; Norma Susana Vicentín, L.C. Nº 6.242.550 (ya fallecida); y para la propia empresa Vicentín saic, CUIT N° 30-50095962-9.
De acuerdo al procesamiento que oportunamente había dictado el mismo magistrado, todos eran considerados coautores penalmente responsables del delito de aprovechamiento indebido de beneficios Fiscales, según el artículo 3° del Régimen Penal Tributario, Ley Nacional 27.430, artículo 279, en función del artículo 13; con la agravante prevista en el artículo 15, inciso B, del mencionado cuerpo legal.
PAGADO
El pago total que Herman Roberto Vicentín ingresó al ARCA (ex AFIP) para que cese la persecución penal es de $469.899.346.-, lo que efectivizó en tres cuotas (la última fue de algo más de $158 millones). Cancelar la totalidad, les permitió pedir la extinsión de la causa penal y el correspondiente sobreseimiento firmado por el juez federal de Reconquista este 13 de febrero. El monto del perjuicio Fiscal que reclamaba AFIP (al detectar la estafa) era de $143.254.723.- más intereses y multas.
FECHAS
La denuncia penal de la entonces AFIP había ingresado al Juzgado Federal de Reconquista el 21 de agosto de 2020. Poco más de dos años después (1 de noviembre de 2022) el juez Alurralde comenzó las indagatorias; y el 7 de mayo de 2024 firmó los procesamientos y las medidas cautelares que también se levantaron, como los embargos.
CÁRCEL
De no haber cancelado la deuda y avanzar el proceso hasta una condena, podría haberles correspondido una pena de cumplimiento efectivo, porque para este tipo de delitos y montos, la pena es de prisión de tres años y seis meses (como mínimo) a nueve años de prisión. Encima, para el juez Alurralde, esta comisión delictiva tenía como agravante la participación de dos o más personas, lo que eleva la posible condena.
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RECORDAMOS LA DENUNCIA QUE ORIGINÓ ESTE PROCESO JUDICIAL AHORA CERRADO
La denuncia fue presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, donde sostiene que la comisión delictiva detectada fue durante los años 2016 a 2019, mediante solicitudes de reintegros del Impuesto al Valor Agregado-Créditos fiscales vinculados a operaciones de exportación-, habiendo aprovechado, percibido o dispuesto de manera ilegítima de más de cien millones de pesos de entonces, suma cuya solicitud de reintegro fue recurrentemente respaldada con facturación apócrifa, presentadas para su recupero en forma fraudulenta.
Sostuvo AFIP en su denuncia que, de las tareas de fiscalización, "se verificó" que la contribuyente habría aprovechado indebidamente de reintegros de IVA por exportaciones -bajo el régimen por el cual los exportadores tienen derecho a que se les reintegre el crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación-, con base en la utilización, registración y presentación de facturas comprobadamente apócrifas, emitidas por decenas de supuestos proveedores, habiendo percibido de ese modo sumas de dinero por parte del Fisco Nacional en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 por montos que superan holgadamente la condición objetiva de punibilidad prevista en el artículo 3 de la Ley 24.769 vigente al momento de los hechos (por las sumas percibidas en 2016 y 2017) y en el artículo 3 del Régimen Penal Tributario instituido por el Título IX de la Ley 27.430 (por las sumas percibidas en 2018 y 2019)."
Al mismo tiempo se sostiene que: "…Tal como fuera indicado, en los actos administrativos mediante los cuales se impugnan las operaciones declaradas por la exportadora con proveedores apócrifos, se encuentra efectivamente constatado que la firma percibió en los períodos fiscales en trato -2016 a 2019- sumas millonarias por parte del Fisco Nacional en concepto de reintegros".
Con posterioridad, la AFIP amplió la denuncia, agregando detalle de montos que se habrían detraído ilegítimamente del Fisco Nacional.
