"Se quedan con el dinero de los productores, no arreglan caminos y se hacen los sordos y ciegos. Severo llamado de atención a la dirigencia política", había titulado ReconquistaHOY hace tres meses, al elaborar un informe sobre los abusos que cometen algunos mandatarios del Norte de Santa Fe con la recaudación de la tasa rural por hectárea.

Referimos al "desastroso estado de algunos caminos rurales, especialmente en Villa ana, Villa Guillermina y Berna (localidades del Departamento General Obligado) y casi todas las localidades del Departamento Vera, donde intendentes y presidentes comunales se quedan con el dinero de los productores (que lo perciben mediante la Tasa por Hectárea, que la mayoría cobra) y no se hacen cargo de mantenerlos transitables. 

Algunos Municipios y Comunas cobran medio litro de gasoil por hectárea por año, otros un litro; y hasta un litro y medio. Aunque es menos y mucho menos de lo que se paga en otros distritos de la provincia, los productores cuestionan que no utilicen el dinero para lo que corresponde, lo que sería la malversación del recurso. Y el poder político no afloja con la exigencia y hay reclamos que terminan en los tribunales, como en el caso de Villa Ana que ahora es noticia por lo que resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista.

En el Departamento General Obligado cobran la Tasa por Hectárea: Los Laureles, Reconquista, Villa Ocampo, Arroyo Ceibal, El Sombrerito, Villa Ana, Lanteri, La Sarita, El Arazá, Berna y Malabrigo. Los peores caminos están en Villa Ana, Villa Guillermina y Berna, se indicó en Rural HOY. Y el mayor problema está en casi todas las comunas del Departamento Vera. 

 

Un desastre los caminos y una burla cómo desvían el dinero que le sacan a los productores.

 

HISTORIAL DE QUEJAS

Los reclamos para que los recaudadores mejoren los caminos rurales son históricos. 

En marzo de 2020, la Sociedad Rural de Reconquista había emitido un comunicado al respecto. Habían reprochado a intendentes y presidentes comunales que recaudan la tasa por hectárea "sin darle el destino enunciado, donde los caminos son intransitables, abonando el aislamiento donde se pretende que el hombre de campo viva, produzca y eduque sus hijos".

"Lo que asoma es el hartazgo contra una clase política toda, que hace del silencio una conducta cuando de financiar sus privilegios se trata", decía también entonces la SRR. Y esa crítica se reitera en voces de productores que reprochan la actitud de la corporación política (especialmente los mandatarios locales y sus padrinos políticos, que suelen ser los legisladores), que no interviene en resolver la situación. Y de esa manera, el dinero que aporta el campo sigue financiando otras causas de los políticos. Y eso enoja. ¡Ni hablar cuando hay que transitar caminos destrozados!

 

El dinero que aporta el campo sigue financiando otras causas de los políticos. Y eso enoja. ¡Ni hablar cuando hay que transitar caminos destrozados!

 

Todo esto quedó bien reflejado en un programa especial dedicado al tema hace tres meses en Rural HOY. Ese mismo día, en ReconquistaHOY también escuchamos al productor Ricardo Sigaudo, quien contó de una reunión de productores autoconvocados por la preocupación que tienen por el pésimo estado de muchos caminos rurales en este Norte de Santa Fe, algunos "intransitables", a pesar de que las comunas cobran la Tasa por hectárea.

Fue durísimo con la clase política que usufructúa del dinero de los productores y no lo invierte como corresponde. Encima, los políticos se hacen los ciegos y sordos. Indiferentes. A tal punto de que a esa reunión de los productores no concurrió ningún político. Ni siquiera contestaron las invitaciones. 

- - -

AHORA

La novedad es que ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, en fallo unánime firmado por los jueces María Eugenia Chapero, Santiago Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, declaró la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley Provincial 5066 (Ley de cobro de créditos fiscales), que permite a Municipios y Comunas cobrar la tasa rural por hectáreas, sin rendir cuentas de los recursos utilizados.

En esta sentencia, concretamente, el tribunal obliga a la Comuna de Villa Ana a transparentar la información sobre los servicios prestados, condicionando la ejecución fiscal a la efectiva prestación de los mismos. Es un fallo que refuerza el derecho de defensa del contribuyente y el acceso a la información pública; y que va a impactar en futuros reclamos fiscales. Habrá que ver si la Comuna de Villa Ana acude a la Corte Provincial y queda firme esta sentencia, sentando una novedosa jurisprudencia. 

 

El tribunal obliga a la Comuna de Villa Ana a transparentar la información sobre los servicios prestados, condicionando la ejecución fiscal a la efectiva prestación de los mismos. Es un fallo que refuerza el derecho de defensa del contribuyente y el acceso a la información pública; y que va a impactar en futuros reclamos fiscales.

