Por decisión del Juez de la Cámara Penal de Rosario Gustavo Salvador, firmada el viernes 13 de junio de 2025, los cuatro exdirectores de la empresa Vicentín saic que estaban presos desde el mes de marzo (Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti) podrán esperar el juicio oral y público -que aún no tiene fecha- en libertad con determinadas restricciones, entre ellas, no salir del país; y la obligación de garantizar un millón de dólares cada uno.
Los fiscales del caso ahora deben resolver si apelarán la excarcelación, o si se enfocarán directamente en avanzar hacia el juicio, donde deberán probar las acusaciones, por las que piden condenas de hasta 17 años de prisión efectiva.
Están acusados de ser jefes organizadores de una asociación ilícita para vaciar Vicentín mediante una administración fraudulenta que estafó a numerosos acreedores particulares y empresas por centenares de millones de dólares.
Vicentín saic dejó de honrar sus compromisos en el año 2019. Para entonces había acumulado una deuda de más de 1.500 millones de dólares. Ese monto siguió creciendo desde entonces por las deudas postconcursales, que ya suman decenas de millones de dólares más.
La investigación es encabezada por los fiscales Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y María Teresa Granato, de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
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SON 19 LOS IMPUTADOS
4 Jefes de la asociación ilícita:
Daniel Néstor Buyatti, DNI 14.336.109, nacido en Reconquista, el 9 de enero de 1961, con domicilio actual en Rosario.
Alberto Julián Macua, DNI 12.616.666, casado, Contador Público, nacido el 6 de diciembre de 1958, domiciliado en Adrogué, Provincia de Buenos Aires.
Roberto Alejandro Gazze, DNI 12.181.798, casado, Contador Público, nacido el 26 de agosto de 1958, domiciliado en Funes, Provincia de Santa Fe.
Omar Adolfo Scarel, DNI 13.367.988, nacido el 21 de noviembre de 1959, con domicilio en la Ciudad de Avellaneda, Provincia de Santa Fe.
Otros 15 Miembros de esa asociación ilícita:
Máximo Javier Padoan, DNI 21.106.719, nacido en Avellaneda, Santa Fe, el 3 de octubre de 1969, con domicilio en esa ciudad del Norte de Santa Fe.
Cristian Andrés Padoan, DNI 23.751.814, nacido en Avellaneda, Santa Fe, el 22 de febrero de 1976, con domicilio en esa misma ciudad.
Martín Sebastián Colombo, DNI 28.581.032, nacido en Reconquista, el 14 de junio de 1981, domicilio en Avellaneda, Santa Fe.
Sergio Roberto Vicentin DNI 17.285.275, nacido el 29 de agosto de 1965 en Avellaneda, Santa Fe, con domicilio en Reconquista.
Pedro Germán Vicentin, DNI 25.672.130, nacido en Reconquista, el 24 de noviembre de 1976, con domicilio en Rosario.
Roberto Oscar Vicentin, DNI 22.125.253, nacido en Avellaneda, Santa Fe, el 8 de mayo de 1971, con domicilio en Avellaneda, Santa Fe.
Yanina Colomba Boschi, DNI 31.486.899, nacida en Avellaneda, Santa Fe, el 15 de abril de 1985, domiciliada en Capital Federal.
Javier Fernando Gazze, DNI 26.956.274, nacido el 13 de noviembre de 1978, con domicilio en Capital Federal.
Miguel Victor Vallaza, DNI 10.894.427, nacido el 27 de diciembre de 1953, con domicilio en Capital Federal.
Carlos Alecio Sartor, DNI 10.570.575, nacido el 10 de marzo de 1953, domiciliado en Avellaneda, Santa Fe.
Daniel Oreste Foschiatti, DNI 14.344.254, con domicilio en calle Olessio 787 de la ciudad de Reconquista, nacido el 25 de mayo de 1961.
Fernando Estanislao Bougain, DNI 16.898.745, nacido el 21 de enero de 1965, domiciliado en Capital Federal.