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TRUCHOS
Sostiene el juez que tiene acreditado lo que denunció AFIP, en cuanto a que para estafar al Estado hicieron figurar proveedores inexistentes, transporte de granos con evidentes signos de desuso y deterioro, impropios del giro comercial fingido y con movimientos bancarios que no se corresponden con la facturación; insuficientes empleados en relación de dependencia para cumplir con las tareas que demanda su funcionamiento o directamente inexistentes; que los vehículos incluidos en las Cartas de Porte no eran aptos para el transporte de mercaderías; que los supuestos lugares de explotación eran inexistentes; es decir, que no funcionaba ninguna planta industrial u oficinas de administración.
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DOMICILIO FISCAL EN UNA ESCUELA... Y HASTA EN EL OCEANO PACÍFICO!!!
Un ejemplo de las maniobras detectadas para estafar al Estado es que, por ejemplo, uno de los proveedores truchos figuraba con domicilio legal en una escuela; otros en casas de familia con habitantes que declararon que viven allí "desde su infancia", asegurando no conocer ni tener ningún tipo de relación con la firma investigada. Una dirección figura en el oceano pacífico. También detectaron sucesivos cambios de domicilio fiscal y denominación informados en AFIP.
Además, del análisis de débitos y créditos del impuesto al valor agregado (IVA) de varios de los pretendidos co-contratantes, "surgía la inequívoca conclusión de la cuasi nula capacidad económica y financiera de realizar una operación y/o que tal negocio jurídico le permita la sustentabilidad de la supuesta empresa". Usaban empresas fantasmas o simples intermediarios con fines fraudulentos.
Rechazaba el juez la coartada de los imputados, quienes sostuvieron en su defensa que las operaciones fueron realmente realizadas. Está convencido el magistrado que este tipo de maniobras fraudulentas se realizan para generar un crédito fiscal inexistente, beneficiándose financieramente con ello al disminuir su carga tributaria, ya sea por acreditación, compensación, reintegro, o solicitando su transferencia a terceros. De uno u otro modo, tales sumas de dinero terminan saliendo o no ingresando a las arcas del fisco, sin que se genere como contrapartida el correspondiente débito fiscal, atento a que el vendedor no existe.
Con obvia respuesta en el procesamiento, el juez pregunta sin esperar respuesta: ¿Si la operación existió y el vendedor es inexistente, con quien contrató entonces Vicentin?
No se privó el magistrado de reprochar que algunos testigos exhibieron "argumentación infantil y falaz".
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El tributo, cuyo reintegro cobró Vicentín saic, no proviene de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas. Ahí está el fraude al Estado , sostiene el juez federal de Reconquista.
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"A riesgo de ser sobreabundante, resalto que numerosos contribuyentes no habrían contratado con la firma que se presenta como co-contratante; más aún, en oportunidades ni siquiera se pudo corroborar la existencia de la empresa que habían denunciado en AFIP su domicilio en una escuela, en una casa de familia –con nulo vínculo mercantil-, y hasta en el Océano Pacífico, según geolocalización. A pesar de haberse intimado la corrección y/o denuncia de domicilio real, nunca lo consignaron ante el Ente Recaudador. Claramente, esta actitud sindicaría una maniobra defraudatoria", expresa la sentencia del Dr. Alurralde, la que complica aún más el futuro y hasta pone en riesgo la libertad de quienes el fiscal de Delitos Complejos de la Provincia ya calificó como "estafadores con vida de privilegios".
Vale recordar que el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe le sigue a varios exdirectores de Vicentín saic, otro proceso penal, donde están procesados por haber conformado una asociación Ilícita para cometer estafas y administración fraudulenta.
No se trata de casos aislados sino sistemáticos.
Juez Aldo Alurralde.
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Algunas convicciones del juez que los había procesado:
El acto que se reprochaba contiene tanto la acción negativa de ocultamiento como la positiva de elaborar registros –operaciones presuntas, asientos contables apócrifos, etc.- para aparentar como real una situación ficticia y así presentar el ardid defraudatorio que, de no ser por la labor de los inspectores de AFIP, habrían quedado en el mundo jurídico como real, cuando, ciertamente, se trataba de un enmascaramiento del negocio jurídico que efectivamente aconteció en algunos supuestos y otros en actos simplemente inexistentes y fraguados in totum.
