El 14 de noviembre de 2019, el fiscal Juan Marichal había imputado a Ricardo Andrés Miceli, DNI 30.562.276, a Wilfredo Miliciades Chapero, DNI 20.223.963, Luis Ángel Firpo, DNI 12.181.761; y a Luis Roberto Quevedo, DNI 10.662.608, todos empleados de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial, por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública en concurso con falsificación de un instrumento público e incumplimiento a los deberes de funcionario público .
El perjuicio para el Estado era el cobro indebido en concepto de viáticos. Hacían figurar comisiones de servicios para cobrar viáticos inexistentes, comisiones inexistentes o que no corresponden con la duración que realmente efectuaron, informó el representante del Ministerio Público de la Acusación, quien explicó q ue es incalculable el daño económico que sufrió Vialidad (sostenida con el dinero de los contribuyentes), porque para la investigación tomó solo un determinado período, suficiente para probar las maniobras delictivas, que en ese lapso fueron veinte.
El jefe y el subjefe subscribían las planillas y las órdenes de comisión de manera conjunta; el jefe de personal que es el que controlaba y había firmado algunas planillas de entrada y salida; y también el encargado de la secretaría que es un área intermedia entre el jefe y el encargado de personal, que entonces eran Firpo y Quevedo.
Cuando ocurrieron los hechos denunciados, el jefe de zona era Ricardo Andrés Miceli; el subjefe, Wilfredo Chapero; el jefe de personal era Luis Ángel Firpo; y el jefe de secretaría era Luis Roberto Quevedo.
En 2025, Firpo y Quevedo fueron beneficiados con la Probation y para entonces ya estaban jubilados. Por eso no se opuso el MPA, explicó el fiscal Marichal.
Pero siguió la persecución penal de Miceli y Chapero, al entender que por las responsabilidades que tenían, como jefe y subjefe, no les pueden conceder la Probation. Quiere llevarlos a juicio oral y público, convencido que tiene las pruebas para que sean condenados. "Miceli y Chapero son los que disponían las comisiones de servicios, que es lo que nosotros decimos que eran inexistentes o que no se correspondían con la realidad".
LA NOVEDAD
La novedad es que en una nueva audiencia realizada en los tribunales de Reconquista, el Juez Penal Gonzalo Basualdo resolvió hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba por dos años, en beneficio de los ex jefe y subjefe de la Delegación Reconquista de Vialidad Provincial, Ricardo Miceli y Wilfredo Chapero. Lo hizo en contra de la voluntad del denunciante (Javier Ruiz Díaz, también empleado de VP) y del Ministerio Público de la Acusación.
Si queda firme la decisión del magistrado, lo que se conoce como el beneficio de la "Probation", Chapero y Miceli zafan de una posible condena por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, también administración fraudulenta y falsedad ideológica, podrán continuar como empleados.
Favorecidos por la polémica decisión del juez Basualdo, guardando de aquí en más buena conducta, no cometiendo nuevo delito y cumpliendo con la indemnización de $400.000.- para Vialidad Provincial y de $15 millones a uno para los sindicatos (montos que deberán pagar entre ambos), el Estado Provincial cesará la persecución penal, evitando así una eventual condena por la corrupción que les achaca el representante del Ministerio Público de la Acusación, quien no se rinde y decidió apelar.
La causa penal se inició hace seis años (2019) y fue llevada lentamente hasta que se llegó a esta nueva audiencia, realizada el 26 de septiembre de 2025, en los tribunales de Reconquista.
El denunciante fue Javier Ruiz Díaz, el mismo empleado que denunció la corrupción con el desvío de combustibles mediante la utilización de vales, hecho que había terminado en condena y donde tampoco Vialidad Provincial participó como querellante. Misma decisión en este caso. Lamentable la ausencia del organismo estatal en la defensa del patrimonio que sostienen los contribuyentes santafesinos.