Diego Ceferino Boschi, DNI 28.228.513, nacido en Avellaneda, Santa Fe, el 9 de agosto de 1980, domiciliado en Avellaneda, Santa Fe; y en Rosario (dio dos domicilios donde puede ser localizado).
Alberto Dimas Padoan, DNI 28.581.075, nacido el 24 de marzo 1981, en Avellaneda, Santa Fe; y
Facundo Persoglia, DNI 32.619.586, nacido el 7 de octubre de 1986, domiciliado Reconquista.
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Los acusadores sostienen que los mencionados, conformaron una asociación ilícita, con permanencia en el tiempo, que comenzó a operar en el año 2017, destinada a la planificación y comisión de una pluralidad de delitos de manera organizada, valiéndose de la estructura de la sociedad Vicentín saic (oficinas, autoridades, reconocimiento público); y del conjunto de empresas vinculadas y controladas que conforman el grupo económico nacido en el área metropolitana Reconquista-Avellaneda, donde Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze y Omar Scarel, desempeñaron el rol de jefes, demostrando tener autoridad sobre los demás miembros de la asociación.
Indican los representantes del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, que los imputados operaron como grupo, de manera concertada, siguiendo un plan, con división de roles, durante un período alongado de tiempo, en una dinámica interna que nada tenía que ver con el cometido ni la estructuración de los cargos societarios que detentaban, pero aprovechándose de ellos para realizar una serie de ilícitos.
Esta asociación ilícita, desde el año 2017 puso en marcha una planificación destinada a simular el bienestar financiero y contable de Vicentin. Falsificando los balances e incluso las certificaciones internacionales, con complicidad externa, ocultaron el pasivo, para seguir pareciendo solventes; y de esa manera conseguir más créditos, obtener desembolsos de los Bancos; y continuar con la captación y recepción de granos, incentivada además con la oferta de sobreprecios, lo que el resto de los compradores no podían igualar.
Administraban "infielmente" el capital de Vicentin, "como se imputó en los casos de Renova, Playa Puerto, Emulgrain, Tastil, El Liquidambar".
Fue una asociación ilícita organizada empresarialmente.
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PLANIFICARON EL VACIAMIENTO
Los fiscales sostienen que la asociación ilícita se alineó con el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Consolidar el provecho obtenido mediante los ilícitos cometidos hasta el mes de diciembre de 2019.
Garantizar la impunidad frente a la eventual determinación de sus responsabilidades penales y patrimoniales.
Asegurar el mantenimiento del control del grupo empresario.
Continuar manipulando las decisiones de gestión y gobierno de Vicentín saic y del conjunto de empresas que integran el grupo empresario, entre otras: Sir Cotton s.a., Oleaginosa San Lorenzo s.a., Algodonera Avellaneda s.a.; y Sottano s.a., con el objeto de obtener beneficios económicos ilegítimos en provecho propio y en perjuicio de las propias entidades societarias, así como de sus acreedores legítimos, entre ellos: proveedores, clientes y trabajadores.
Remarcan los acusadores que, al menos desde el año 2017, los imputados (más otras personas ya fallecidas) subvirtieron el orden lícito que debe regir la actividad empresarial, para servirse de las redes ya establecidas en el grupo económico, de la organización del trabajo en las distintas firmas, de su estructura normativa y de los apoyos externos —profesionales, jurídicos, contables, empresariales, logísticos y productivos—, poniéndolos al servicio de finalidades criminales.
Una de las características estructurales de este agrupamiento criminal es que , a diferencia de las asociaciones ilícitas convencionales, se superpone con actividades empresariales de apariencia legítima. Esta particularidad, les ha permitido proyectar una imagen de legalidad durante períodos prolongados, dificultando la detección de su funcionamiento delictivo.
Simulando una situación de solvencia y crédito, de la que se valieron como instrumento para la ejecución de numerosos planes criminales, cuya magnitud se refleja en la existencia de más de cuarenta planes criminales imputados y acusados, en causas vinculadas a estafas, falsedades en estados patrimoniales y administraciones infieles.
Añaden que, "en una segunda etapa, intentaron instalar la imagen de un grupo empresario que actuaba con lealtad y responsabilidad social, presentándose como víctima de avatares económicos incontrolables que habrían derivado en su crisis económica y financiera".