QUIENES Y POR QUÉ HABÍAN SIDO PROCESADOS
El magistrado había llevado a proceso a quienes pusieron su firma para consumar el fraude al Estado. Detalla en el auto de procesamiento cada acto firmado; y sostiene que "no se trata de una burda mentira, de una farsa que sea evidente a simple vista; por el contrario exigiría una tarea –cuanto menos mínima- de investigación, para develar el injusto".
"Va de suyo que el ardid que provoca el engaño debe tener entidad suficiente desde el punto de vista formal -de hecho, las operaciones estaban registradas-, pero vacías de contenido porque no pudieron haberse realizado sin el proveedor de la mercadería -a veces sin siquiera existir el intermediario-. Es precisamente esa formalidad -"ficta", por cierto-, la que le otorga el viso de seriedad inicial y sustento falaz; y es por ello por lo que el Fisco Nacional habría caído en el engaño que permitió la continuidad de la maniobra".
"Estamos frente a un accionar tendiente a obtener dinero del Estado nacional o locales, mediante el aprovechamiento indebido de reintegros, recuperos, devoluciones, etc...".
Para defraudar al fisco, seleccionaban las personas físicas y/o jurídicas con las que supuestamente contrataban, luego asentaban las operaciones mendaces y, más tarde, se pedía el reintegro de tributos que no pagaron porque los negocios jurídicos nunca existieron.
El fraude se consumó mediante sucesivos actos jurídicos/comerciales fingidos para llevar a engaño a la AFIP y exigir un reintegro por una suma que jamás se habría pagado.
La investigación de AFIP permitió descubrir dicha artimaña; motivando la denuncia inicial. Tanto es así que, luego de haberse detectado las primeras irregularidades, profundizó la investigación y a medida que fue detectando otras maniobras similares, realizó tres ampliaciones de la denuncia, precisando e incorporando otras personas y operaciones apócrifas, ampliando los montos del perjuicio fiscal.
Destaca el Dr. Alurralde las comprobaciones efectuadas por AFIP mediante sucesivas órdenes de intervención, las que motivaron la confección de múltiples Actas de Inspección que revisten la calidad de instrumentos públicos. Eso, sumado al cúmulo de evidencias colectadas, "ofrecen un marco probatorio acorde" para dictar el procesamiento de los sospechosos.
Para el juez de Reconquista, la comisión delictiva generó múltiples lesiones. La primera y fundamental, la constituye el detrimento a las arcas fiscales y las necesidades públicas que se cubren con esos fondos; pero también se lesionan los derechos de las demás empresas que compiten en forma desigual al cumplir las normas tributarias.
Refiere a la "inmoralidad" de quienes ejecutan las acciones "encaminadas a aprovechar indebidamente el sacrificio que realiza el Estado para no cobrar un tributo, cobrarlo en menos o en tiempos diferidos; o bien en otorgar reintegros o recuperos para una determinada finalidad que se conecta con el bien común. Es decir, desarrollo o fomento de alguna actividad o sector productivo".
Por las características de la acción delictiva imputada, sostiene el magistrado que "solo puede ser realizada mediante una planificación y ejecución de una serie de actos independientes pero concordantes entre sí... con un grado de organicidad, concordancia y obrar jerárquico, tanto dentro como fuera de la empresa".
Esta comisión delictiva tiene como agravante la participación de dos o más personas, lo que eleva la posible condena a una pena mínima de cuatro años de prisión efectiva. Salvo que se pague, como ocurrió.
"No se trata de una simple pluralidad de agentes, sino de un obrar conjunto de todos los partícipes. Que en efecto, del plexo probatorio incorporado a la causa hasta el momento, surgen elementos que permiten afirmar, con el grado de probabilidad exigido en la presente instancia, que todos los encartados habrían incurrido en la comisión del delito que se les reprocha; oficiando el accionar como una política empresarial desplegada por las personas que condujeron durante los períodos investigados. En efecto, ha existido un despliegue unívoco, a pesar de la rotación de autoridades, funciones y responsabilidades; todo ellos encaminaron su accionar tendiente a configurar el fraude a las arcas fiscales. Ello demuestra, per se, una planificación institucional, empleando a Vicentín saic como paraguas o halo de protección para beneficiarse con la actividad que desplegaban quienes efectivamente forman parte de la persona jurídica y quienes resultaban beneficiados con el provecho económico del ilícito que se investiga", había expresado el magistrado en el procesamiento.
