A las 08:00 am del jueves 9 de octubre de 2025 vence el ultimátum de la Empresa Provincial de la Energía, EPE, para que Algodonera Avellaneda s.a. presente un plan de pagos y se comprometa a su cumplimiento, porque sino, procederá a reducir la potencia suministrada, tal notificaron al directorio y al juez que controla el proceso en el marco del Concurso de Acreedores abierto en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista.
AA debe a la EPE casi $2.000 millones.
A horas de vencer el ultimátum, este miércoles, el Juez Lorenzini emitió una resolución donde requiere a la empresa que informe si ha presentado o presentará algún plan de cancelación de deudas, solicitud de prórroga; o si hay alguna negociación para evitar el corte del suministro de energía. La misma medida es con respecto a las desmotadoras que AA tiene en Pinedo (Chaco) y Banderas (Santiago del Estero) que también están en morosidad.
Además, el Dr. Lorenzini dispuso que las prestadoras de electricidad de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero, deberán coordinar previamente con la empresa deudora, cualquier medida de disminución o corte del suministro; y antes de ejecutar cualquier acción, deberán presentar un informe en el expediente, detallando si se trata de medidas provisorias o definitivas.
Los responsables de seguridad de ambas partes deberán suscribir dichos informes, estableciendo condiciones mínimas para operar sistemas de control y prevención de incendios o contingencias industriales.
Además, el juez solicitó a las empresas de energía que informen la existencia de planes o facilidades de pago a los que Algodonera Avellaneda podría acceder, y encargó a la sindicatura la recolección de esa información y el contacto directo con las prestadoras.
OTRO PELIGRO
AA ya no paga ni un seguro de riesgo de incendio, riesgo siempre latente en este tipo de industrias.
El juez requirió al Banco de la Nación Argentina que informe si puede otorgar un seguro de accidentes o contingencias con cobertura mínima suficiente para daños sobre instalaciones, maquinarias y personal, en el marco de los gastos de conservación con rango preferente (art. 240 LCQ).
La resolución del magistrado busca evitar un colapso operativo en una de las principales unidades industriales del grupo Vicentin, en medio de un proceso concursal que transita la etapa del intento de salvataje (Cramdown) para ver si se puede evitar la quiebra.
Vale recordar que las acciones de la empresa (en manos de los dueños de Vicentin saic) ya no tienen ningun valor, porque la empresa tiene patrimonio neto negativo. Debe más de lo que valen sus activos.
