En la provincia de Santa Fe, el avance de la "doctrina Bullrich" atraviesa un período de institucionalización que traerá mayores niveles de violencia en el mediano y largo plazo. En el último año, se vienen sucediendo una serie de cambios y transformaciones que, leídos de manera integral, significan la consolidación de un modelo de control social basado en la criminalización de los jóvenes y el endurecimiento punitivo del sistema penal.
Para no ser abstractos: lo que se anuncia en los programas de televisión y se instala como "verdad" única en la agenda—la necesidad de "ser duros"— tiene su traducción real en dos frentes: en las prácticas cotidianas de vigilancia y hostigamiento en los barrios populares, y en el trato cada vez más severo hacia los jóvenes que están privados de su libertad en el sistema penitenciario. Sistema penal que según los datos oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación son elocuentes. En 1996, en todo el país había 25.163 personas detenidas; en 2023, la cifra trepó a 111.967. En menos de tres décadas, la población carcelaria se cuadruplicó. Pese a ello, nadie podría afirmar que el endurecimiento del sistema penal y las detenciones masivas hayan reducido los niveles de violencia. Sin embargo Bullrich y su doctrina lograron en la provincia una serie de reformas que miradas en su conjunto permiten empezar a visualizar cual será el destino de muchos jóvenes la provincia.
Nos referimos, en primer lugar, a la aplicación de la ley anti-mafia, promovida por Bullrich y celebrada en Santa Fe "con bombos y platillos". Esta ley, al tratar a todos los eslabones de una organización con la misma dureza, ignora las realidades de vulnerabilidad. Un joven cooptado por el narcotráfico que es utilizado para cuidar o distribuir, es equiparado legalmente con el que comete homicidio o al jefe adulto de la organización o responsable del entramado económico y financiero.
En segundo término, asistimos a un proceso de reforma constitucional que legitima las detenciones sin orden judicial y otorga un preocupante poder de veto al gobernador en los casos de gatillo fácil. A esto se suma la puesta en vigor, desde el 21 de junio de 2025, del nuevo Código Procesal Penal Juvenil. En él, se observa cómo las propuestas restaurativas y las perspectivas presentes en el nuevo código van quedando de lado para en la práctica sea remplazada por el sistema penitenciario que desplaza las lógicas de acompañamientos imprimiendo lógicas más punitivas.
Por ultimo para abonar al clima de época, hace apenas tres días la Corte Suprema envió al Senado un proyecto de modificación que permitiría a los jueces de adultos abordar causas de menores, eliminando la especificidad que requiere la justicia penal juvenil de la cual los tratados internacionales a los que el país adhirió tiene como esencia lo mismo que el nuevo código. El lema de Bullrich y Milei de "tratar a los niños como adultos" se va corporizando en Santa Fe.
No se trata de bajar la guardia en la seguridad, sino en perseguir a las cabezas de las organizaciones de manera diferente a los pibes que son captados por ellas e implementar políticas que tiendan a evitar que los pibes y las pibas de los barrios terminen en las bandas. También, en desarrollar un sistema que sea más duro con aquellos que se enriquecen gracias a las actividades ilícitas.
Mientras tanto, el blanqueo, la corrupción y el lavado de activos—dimensiones estructurales de la violencia—no resultan prioritarios para un gobierno obsesionado únicamente con el equilibrio fiscal como única responsabilidad estatal. Esta mirada financiera, que desconoce la complejidad social, lleva al país a transformaciones que, para quienes trabajamos hace años con jóvenes, sabemos que van a aumentar los niveles de violencia
No hay discusión seria sobre por qué los jóvenes están expuestos a las economías delictivas, al juego, a problemas de salud mental y a una sociedad individualista que los abandona. La respuesta no es otra gran estructura de persecución, sino una gran estructura de cuidados.
El camino es otro: acompañar desde los clubes, las escuelas y la territorialidad; reconfigurar un Estado que priorice los cuidados, no el castigo. Llevamos años viendo cómo la receta de aumentar el presupuesto en seguridad y maltratos sólo profundiza los problemas. Es hora de cambiar el rumbo e invertir en los vínculos, no en las políticas hechos que generan más violencia.
Escrito por el Lic. en Ciencias Políticas Luciano Vigoni, exdirector provincial del programa Nueva Oportunidad con el Frente Progresista, quien investiga temáticas de juventudes, violencia, consumo, salud mental y políticas públicas.