Durante el período de tiempo señalado, esta asociación operó de manera tal que la coexistencia de las esferas legítima e ilegítima fue deliberadamente utilizada para generar confusión , en el marco del ordenamiento normativo vigente, respecto de las relaciones de lealtad y subordinación que estructuran el funcionamiento real del grupo, gobernado en los hechos por la asociación ilícita.
Esta dinámica se caracteriza por la coexistencia de dos andariveles paralelos : por un lado, la actividad lícita , que es presentada ante acreedores, trabajadores, autoridades judiciales, auditores externos y agencias de control; y por otro, la actividad ilícita , que se procura disimular y mantener fuera del conocimiento de dichos actores.
Los imputados se conformaron como agrupamiento criminal, mediante un proceso de cooptación progresiva de la estructura societaria de Vicentín saic y de las restantes empresas que integran el grupo económico, en forma concomitante con la manipulación de estados patrimoniales falsos y la comisión de fraudes en perjuicio de acreedores y del patrimonio de la propia Vicentin saic.
El control del funcionamiento real de la empresa y del grupo fue ejercido, en su nivel superior, por Daniel Buyatti, Omar Scarel, Roberto Gazze, Sergio Nardelli (ya fallecido) y Alberto Macua; mientras que los restantes miembros del directorio, también imputados, contribuyeron activamente a consolidar el esquema de control ilegítimo de la empresa y de las entidades bajo su dominio, facilitando la ejecución de los planes criminales .
Con posterioridad, se registraron modificaciones en la conformación de los órganos de gobierno y fiscalización de Vicentín saic . En octubre de 2020, Omar Scarel, hasta entonces síndico, fue designado como Presidente; Daniel Foschiatti asumió como Vicepresidente, y Estanislao Bougain como Director. Este recambio de autoridades fue presentado públicamente como un intento de la empresa —controlada en los hechos por la estructura de la asociación ilícita— de ceder la conducción y gestión de Vicentin saic y del grupo empresario a una estructura con mayor independencia, capaz de proyectar expectativas de recuperación económica, en el contexto del concurso preventivo estructurado por los miembros de dicha asociación.
En junio de 2022 , se aprobó una licencia en el cargo de Scarel , que se extendió hasta marzo de 2023 . En ese mes, fue designado Carlos Sartor, en primer término como suplente y luego como Vicepresidente titular, en reemplazo de Scarel.
Hasta la actualidad, la conformación del órgano de administración se mantiene integrada por Foschiatti como Presidente, Sartor como Vicepresidente, y Bougain como Director.
Foschiatti, Sartor y Bougain se incorporaron a la estructura societaria en un contexto en el cual las reglas efectivas de funcionamiento ya se encontraban determinadas por la cúpula de la asociación ilícita.
En los hechos, el comando de Vicentin saic y del grupo empresario Vicentin, continuó siendo ejercido por Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Alberto Macua y Omar Scarel, con la intervención operativa de otros miembros de la organización, según los ámbitos empresariales y roles que cada uno asumía en dicho esquema.
En este marco, los nuevos integrantes del órgano de administración adoptaron una posición formalmente lícita, superpuesta con una función material ilícita, consistente en la subordinación al esquema de control real ejercido por la asociación ilícita, en violación, entre otras normas, de los deberes de lealtad y de indelegabilidad en el ejercicio de sus funciones.
En paralelo, los integrantes de la asociación ilícita han ocupado cargos de gobierno y gestión en otras empresas del grupo económico, las cuales fueron utilizadas de manera ilegítima en función de los fines definidos por la organización criminal: detraer fondos del grupo empresario en beneficio propio , mantener posiciones de influencia y control dentro de la estructura del grupo Vicentín, y consolidar la impunidad de los propios integrantes del agrupamiento ilícito.
Bajo este esquema, se ejecutaron los hechos que se imputan , en un contexto en el cual las formas y estructuras societarias fueron utilizadas como un mero instrumento para la consecución de fines extra-societarios y para la violación de la ley, del orden público y de los deberes de buena fe en la gestión societaria , con la consecuente frustración de los derechos de terceros.
