Desde diciembre de 2023, la Provincia de Santa Fe implementó una reforma al sistema penitenciario que modificó sustancialmente las condiciones de detención de personas vinculadas al crimen organizado. La estrategia combina cambios normativos con una ofensiva judicial que ha generado resultados medibles en el último año y medio.
Reforma de la Ley Penitenciaria
La modificación de la Ley Penitenciaria provincial introdujo la categoría de "interno de alto perfil", una figura jurídica que permite aplicar controles más estrictos sobre determinados detenidos. Según María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial, la normativa anterior dificultaba el control efectivo dentro de los penales.
"Antes de esta ley, los presos más peligrosos vivían como querían dentro de la cárcel, y a los agentes penitenciarios se les hacía casi imposible mantener el control", afirmó la funcionaria, quien también vinculó la continuidad de estas políticas con la candidatura legislativa de Gisela Scaglia.
Batallas judiciales y resultados estadísticos
El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial informó que obtuvo más de 700 fallos favorables ante recursos de hábeas corpus presentados por defensores de personas detenidas por narcotráfico. Estos recursos, que cuestionan las condiciones de detención, fueron rechazados por la Justicia en los últimos 20 meses.
Paralelamente, el gobierno provincial reportó la desactivación de casi 80 búnkeres de venta de drogas en Rosario y otras localidades santafesinas, como parte de una estrategia territorial complementaria a la acción judicial.
Valoración oficial
Desde el Ministerio provincial sostienen que las medidas buscan limitar la capacidad operativa de organizaciones criminales desde el interior de las cárceles. "En Rosario y en otras ciudades de la provincia, los nombres que antes daban las órdenes para matar hoy están sometidos a un sistema que los acorrala", señalaron fuentes oficiales.
La gestión provincial presentó estos resultados como parte de una política integral que combina presencia territorial, modificaciones legislativas y estrategia judicial, aunque reconoce que "esto no está terminado" y requiere consolidación normativa a nivel nacional.