La defensa de los imputados estuvo a cargo del abogado Marcelo Venetucci y por el sindicato querellante trabajó la abogada María Silvia Novoa.
POSICIÓN DEL FISCAL
En declaraciones a Radio HOY, el fiscal Marichal explicó que se opuso a la Probation para Miceli y Chapero porque ambos siguen siendo empleados de Vialidad y el acuerdo no contempla una "regla de inhabilitación" y permitiría que los imputados continúen trabajando en la repartición. Además, tiene en cuenta las responsabilidades: al cometer los delitos eran jefe y subjefe. Y -otra curiosidad- la reparación que ofrecieron es irrisoria: $15 millones para el sindicato y solo $400.000.- para Vialidad, que es el organismo damnificado con las maniobras delictivas ejecutadas por ambos, quienes confeccionaban las planillas para cobrar los viáticos que no correspondían.
Explicó el fiscal que es incalculable el daño económico que sufrió Vialidad (sostenida con el dinero de los contribuyentes), porque para la investigación tomó solo un determinado período, suficiente para probar las maniobras delictivas, que en ese lapso fueron veinte.
LOS CONTRIBUYENTES, DESNUDOS
El Estado santafesino no se ocupó lo suficiente para defender el dinero de los contribuyentes. Al respecto, el fiscal Marichal señaló que desconoce el motivo por el cual, en principio, Vialidad se constituyó como querellante, pero luego desapareció. Ni siquiera presentó acusación, ni siquiera hizo una tasación del perjuicio económico!
Respecto al lamentable rol de los funcionarios del Estado para defender el dinero de los contribuyentes, el fiscal señala que "la actividad o inactividad de DPV en nada puede definir la suerte del proceso penal porque la titularidad de la acción corresponde a esta Fiscalía y no a un ente administrativo".
MANIOBRAS MUY BURDAS
Maxi Ruiz Díaz, empleado de Vialidad y hermano del denunciante, describió en Radio HOY las maniobras "muy burdas" que se utilizaban para robar dinero, como inventar viajes a Santa Fe mientras los vehículos estaban en el mecánico, o los empleados en otro lugar.
Ruiz Díaz expresó su "vergüenza" ante la falta de involucramiento del Estado provincial como querellante y la postura del sindicato, que "tendría que estar pidiendo justicia, no solo queriendo dinero".
Entiende que el Poder Judicial no debería conceder el beneficio de la Probation"porque no están reparando el daño a quien se le hizo: a la Provincia".
Además, también consideró una "vergüenza" que Miceli y Chapero sigan siendo empleados de Vialidad, ahora como "inspectores de obras".
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LOS ARGUMENTOS
En su escrito de apelación, el Dr. Marichal sostiene:
La gravedad institucional del caso amerita un debate público y transparente.
La suspensión del juicio a prueba (Probation) no debe concederse cuando se trata de delitos contra la administración pública, especialmente si hay funcionarios involucrados.
La resolución judicial carece de fundamentación suficiente, y no se valoró adecuadamente el interés social en esclarecer los hechos.
Además, el fiscal advierte que la concesión de la Probation, podría sentar un precedente negativo en causas similares, debilitando el control judicial sobre el uso de fondos públicos.
Plantea la contradicción de reparar económicamente a un sindicato (con $15 millones) y no a la repartición oficial, que es la damnificada, a la que solo se le ofreció la cifra "irrisoria" de $400.000.- Remarca que el sindicato participó del proceso penal "no por ser afectada directa sino por el interés colectivo que representa".
También explica que es "inviable" aceptar la Probation, ya que no incluye la inhabilitación; y de esa manera, ambos acusados siguen siendo empleados del Estado.
CÓMO SIGUE
El caso ahora será revisado por la Cámara Penal de Apelaciones, que deberá decidir si confirma o revoca la decisión del juez Basualdo. En caso de revocación, se reactivaría el proceso hacia el juicio oral.
