En el marco de un proceso de auditoría impulsado por el Gobierno Nacional para asegurar una distribución justa y eficiente de los recursos públicos, se han suspendido hasta la fecha 65.789 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta medida busca garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos y realmente los necesitan.
Según fuentes oficiales, las principales causas de estas suspensiones incluyen:
-El incumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la pensión.
- La inasistencia reiterada a las convocatorias de auditoría, sin justificación válida.
Además, el informe oficial detalla que se han producido:
- 6.643 bajas por fallecimientos de titulares de pensión.
- 8.207 renuncias voluntarias, lo que también contribuye a la reducción del total de pensiones activas.
Las autoridades destacaron que estas auditorías son fundamentales para redireccionar los recursos hacia personas con discapacidad y sus familias, fortaleciendo así la equidad y transparencia en el sistema de beneficios sociales.
Desde el Gobierno se insta a los beneficiarios a cumplir con los requisitos vigentes y asistir a las auditorías convocadas, con el fin de evitar nuevas suspensiones. Asimismo, se reafirma el compromiso de mantener una comunicación clara y abierta que permita comprender el alcance y las implicancias del proceso.
