El fiscal Miguel Moreno, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada de Delitos Complejos, dentro del Ministerio Público de la Acusación (MPA), habló en Radio HOY sobre las nuevas imputaciones que hizo junto a sus colegas Sebastián Narvaja y María Teresa Granato, contra quienes consideran penalmente responsables del vaciamiento de Vicentín saic.

Explicó que el motivo por el que se convocó a una nueva audiencia imputativa y se solicitó la prisión preventiva es que se detectó que la asociación ilícita que se la atribuye conformar a los directivos procesados, continuó en actividades con nuevos hechos delictivos después de 2020, en el que, además, encontraron otros seis autores, incorporados como miembros de esa asociación ilícita, en la que ahora incluyen a 19 directivos procesados. El anterior tramo delictivo imputado fue por hechos que sucedieron entre los años 2017 y 2020.

Concretamente, "se detectaron maniobras destinadas a detraer sumas de dinero de distintas sociedades del grupo, obviamente controladas por Vicentín, en beneficio de los directivos, o sea, las mismas personas que estaban imputadas antes"; incluso, para el pagos a periodistas.

Y en esa misma línea, se constataron "nuevas maniobras de entorpecimiento probatorio", "que son las que justificaron en buena medida la solicitud de prisión preventiva: el retaceo de información, tanto en el proceso concursal como en el proceso penal por parte de las cúpulas de cada una de estas sociedades", señaló el fiscal.

Lo que también se consideró como un "entorpecimiento probatorio" es que hacían pagar con dinero de la empresa a gente para que escrache a los investigadores.

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LOS AUTODESPIDOS 

Otro aspecto que generó un gran impacto fue lo que se definió como el autodespido de los directores, teniendo en cuenta que hoy la empresa no tiene ni siquiera para pagar los sueldos, pero sí hubo dinero para que perciban lo que ellos mismos se fijaron como cifras de indemnización. 

El fiscal confirmó que esto también se lo atribuyeron como parte de la comisión delictivia, "justamente tomando en consideración la situación actual de la caja de Vicentín saic como de las otras sociedades controladas, en donde por acogimiento a un beneficio de salida de la compañía por mutuo acuerdo, se establecieron montos que no han podido ser analizados si han sido justipreciados y si corresponden realmente a montos que corresponderían según la ley de contrato de trabajo. Cuando los empleados están teniendo inconvenientes para cobrar en término sus salarios, lo que nosotros entendemos es una administración infiel desde Vicentín, es que se les generen estos créditos justamente a las personas que están imputadas de la comisión de los delitos", indicó el fiscal.

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LAS PRUEBAS DE UN "JUEGO DIABÓLICO" 

La Fiscalía cree tener las pruebas para demostrar que la estafa que se investiga empezó a organizarse varios años antes de la caída de Vicentín, que fue preparándose todo esto desde por lo menos tres años antes, que es lo que han podido recapitular en términos concretos, pero incluso sospechan que "pueden haber maniobras que se hayan gestado con anterioridad".

"Lo cierto es que a partir de la separación del negocio principal, es decir, el crashing (molienda) de oleaginosas de los restantes negocios que tenía Vicentín -el vino, el algodón, el biodiesel y demás negocios que en términos económicos se llaman sociedades non-core porque no son el objeto principal de Vicentín-, se empezó a estructurar una estructura societaria entre todo el agrupamiento de sociedades en el cual Vicentín paradójicamente utilizaba bienes de otras sociedades, también del grupo, por el cual pagaba un canon", contextualizó Moreno, y puso un ejemplo: "Vicentín usaba un avión que no pertenecía a Vicentín, sino que pertenecía a una empresa llamada Sir Cotton, también dependiente de Vicentín, pero esta empresa Sir Cotton, lo único que tenía es un avión, no tenía ni un empleado".

Y lo mismo indicó que sucede con el caso de Oleaginosa San Lorenzo, que posee una planta de crashing (molienda de granos) en la ciudad de San Lorenzo, que tampoco tiene empleados; y "lo único que hace es alquilarle la planta a Vicentín para que haga el crashing de oleaginosas, y por eso paga un canon". Considera que el armado de estas empresas sin empleados es parte del armado del histórico desfalco.

"Nosotros lo llamamos como un juego diabólico , porque en este momento, los acreedores no tienen acceso ni a ese avión -que por otro lado, ya fue vendido gracias a no estar dentro de Vicentín y no estar controlado por el concurso preventivo- ni a la planta -que deberían estar dentro del concurso preventivo como bienes del activo de Vicentín- (mientras que) por otro lado, Vicentín detraía sumas de su propio patrimonio para pagar por bienes que tenemos por cierto que les pertenecían", advirtió el fiscal.

De esta forma, "está claro que lo que se quería hacer era detraer de la agresión patrimonial que pudieran iniciar los acreedores contra Vicentín, determinados bienes; a partir de eso se crearon sociedades que contenían esos bienes y no tenían otro objeto, pero además -a través del pago de estos cánones- lo que se hacía era quitar dinero de la caja de Vicentín para pagar estos alquileres y nuevamente se detraían sumas de dinero importantes de la caja de Vicentín y, en este momento, de la prenda común de los acreedores".

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TESTAFERROS 

Otra de las figuras que se les imputaron a los directivos es la sustracción y enajenación de un avión Cessna.

"Lo paradójico es que Vicentín deja de usar el avión, pero sigue pagando los gastos; eso nos da la prueba de que evidentemente el avión era de Vicentín", sintetizó el fiscal.

Amplió que, por unas "compensaciones que realizan con un acreedor" llamado J.J. Hinrichsen, que también es un actor del mercado de oleaginosas, esta persona jurídica adquiere este avión, pero solo en el carácter formal porque, a pesar de haberle transferido en propiedad por una compensación de deudas este avión a J.J. Hinrichsen, seguían pagando los gastos del avión. De hecho, en la investigación descubrieron correos electrónicos en donde aludían a estos gastos de mantenimiento del avión, diciendo textualmente: "Esto es un perno, pero hasta que no se vende el avión lo vamos a tener que pagar".

"¿Qué es lo que hicieron inmediatamente después de declararse en cesación de pagos? Sacaron el bien, lo alejaron aún más de la acción de los acreedores, utilizando la figura de un testaferro, que es esta sociedad, y hasta que esta sociedad no lo vendió, obviamente como ellos eran los dueños del avión, siguieron pagando los gastos", explicó Moreno.

De esta manera, concluyen que Sir Cotton sería, más que una empresa, un testaferro de los que manejaban Vicentín, como así también Oleaginosa San Lorenzo, que creaban empresas pero para manejar cosas por afuera... El objetivo era "detraer del alcance de los acreedores determinados bienes", añadió el fiscal durante la comunicación. 

LA ESTRUCTURA SOCIETARIA 

En las audiencias, se expuso que los imputados se valieron de la estructura societaria de Vicentín para estas comisiones delictivas.

Miguel Moreno explicó que "esta estructuración de todos los negocios non-core a través de distintas sociedades, fue un requerimiento de los bancos internacionales, porque los bancos internacionales le prestaban a Vicentín saic y, al tener todas las cajas y las administraciones juntas, esto no le permitía determinar a los bancos internacionales cuál era la garantía que tenían para el cobro de la futura acreencia, en caso de conceder una línea de crédito". Lo que no saben con certeza es, "si desde un comienzo o ya estructurado, se vio la posibilidad de realizar esta modalidad delictiva de ir fraccionando y disgregando el patrimonio de Vicentín. Eso no lo puedo establecer con certeza, cuál fue la motivación que tuvieron para hacerlo. Sin duda que los bancos internacionales se lo exigieron, pero luego, desde la dirección de Vicentín saic y de las cabezas de cada una de las sociedades controladas, se estableció un modus operandi que tornó en un aprovechamiento delictivo de esta circunstancia", comentó el fiscal en la radio de ReconquistaHOY.

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"UNA MEZCOLANZA" 

Durante la audiencia, los fiscales utilizaron el término "mezcolanza" a la hora de referir al conglomerado de treinta o más empresas que armaron y eran manejadas de manera informal, con un mismo software, en la misma casa central de Avellaneda.

El fiscal recordó que, cuando allanaron la sede de Vicentín en el año 2020, lo que descubrieron es que cada sociedad dentro del edificio de Vicentín estaba representada por un cajón de un archivo dentro de la oficina de legales y lo que advirtió un experto en sistemas es que todas las empresas confluían en el mismo software, algo que "es totalmente contrario" al punto de vista de una "administración controlada, en términos de lo que se llama compliance comercial o compliance societario, que es establecer normas de trabajo para que haya un control sobre la actividad de cada uno de los órganos que integran la sociedad".

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TRIANGULACIONES Y MANEJOS "PROMISCUOS" 

Según lo presentado al Tribunal, de las intervenciones realizadas, consiguieron comunicaciones de los imputados donde quedaba demostrado cómo triangulaban dinero de una empresa a otra.

Consultado si esto también sirvió para estafar a algunos socios, el Dr. Moreno recordó a las familias Hacen y Alal, que "denunciaron allá por diciembre de 2023 estos hechos y que fueron los que determinaron la continuación de esta línea de investigación".

"Nosotros entendíamos concluida la investigación de los hechos que atribuimos en un principio, pero al aparecer accionistas de Vicentín que denunciaron y aportaron elementos para que nosotros pudiésemos comenzar seriamente un nuevo tramo de investigación, fue que determinamos que efectivamente el manejo era sumamente promiscuo", informó Miguel Moreno, citando textualmente: Se decía "hay que hacer este pago, pero no puede salir por Vicentín, saquémoslo por Friar".

De hecho que también detectaron transferencias de créditos que recibía Friar desde fondos holandeses en donde el dinero ingresaba a Friar y pasaba a Vicentín, a Vicentín Paraguay, a Vicentín Uruguay, a Friar Uruguay. "Y de ese modo, quien debía era Friar, pero la plata había sido ya distribuida en varias empresas del grupo".

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IMPUTADOS USARON DINERO DE LA EMPRESA EN DEFAULT PARA PAGAR A SUS PROPIOS ABOGADOS 

Para la Fiscalía, está acreditado que los imputados realizaron una maniobra fraudulenta para pagar los honorarios de sus  abogados particulares con dineros de la empresa, la que no tiene ni para pagar en término los sueldos a sus trabajadores.

"Cuando una sociedad designa abogados para determinada cuestión de la sociedad, por directorio o por gerencia, hay una designación, generalmente. Pero nosotros nos hemos tomado el trabajo de cerciorarnos: primero, que las sociedades que pagaban no tuviesen designación de esos profesionales como abogados de la empresa, ni a través de actas de directorio, ni a través de asamblea de socios; luego, lo que buscamos es saber si esa empresa tenía algún tipo de litigio que justificara la designación de un abogado o un asesoramiento profesional", explicó sobre la investigación.

Y justamente, constataron que "esas empresas no tenían litigio" e incluso, en el caso de Oleoginosa San Lorenzo y Sir Cotton, directamente "no tienen actividad"; y "al no tener actividad, no podían tener litigios, más allá de un litigio fiscal,  que tampoco tenían litigios fiscales".

En Oleaginosa San Lorenzo hasta detectaron que, aunque no tiene empleados, "le pagaban a un licenciado en Recursos Humanos, que a su vez es empleado de Vicentin".

"Todo el mundo tiene derecho a tener un abogado, incluso obviamente los imputados tienen derecho, y el sistema penal ordena que tengan un defensor. Lo cierto es que el defensor penal tiene que ser costeado por el imputado y no por la empresa en la que trabaja el imputado; y lo que detectamos es que, según los avatares de la causa penal, si había una audiencia, si en una audiencia se pedía prisión preventiva o si en una audiencia se pedían algún tipo de cautelares y se trababa una discusión, las transferencias hacia los abogados eran mayores. Lo cual se justifica con el ritmo de la investigación penal y no con cualquier otra causa que pudieran venir a querer justificar", agregó el fiscal.

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MILES DE MILLONES DETRAÍDOS 

Según lo que se informó en audiencia, un total de $6.221 millones fueron detraídos de Vicentín por el manejo ilegítimo de los que están imputados, lo que equivale a 20.946 salarios mínimos, vitales y móviles.

El fiscal dijo que la investigación actualmente está avanzada en un 80 al 85%.

"No nos queda mucho más para cerrar este tramo de investigación y acusar. Asumimos el compromiso en la audiencia imputativa de acusar dentro del plazo de 120 días para que la prisión preventiva de los cuatro exdirectivos se prorrogara automáticamente. Entiendo que la circunstancia de que estén detenidos lo que va a hacer, en lugar de retrasar la celebración del juicio, es acelerarla", analizó durante la entrevista con Gustavo Raffin, transmitida en directo en la tarde del lunes 31 de marzo de 2025 por Radio HOY y vía streaming  https://www.reconquistahoy.com/radio-en-vivo/

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SUPUESTOS "EX" DIRECTIVOS 

El fiscal explicó que desde la "posición gerencial que mantuvieron" los imputados, "que públicamente es como que no exhibieron -salvo con determinados actores frente a la sindicatura concursal, frente a los sindicatos-, no estaban impedidos de realizar esas gestiones, siempre y cuando fueran de colaboración". Sin embargo, se les detectó "acciones que no solo no eran de colaboración, sino que eran de justamente seguir pauperizando el patrimonio de Vicentin, y eso justamente no tenían facultad alguna".

De hecho, "el ejercicio de la dirección de una empresa impone la obligación de preservar el patrimonio de la empresa en cabeza del directorio y de la gerencia".

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