 

En declaraciones a Radio HOY, la jueza Chapero dijo que el tribunal desea realmente que el caso llegue a la Corte. Cree que es un tema que merece ese análisis del superior tribunal de la provincia.

- - -

LO VIEJO Y MALO

En el comienzo de la entrevista que Gustavo Raffin hizo a la jueza María Eugenia Chapero sobre el tema, aclaró que "no tiene que ver con un enfrentamiento del Poder Judicial con los políticos, sino con los diseños legislativos que vienen de larga data y que hay que modularlos. Hay que verlos conforme al moderno derecho constitucional y todo lo moderno que ampara al contribuyente, que tiene que ver con el acceso a la información pública, transparentar, que el contribuyente debe saber el uso, el destino de todo lo que se percibe a las arcas públicas por parte de los contribuyentes".

Amplió que, "al ser una tasa, tiene una diferencia con el impuesto: se trata de un tributo de contraprestación", por lo cual "la ley dice específicamente que la tasa debe ser acorde a un servicio efectivamente prestado y debe tener relación con los costos de dicha prestación".

"La jurisprudencia que se abrió paso en la Ley de Defensa del Consumidor también es aplicable a los contribuyentes, a los usuarios de servicios públicos, porque la ley misma lo dice: el Estado también es sujeto pasivo de las obligaciones de la Ley de Defensa del Consumidor, como prestador de servicios públicos", explicó.

En el fallo, lo que plantearon es que esta ley de ejecución fiscal, que data del año 1959, "dice que cuando la comuna es actora en una ejecución fiscal no se puede discutir la inhabilidad de título". Es decir, "no permitía ninguna defensa al usuario", "vedaba al usuario interponer una excepción para decir: Mire, la comuna no ha prestado ningún servicio, ni siquiera hay un camino dispuesto", además que "vedaba cualquier discusión más allá del aspecto extrínseco del título de ejecución fiscal. Nosotros decimos que eso es incompatible con la modernidad del acceso a la información pública hoy", sintetizó Chapero.

Su posición es que "las Comunas pueden ejecutar, por supuesto, porque tienen servicios a cumplir, pero deben integrar el título con información equivalente al servicio efectivamente prestado".

Y precisamente, "lo que deben informar en cada demanda -por la novedosa Ley de la provincia de Gobernanza de Datos y pueden remitir a un link a una página de acceso público-, en el período que reclaman, cuánto ha sido lo devengado en calidad de tasa por hectárea, y en ese período, cuánto ha sido lo ejecutado. Y esa proporción es lo que otorga habilidad al título: si dice que recaude 100 y ejecuté 100, perfecto, el título es ejecutable en 100; y si no, en el porcentaje que arroje esos dos parámetros".

De esta manera, "conjugamos los dos intereses en juego: el interés público de las comunas, que tienen que recaudar para sostener caminos y hacer mejoras, pero también el interés de los usuarios, de los consumidores, a tener conocimiento de si los servicios fueron ejecutados con ese dinero", añadió la jueza.

Durante la comunicación, otro de los aspectos que aclaró es que resolvieron anular hasta el primer decreto de trámite, de forma que la comuna tiene la oportunidad de integrar el título.

"No es que es arbitrario, no es que es sorpresivo, y tampoco estamos prejuzgando ni generando un adelanto de opinión, es un análisis de la habilidad del título que los jueces podemos hacer oficiosamente... Las sociedades van evolucionando y eso creo que es lo que nosotros en algún sentido estamos forzando, es como una alerta para los legisladores para que tomen el guante y se pueda modificar directamente la ley, porque los jueces no somos legisladores", subrayó.

Confirmó que todavía hay tiempo para apelar a la Corte, y opinó que "sería interesante que estos casos lleguen, porque la Corte es la que da la última interpretación, al menos a nivel provincial".

A continuación, texto de la sentencia:

SABER MÁS

Ley Provincial Nº 5.066, vigente desde el 26 de octubre de 1959, sancionada por la Legislatura Provincial y promulgada por el gobernador Silvestre Begnis, referente al cobro de créditos fiscales por parte de municipios. Allí se puede leer el Artículo 8, que fue declarado inconstitucional.

Ley Nacional de Defensa del Consumidor, sancionada por el Congreso Nacional y promulgada el 13 de octubre de 1993 por el presidente Menem.

Ley de Gobernanza de Datos y Acceso a la Información Pública, sancionada por la Legislatura Provincial y promulgada por el gobernador Pullaro el 12 de abril de 2024.