El monto del perjuicio Fiscal que reclamaba AFIP era de $143.254.723.- más intereses y multas.
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La versión de Vicentín
En un primer momento, la empresa salió a negar el "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales", y minimizaba el reclamo, explicando que representaba "menos del 1 % del IVA pagado por Vicentin en el período en cuestión".
Lo cierto es que finalmente se canceló la deuda y se extinguió la acción penal.
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LA OTRA VERSION
El estado argentino fue defraudado entre los años 2016 y 2019, en 140 millones de pesos (valores de entoces) según estimó la AFIP, que descubrió la maniobra y la denunció penalmente, presentando las facturas truchas que se utilizaron para cobrarle al Estado esa cifra por exportaciones que en realidad nunca se realizaron. Fue solo un papeleo para consumar una millonaria estafa que investiga el fiscal federal de Reconquista, Dr. Roberto Salum.
Para la AFIP, Vicentín hizo un "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales".
"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", explicó el organismo estatal en un comunicado en el que agrega que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".
Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que sumaba más de 140 millones de pesos, entre 2016 y 2019.
El ente recaudador informó que pudo determinar, entre otros elementos, que "las sociedades utilizadas, no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".
Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real", y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos".
"Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros, pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados", concluyó el ente recaudador al formular la denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal de Reconquista.
Para el Dr. Salum, la AFIP tiene razón: Vicentín se apoderó de 140 millones de pesos (cifra sin actualizar) cobrándole al Estado ese dinero mediante el reclamo de la devolución de un impuesto al valor agregado, IVA, que en realidad nunca ingresó al Estado, ya que los cobró presentando facturas truchas. Fue un "aprovechamiento indebido de reintegros a la exportación", sostuvo el fiscal.
Para el fiscal, igual que para la AFIP, no sirve el argumento de la empresa de que ellos también fueron engañados, porque era de ellos la obligación de controlar las facturas. "Tiene la obligación de una auditoría sobre las cuentas de los proveedores", remarcó Salum. "Hay inconsistencias, hay falsedades", reprochó.
La denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ingresó al Juzgado Federal de Reconquista, el 21 de agosto de 2020. Dos años después, la investigación avanzó lo suficiente para llegar a la acusación concreta que hará a partir de este martes el juez federal de Reconquista.
Las imputaciones comenzaron el 1 de noviembre de 2022; y dieciocho meses después salieron los procesamientos (7 mayo 2024).
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La palabra del fiscal federal
En la tarde del jueves 13 de febrero de 2025, el fiscal federal Roberto Salum se refirió al caso en Radio HOY.
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VARIOS PROCESOS PENALES EN MARCHA
Vale recordar que directivos y exdirectivos de Vicentín, tienen varias causas penales, también en el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, fiscalía de Gerardo Pollicita, con sede en Buenos Aires, por presunta estafa concertada entre directores de Vicentín y funcionarios del Banco Nación en tiempos de Mauricio Macri; y en la justicia provincial, donde están imputados por el fiscal de delitos complejos, Miguel Moreno, por estafar en 500 millones de dólares a numerosos acreedores.
También les queda pendiente una acción civil en el Juzgado Federal de Reconquista por la no devolución de créditos.
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OTRA SOSPECHA
También aquí, al fiscal federal Roberto Salum, le corresponde investigar el destino del dinero obtenido por Vicentín con la venta de parte de sus acciones en Renova a su socia Glencore. Vicentín le vendió el 16,67% de las acciones por 122 millones de dólares y se sospecha que hubo desvío de fondos, ocultando casi todo el dinero obtenido en esa transacción sospechosa, aumentando el perjuicio contra los acreedores.
Vicentín concretó la venta de acciones el 2 de diciembre de 2019 y tres días después anunció que tenía "estrés financiero" y luego dejó de honrar sus compromisos.
Quieren determinar adónde fue la totalidad de esos 122 millones de dólares, si es que acaso no los ocultaron para sacarlos del alcance de los acreedores.
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Producción periodística: ReconquistaHOY.
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