El 1 de octubre de 2006 (si, hace 19 años!), en una jineteada que se realizó en la Estancia "La Sombra Negra" de Barros Pazos (Distrito Rural de Reconquista), el jinete Hugo Oscar Vivas cayó de la yegua que montaba, de nombre "Chamarrita", y quedó cuadripléjico. Se determinó "incapacidad total, permanente y definitiva del 100%".
Hugo Vivas, y quien era su pareja, Lidia Ramos, iniciaron una demanda multimillonaria contra los propietarios de la estancia, el dueño del animal que montaba y los organizadores de la jineteada, reclamando por el daño físico, gastos médicos, asistencia sanitaria, lucro cesante y daño moral, este último ítem reclamado también por la dama. También había iniciado demanda Lidia Buralli, pero su pretención ya había caído en la primera instancia, porque el juez había considerado que "no acreditó vínculo jurídico ni afectivo directo que habilite su reclamo por daño extrapatrimonial". En primera instancia, solo prosperó la demanda de Vivas y Ramos.
Los demandados:
Juan José Zanel, Carlos Spesot, Rubén Mazuquin, Orlando Picech y Benito Faccioli, como organizadores de la jineteada.
Abel Buemo, como propietario de la yegua "Chamarrita", de la que cayó el jinete.
Carlos y Liliana Suligoy, como propietarios del predio rural donde se realizó el evento.
LA CONDENA
Mediante sentencia firmada el 30 de junio 2022 (si, hace más de tres años) el juez Civil y Comercial de la 2a Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, había dado lugar a la demanda de Hugo Vivas y Lidia Ramos, y condenó solidariamente a Juan José Zanel, Carlos Spesot, Rubén Mazuquin, Orlando Picech, Benito Faccioli, Abel Buemo, Carlos Suligoy y Liliana Suligoy, al pago de la suma de $74 millones, más los intereses, lo que a la fecha serían unos $331 millones.
LA REVOCATORIA
Ahora, la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Reconquista rechazó la demanda en su totalidad, al considerar que el accidente fue consecuencia directa de una actividad riesgosa asumida voluntariamente por el actor, sin que mediara conducta culposa ni vicio en el animal, el predio o la organización del evento. Esta sentencia fue votada por los jueces Mauricio Sánchez y Santiago Dalla Fontana. Quien completa esa Cámara, María Eugenia Chapero, se abstuvo de emitir su voto porque ya había mayoría. Esta sentencia fue firmada el 2 de octubre de 2025.
El accidente fue consecuencia directa de una actividad riesgosa asumida voluntariamente por el actor, sin que mediara conducta culposa ni vicio en el animal, ni en el predio, ni en la organización de la jineteada.
La cámara resolvió: 1) Desestimar los recursos de nulidad; 2) Hacer lugar al recurso apelación interpuesto por los demandados; 3) Revocar el resolutivo apelado y rechazar la demanda en su totalidad; 4) Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
FUNDAMENTOS
Los fundamentos de la Cámara para derribar la demanda, es que las lesiones que sufrió el jinete fueron consecuencia directa de una actividad voluntaria y riesgosa asumida por Vivas, quien era un jinete experimentado, con participación habitual en este tipo de certámenes.
Las lesiones que sufrió el jinete fueron consecuencia directa de una actividad voluntaria y riesgosa asumida Vivas, quien era un jinete experimentado, con participación habitual en este tipo de certámenes.
Además, no acreditó vicios en el animal, ni en el predio, ni conducta culposa de ninguno de los demandados.
La caída se produjo por movimientos naturales del animal, esperables y hasta pretendidos en el contexto de la jineteada.
Sobre la responsabilidad civil, el tribunal aplicó el régimen de responsabilidad extracontractual vigente al momento del hecho, y descartó la existencia de antijuricidad. También rechazó la aplicación del principio de que la duda favorece a la víctima, por considerar que el daño fue consecuencia de una conducta imprudente del propio jinete.
Además, se descartó la responsabilidad de los propietarios de la estancia por el solo hecho de haber cedido el predio de manera gratuita, sin participación activa en la organización ni vínculo con el animal.
Con esta sentencia, la Cámara revoca la condena de primera instancia que había fijado la indemnización multimillonaria, y cierra el proceso con costas a cargo de los demandantes, quienes ahora podrán presentar un Recurso de Inconstitucionalidad, que -es muy probable- la Cámara se lo va a rechazar, y no le quedará otra vía que ir a la Corte Provincial en Queja.
A continuación, podés leer la sentencia completa:
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