En abierta contravención a los deberes de lealtad y buena fe comercial, así como a los estándares de conducta exigidos por la Ley de Sociedades, y con actos de infidelidad, ocasionaron un perjuicio económico directo a los patrimonios de las empresas, un daño a los trabajadores y acreedores del grupo Vicentín.
Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, la asociación criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a empresas del grupo Vicentín, por algo más de 6.221 millones de pesos, equivalente a 20.946 Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
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EL ENTRAMADO DEL GRUPO VICENTIN
Para los fiscales, el esquema general de organización de los procesos financieros de las firmas del grupo Vicentín, "se ha caracterizado por una estructura de confusión y superposición entre vehículos societarios, que impide distinguir con precisión los límites patrimoniales y funcionales entre las distintas sociedades. Esta situación ha generado un estado de confusión patrimonial que facilitó la ejecución de las maniobras criminales atribuidas a los integrantes de la asociación ilícita".
MEZCOLANZA
Citaron lo que declaró el exsubinterventor Luciano Zarich, de que "no estaba separado, como debe ser, la caja... estaba todo mezclado, la administración era una administración común, y en el sistema había entre 25 y 30 empresas del grupo que se manejaban con el mismo software, es decir, que había una administración mezclada, esto ya en un principio de administración y de contabilidad y de auditoría ya es un problema...".
Dicho funcionario declaró que se sorprendió de que "había un montón de negocios vinculados. El proveedor de tal cosa era una empresa de uno de los socios de ellos, el proveedor de tal otra era una empresa vinculada, entonces había como muchos negocios vinculados al negocio principal de Vicentin, que eran sus proveedores, eran los mismos socios con otras empresas o con otras personas pero vinculadas a ellos. Entonces terciarizaban los negocios pasando parte de la rentabilidad de Vicentin a esos otros negocios y que los agarraban directamente quienes tomaban las decisiones del directorio… Como que había un reparto de negocios... entré en sospechas de esto, y dije: esto es un armado de un conjunto de empresas donde se llevan parte de las utilidades y por eso después había otros que decían que no repartían utilidades".
Respecto de los accionistas, ese testigo citado por los fiscales refirió a que siempre rotaban los mismos directores, "y tomaban la decisión por mayoría los mismos, y están todos de acuerdo entre ellos, entonces levantan la mano entre ellos, son mayoría, se votan a favor, y se votan los negocios entre ellos", y los socios que son minoría no podían hacer nada. Eso se notaba, la diferencia entre el nivel económico de unos y el nivel económico de otros...", "las decisiones las toman ellos, y ellos están todos complotados... son 10 que se rotan y se reparten los negocios", y para otros socios, "nada".
También citaron los fiscales un informe de la SIGEN, que dio cuenta que "la administración centralizada de muchas de las empresas del Grupo conlleva a la superposición de los patrimonios de las distintas sociedades , tal como quedó en evidencia en el arqueo de fondos, circunstancia que, no sólo denota un apartamiento a los mecanismos de resguardo de los activos de la Sociedad sino también un riesgo potencial de utilizar fondos de Vicentín saic con el fin de cancelar compromisos de otras sociedades, en detrimento del patrimonio societario".
No dudan de que Vicentin es "un holding con una dirección centralizada, que ha elegido presentar a una de sus partes a un concurso, pretendiendo que la crisis societaria se circunscribe sólo a un órgano y no afecta al organismo. Como arguyeran que el paciente está sano, que el enfermo es su corazón".
Citaron también desde el MPA lo que declaró el testigo Néstor Ranieri, quien manifestó que la empresa "estaba bastante, bastante desorganizada. Los circuitos administrativos no estaban claros, estaban mezclados . De hecho, en el mismo ámbito físico de Vicentín, ahí en Avellaneda, en el mismo edificio, se llevaba la administración de todas las empresas del Grupo Vicentín, e incluso las mismas personas administraban diferentes empresas del Grupo Vicentín en simultáneo. Con lo cual, se hacía una mezcolanza terrible porque no sabía en qué momento estaban trabajando para la saic, en qué momento estaban trabajando para el Frigorífico, y entonces era un lío fenomenal. Imaginate el barajuste administrativo que tenían, que el anteúltimo día de la intervención, nosotros decidimos, hablamos con la gente del Banco Nación de Reconquista, y les avisamos que vamos a llevar los fondos que estaban en la caja fuerte de la administración de Vicentín al banco, por una cuestión también de resguardo y seguridad. Y, bueno, cuando yo me llevo este dinero y lo depositamos en el banco, después nos enteramos que en la misma caja, sin separación ninguna , y sin, digamos, ninguna forma, ningún etiquetado , ninguna manera en que vos pudieras darte cuenta, estaba acopiado dinero de otras empresas del Grupo . Con lo cual, yo terminé depositando dinero que para mí era de la SAIC, pero que después era de otras empresas . ¿Por qué? Bueno, simplemente porque cuando nosotros preguntamos, el dinero está ahí en la caja fuerte y nadie nos explicó nada, nadie nos dio ninguna información … Entonces eso te daba la pauta del desorden administrativo externo que tenían las firmas. Era muy difícil, las líneas de separación y el control por oposición, ni hablemos, eran completamente difusas , o estaban borradas o eran distintas".
También mencionaron el informe elaborado por la SIGEN, que refiere al "complejo entramado societario. Se ha evidenciado que Vicentín saic es parte integrante de un enorme grupo empresario, conformado por muchas empresas, con domicilios en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Europa; y que "la vinculación es tan estrecha, que se ha verificado que varias de las empresas (aun con muy bajo porcentaje de participación) denuncian su domicilio real en el domicilio de Vicentín saic y son administradas por esta última (Buyanor S.A., Algodonera Avellaneda S.A, Oleaginosa San Lorenzo SA, Renopack, Sir Cotton SA, Emulagrain SA, Sottano SA, Servicios Fluviales SRL, Rio del Norte SA, Vicentin Desarrollos SA, Sudestes Textiles SA y Diferol SA). Asimismo se ha verificado que muchos Directores de la Sociedad integran, a su vez, los Directorios y/o resultan apoderados de otras empresas del Grupo".
No puede analizarse Vicentín saic en forma aislada, sino como parte de un gran y complejo entramado societario, que dirige y administra, del que aún se desconoce, con certeza, su integración total.
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ACTOS INFIELES
Los "actos de administración infiel" que le imputaron también a los integrantes de la asociación ilícita, es la sustracción y enajenación de dos aeronave : un Cessna 560 XL D 1; y un Cessna 560 XL, materializado por Macua, Scarel, Roberto Gazze, Daniel Buyatti, Diego Boschi, Joana Nardelli, Javier Gazze, y Alberto Dimas Padoán.
Les imputaron, además, haber sustraído ilícitamente fondos del patrimonio de la firma Sir Cotton s.a., con la participación de Facundo Persoglia, como quien intervino en las gestiones operativas; y, conjuntamente con Daniel Foschiatti y Estanislao Bougain, haber sustraído ilícitamente fondos del patrimonio de Vicentin saic, para el costeo de gastos asociados a la aeronave Cessna 560 XL, matrícula LV-BRX , que había sido previamente enajenada del activo de Sir Cotton s.a.
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OTRAS MANIOBRAS FRAUDULENTAS IMPUTADAS
PAGO DE LA FIANZA PENAL CON FONDOS DE VICENTÍN SAIC
Imputaron también la maniobra fraudulenta de haber utilizado fondos genuinos de Vicentín saic para afrontar los gastos correspondientes al seguro de caución por 10 millones de dólares contratado con la empresa SanCor Seguros , destinado a hacer efectiva la fianza impuesta por el Colegio de Jueces de Rosario como medida alternativa a la prisión preventiva , en el mes de octubre de 2021.
Los fiscales citaron todas las evidencias que recolectaron mediante testimonios, en los allanamientos y en la apertura de computadoras y celulares. En algunos casos, leyeron comunicaciones textuales que dan crédito a la imputación, creen ellos.
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