La secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Lic. María Virginia Coudannes, estuvo de visita en el streaming de Radio HOY y repasó los avances en términos de seguridad en el norte provincial, entre otros temas.
Según explicó, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia ha implementado un sistema de planificación y monitoreo que ha permitido mejorar los indicadores de criminalidad y la operatividad policial en la región.
Uno de los logros principales señalados es la reducción de los delitos predatorios, que incluyen robos, hurtos y tentativas, considerados los delitos que más afectan la percepción de seguridad de los vecinos. En Reconquista, de marzo a septiembre de 2025, indicó que se registró un descenso del 33% en estos delitos, mientras que en Avellaneda, entre enero y agosto, la disminución alcanzó el 38%. Coudannes resaltó que estas mejoras son resultado de una combinación de factores: la dotación de recursos en la calle, la implementación de cuadrantes de patrullaje y la "reestructuración de la rutina de trabajo" de la Policía.
En Reconquista, precisó que se han realizado más de 29.000 identificaciones de personas y 7.000 de vehículos en lo que va del año, acompañadas de numerosas aprensiones y traslados por averiguación de antecedentes. En paralelo, se entregaron patrulleros, motos, camionetas y computadoras a la Unidad Regional IX del Departamento General Obligado para mejorar la logística y eficiencia del personal policial, que asciende a más de 620 efectivos activos en la región.
Actualmente, indicó que los tiempos promedio de respuesta ante llamadas de emergencia son de 7 minutos en Reconquista y 6,5 minutos en Avellaneda. "Nosotros queremos que la gente lo use (al 911), que los vecinos lo usen", destacó la funcionaria, afirmando que los vecinos son parte fundamental en la reducción de delitos, ya que un alto porcentaje de los llamados tiene correlato con aprensiones en la calle.
Sobre aquellos policías que no cumplen con su deber ni con la norma por la cual juran, explicó que "se los pasa a disponibilidad y, después de eso, por supuesto, del proceso judicial, se los da de baja por completo y no van a seguir cobrando el sueldo".
LA VENTA DE DROGA Y LA PERSPECTIVA DE VÍCTIMA
Hablando del narcotráfico, Coudannes subrayó que la provincia ha avanzado en la lucha contra el narcomenudeo mediante la desfederalización y nuevas herramientas legislativas, lo que permite actuar de manera más directa sobre los puntos de venta de estupefacientes. Destacó la colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía local en esta tarea; y recordó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre puntos de venta de estupefacientes, lo que permite priorizar allanamientos y reducir conflictos en los barrios.
Ella coincidió con la importancia del acompañamiento a las víctimas del delito, recordando incluso que esta figura fue incorporada en la reforma de la nueva Constitución provincial, en el artículo 31, reconociendo sus derechos.
Respecto a los jueces que no se ajustan a la nueva orientación política de priorizar la seguridad y los derechos de las víctimas, la funcionaria consideró que la nueva Constitución envía un mensaje importante, "avalado por todas las fuerzas políticas, donde ningún Gobierno se va a poder hacer el sonso con las políticas de seguridad porque ya es parte de la Constitución, y porque tampoco ningún Gobierno ni ningún Poder del Estado se va a poder hacer el sonso mirando para atrás cuando hay una víctima del delito".
"Creo que la reforma de la Constitución es la mayor y mejor herramienta que tenemos para pararnos desde un lugar, donde ya lo escucharon al juez Alurralde y al gobernador, el mensaje es otro... y tendrán que empezar a escuchar este mensaje", ratificó.
Y aunque los indicadores provinciales muestran resultados positivos, la funcionaria aclaró que eso no significa que "estamos excelentemente bien y que está todo al 100%". Quiere decir "simplemente que hay muchos avances en un año y ocho-nueve meses de gestión, que tienen que ver con una visión muy sólida de partir de la información, de planificar, de dotar de recurso, de tener un mensaje muy claro": "Estar del lado de la víctima y no del delincuente; el que delinque paga, punto, se acabó".
Finalmente, ante la consulta del periodista Gustavo Raffin sobre el caso de reincidencia de la conocida delincuente Jésica Fernández, Coudannes aseguró que "será trabajado con Fiscalía para revisar", y agregó que ya están "empezando a trabajar con también una priorización de casos de reiterancias".
QUÉ DICE LA NUEVA CONSTITUCIÓN
ARTÍCULO 31. Las víctimas de delitos y, en su caso, sus familiares tienen derecho a un trato digno y respetuoso de su intimidad, al acceso a la justicia, a ser informados de manera clara y oportuna sobre sus derechos y a conocer el estado de la investigación, el proceso penal y las decisiones que se adopten. Tienen derecho a participar en el proceso penal en forma activa en las condiciones que determine la ley.
El Estado procura su debida asistencia, evitando conductas discriminatorias y cualquier forma de revictimización. La debida diligencia en el proceso judicial será reforzada cuando las víctimas sean personas en situación de vulnerabilidad.
