El Diputado Emiliano Peralta presentó un proyecto de ley denominado "Rutas Libres", que busca desregular los monopolios y oligopolios en el transporte provincial de pasajeros, con el objetivo de corregir lo que considera una injusticia comercial vigente desde 1935. Según explicó, esta situación ha generado perjuicios para las empresas, los servicios y los usuarios.
Peralta propone modificar la actual ley de transporte público de pasajeros de la Provincia de Santa Fe, vigente desde 1935, la cual establece un régimen de licitaciones y una serie de regulaciones para explotar las rutas terrestres. A juicio del legislador, ese marco ha derivado en un oligopolio o monopolio de empresas prestatarias, con efectos negativos sobre la calidad, frecuencia y eficiencia del servicio, así como sobre los derechos de los consumidores.
"El principal objetivo de esta ley es eliminar la potestad que tiene el Estado de decidir con absoluta discreción qué empresa puede o no prestar un servicio en determinada ruta o tramo terrestre. Hoy en día, una empresa que quiera realizar un tramo de transporte de pasajeros entre dos localidades debe contar con una autorización (que se llama concesión) de parte del Estado; caso contrario, no puede hacerlo. Ahora bien, esa concesión no se otorga siempre que se cumplan determinados requisitos técnicos u objetivos, sino que la decide la autoridad de aplicación casi sin motivo. Este proyecto viene a invertir el principio: toda empresa que quiera brindar un servicio de transporte —cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley— solo debe registrarse en la Secretaría de Transporte de la Provincia y no esperar una autorización expresa", detalló.
El legislador considera que el mecanismo actual de concesiones beneficia a las grandes empresas con mayor poder de lobby, concentrando la mayoría de los servicios en pocos grupos. "Hoy por ejemplo podemos ver muchos colectivos con nombres de fantasía distintos pero que en realidad responden a un mismo grupo empresario (Derudder Hermanos S.R.L.). Con lo cual, no hay competencia empresaria. Esta falta de competencia implica que rara vez la empresa se esfuerza en mejorar la calidad de sus servicios, los coches, las tarifas y las frecuencias, ya que sabe que el ciudadano sí o sí tomará ese colectivo. Por otro lado, estamos coartando la libertad empresarial y la posibilidad de crecimiento de otras empresas locales o regionales que, si contaran con la libertad para hacerlo, ofrecerían otros servicios y a otros destinos", argumentó.
Aclaró además que el proyecto no implica una liberalización absoluta del mercado: las empresas deberán seguir cumpliendo con los estándares técnicos que exige la ley, mantener la seguridad de sus unidades, contar con seguros vigentes, respetar horarios, frecuencias y garantizar los derechos de los usuarios. "Eso se mantiene: lo que hacemos es darle libertad a que cada empresa explote el tramo que más le convenga. Con esta modificación propuesta lo que sí se acaba es eso de comprar un pasaje emitido a ‘San Nicolás’ o a ‘Basail’ —cuando en realidad se viaja dentro de la provincia—, o que una empresa no pueda bajar un pasajero en Santa Fe cuando le queda de paso, o en la terminal de Reconquista y tenga que hacerlo a la vera de la ruta."
Finalmente, Peralta sostuvo que la regulación vigente, que pudo haber tenido sentido en 1935, hoy ya no tiene razón de ser. En su visión, si se aprueba el proyecto, los servicios de colectivos mejorarían en frecuencia, calidad y precios, al permitir la existencia de distintas alternativas en un mercado con competencia real. "Hoy, hay un oligopolio o monopolio irónicamente por la intervención del Estado, que se supone que debería estar para proteger a los usuarios y consumidores y no a grupos empresarios particulares" , concluyó.
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EL PROYECTO:
