La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público de la Acusación y -al analizar el caso- anuló la sentencia que había confirmado la absolución de Hugo Luis Pividori en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado.
El fallo -firmado por los cortesanos Erbetta, Spuler, Zabalza, Baclini, Gutiérrez y el presidente Falistocco- ordena que un nuevo tribunal juzgue nuevamente la causa "de acuerdo a las pautas aquí sentadas", lo que te informamos a continuación; y explica por qué deja a Pividori al borde de la condena.
Los antecedentes del caso:
El proceso judicial se inició en 2012 con la denuncia contra Pividori por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por más de dos personas, reiterado en un número indeterminado de veces.
12 años después, en febrero de 2024, la jueza de primera instancia de Reconquista, Claudia Bressán, lo absolvió aplicando el principio "in dubio pro reo" (la duda favorece al reo).
El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Juan Sebastián Marichal, apeló esa decisión, pero en julio de 2024, la Cámara de Apelación en lo Penal, con la firma del juez Enrique Álvarez, confirmó la absolución, lo que motivó el recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia de la provincia.
Los cuestionamientos del fiscal:
El representante del Ministerio Público de la Acusación planteó múltiples objeciones a la resolución de la Cámara, las que fueron consideradas por la Corte:
Valoración inadecuada del testimonio de la víctima: La fiscalía cuestionó que el juez de Cámara no valorara "con precisión y en profundidad" la declaración de D.B.P. (identificada por sus iniciales), pese a haberla tenido por válida. Criticó que se analizaran las pruebas de manera "aislada, fragmentada y en desmedro del bloque de convencionalidad aplicable en la materia".
Cuestionamientos a los informes psicológicos y médicos: El Ministerio Público objetó el valor otorgado a los informes del psicólogo policial y del médico forense, señalando que las consideraciones sobre "mendacidad" y "fabulación" se referían a "categorías atribuidas en abstracto a la víctima, sin conectarlas con lo que ella les había expresado". Además, remarcó que ambos especialistas reconocieron no poseer formación con perspectiva de género.
También rechazó la interpretación sobre el pedido de interconsulta psiquiátrica, aclarando que la psicóloga particular de la joven había explicado en el debate que la derivación fue por el "monto de angustia" que presentaba la paciente, no por mitomanía, como se había sugerido.
Descalificación de testimonios familiares: La fiscalía criticó que se descartara lo expuesto por los familiares de la víctima mediante una "tacha genérica de inconsistencia", y que se insinuaran "intereses económicos espurios" vinculados a una sucesión de bienes, como "motivación" para efectuar la denuncia y perjudicar al imputado Pividori.
Falta de aplicación de estándares internacionales: El fiscal reclamó que se juzgue el caso "con la debida diligencia" y conforme las obligaciones estatales de sancionar adecuadamente la violencia contra las mujeres y las niñas, aplicando los estándares internacionales correspondientes.
La decisión de la Corte Suprema:
El ministro Daniel Erbetta, quien redactó el voto mayoritario, consideró que la resolución de la Cámara "no resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias comprobadas en la causa" y debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido.
Principales fundamentos de la anulación:
Omisión de testimonios claves: La Corte destacó que el juez de Cámara no consideró adecuadamente el testimonio de una testigo (YP), quien había declarado que vio al acusado tocar a su hermana por debajo de la ropa y que en una ocasión los encontró en situación comprometedora en la habitación.
Falta de contextualización: El tribunal superior criticó que no se consideró "el contexto de especial vulnerabilidad experimentado por la joven al momento del develamiento" ni el impacto en el grupo familiar, aspectos avalados por la psicóloga que trataba a la menor.
Análisis superficial: La Corte consideró que el magistrado realizó un "análisis superficial" recurriendo a "afirmaciones dogmáticas y fórmulas estereotipadas" sin dar respuestas suficientes a los planteos del Ministerio Público.
Aplicación incorrecta del principio de que "la duda favorece al reo": Citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tribunal recordó que "el estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto".
Demoras procesales injustificadas:
La Corte Suprema también expresó su preocupación por las "injustificadas dilaciones" en el trámite del proceso, señalando que una denuncia formulada en 2012 recién fue sentenciada en 2024. Por este motivo, ordenó al Procurador General que promueva una investigación para deslindar "las eventuales responsabilidades funcionales de los operadores judiciales intervinientes".
La resolución:
Por unanimidad, la Corte Suprema de Santa Fe declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad, anuló la sentencia de la Cámara de Apelaciones y ordenó remitir los autos a un tribunal subrogante para que "juzgue nuevamente la causa de acuerdo a las pautas aquí sentadas".
El fallo establece precedente sobre la necesidad de aplicar estándares internacionales en casos de violencia sexual y la obligación de los tribunales de realizar una valoración integral y contextualizada de la prueba en este tipo de procesos.
La Corte firmó la sentencia el 5 de agosto de 2025 y dejó a Pividori en situación muy complicada frente a lo que podría setenciar el próximo tribunal, atendiendo a los argumentos aquí expresados.
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COMUNICADO
Del Ministerio Público de la Acusación
La Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló una sentencia de segunda instancia que confirmaba la absolución de un hombre de iniciales HLP que fue juzgado por abusos sexuales cometidos en el norte provincial. Además, el máximo tribunal ordenó que el fallo del juicio sea revisado nuevamente por la Alzada. Así lo dispusieron los ministros Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Margarita Zabalza.
La sentencia anulada había sido impugnada por el fiscal Sebastián Marichal, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelación en lo Penal de Vera que fue rechazado y luego remitido en queja a la Corte Suprema, que lo admitió.
Arbitrariedad
El fallo que revisó el máximo tribunal había sido resuelto por el camarista Enrique Álvarez. De acuerdo con lo manifestado por Marichal, "el juez de segunda instancia confirmó la absolución por el beneficio de la duda, a partir de un análisis que consideramos arbitrario de los elementos probatorios producidos en el juicio".
El funcionario del MPA afirmó que "el magistrado de la Alzada, entre otras cuestiones, no analizó la declaración de la víctima de forma directa, sino que validó ciertos estereotipos de género que son inadmisibles que fueron introducidos al debate por algunos testigos", y remarcó que "siguió un razonamiento contrario a la normativa nacional e internacional en la materia".
Por su parte, en un voto al que adhirieron los demás miembros de la Corte, el ministro Erbetta sostuvo que el juez de segunda instancia "omitió practicar una ponderación integral, armónica y contextualizada de la prueba rendida, a la luz de la sana crítica racional y de las pautas interpretativas aplicables en casos donde –como en el presente–, se denuncian actos de violencia sexual".
Abusos reiterados
En cuanto a las conductas delictivas por las que se pidió la condena del acusado, consistieron en "abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, reiterados en un número indeterminado de veces".
El fiscal expuso que "los ilícitos fueron cometidos durante la infancia y la adolescencia de una integrante del entorno familiar del hombre que fue juzgado".
Investigación penal
A partir de una denuncia radicada por la madre y por el padre de la víctima, la investigación penal se inició en 2012, antes de la implementación del sistema acusatorio en la provincia. En tal sentido, intervinieron los fiscales del anterior sistema, quienes presentaron la requisitoria de elevación a juicio.
Cuando la causa pasó al MPA, la adecuación al nuevo sistema y las audiencias de testigos, que se realizaron de forma oral, quedaron a cargo del entonces exfiscal Leandro Mai. Finalmente, los alegatos sobre la prueba, y las distintas etapas recursivas correspondieron a Marichal, concluye el comunicado emitido por el Ministerio Público de la Acusación.
OTRA INVESTIGACIÓN
ORDENADA POR LA CORTE
En su fallo por el Caso Pividori, la Corte Suprema de Santa Fe, ordenó investigar las responsabilidades funcionales de los operadores judiciales que intervinieron en el caso, debido a las injustificadas demoras procesales.
Específicamente, el tribunal destaca la cronología que justifica esta investigación:
2012: Se formuló la denuncia (bajo el Código Procesal Penal anterior, escrito y secreto).
2017: Recién se dictó el auto de procesamiento y se presentó la requisitoria de elevación a juicio.
2018: Se remitió la causa a la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista.
2023: Recién se llevó a cabo el juicio.
2024: Se dictó sentencia.
La Corte considera que es "injustificado y lesivo a principios y valores elementales del sistema de justicia que una denuncia formulada en el año 2012 resulte recién sentenciada en 2024".
Por esta razón, el fallo ordenó "dar intervención al señor Procurador General a los efectos de que promueva una investigación que permita deslindar las eventuales responsabilidades funcionales de los operadores judiciales intervinientes".
Y en la parte resolutiva, establece remitir copias de las actuaciones al Procurador General para que investigue y determine qué funcionarios judiciales tuvieron responsabilidad en las demoras excesivas del proceso, y si corresponde aplicar sanciones disciplinarias por el incumplimiento de los plazos procesales razonables.
A continuación, el fallo completo de la Corte santafesina:
