Grassi s.a. presentó ante el juez Fabián Lorenzini un detallado escrito de contestación rechazando todas las impugnaciones formuladas contra su propuesta de acuerdo preventivo en el proceso de salvataje (cramdown) de Vicentín saic, y solicitando la homologación definitiva que le permitiría quedarse con el control de la empresa.
El documento de 42 páginas, firmado por el apoderado Guillermo Casanova y un equipo de abogados, responde principalmente a los cuestionamientos del consorcio LDC Argentina (Dreyfus) y Molinos Agro, así como a las impugnaciones de otros acreedores como Banco Santander, Banco Hipotecario y diversos productores agropecuarios.
Grassi sostiene que obtuvo "en exceso" las mayorías exigidas por ley: 1.141 acreedores sobre 1.708 computables (66,8% de personas) que representan $85.362.603.160,46, equivalente al 85% del capital computable de $100.426.852.066,61.
"El primero de los oferentes en obtener las conformidades de los acreedores y comunicarlas en el expediente resulta vencedor", argumenta la empresa, citando el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras que rige el procedimiento de salvataje.
El escrito enfatiza que estas mayorías fueron declaradas por el juez Lorenzini mediante providencia del 11 de noviembre de 2025, resolución que —según Grassi— fue consentida por LDC-Molinos Agro al no apelarla y limitarse a impugnar el acuerdo.
Homologación o quiebra
Uno de los ejes centrales del argumento de Grassi es la "lógica binaria" que, sostienen, caracteriza esta etapa del proceso: "Lo que debe resolverse en este estado del proceso es la homologación de la propuesta Grassi o la quiebra de la concursada. Se han agotado todas las instancias", sostiene.
La empresa acusa directamente a LDC-Molinos Agro de buscar deliberadamente la quiebra de Vicentín: "Su intención final es que este proceso termine en una quiebra", afirma, agregando que durante el proceso "centraron sus esfuerzos en que los acreedores revoquen las conformidades dadas a la propuesta de Grassi SA, en lugar de convencer de las bondades de la suya".
Rechazo a la pretendida exclusión de acreedores
Uno de los puntos más conflictivos refiere a la pretensión de LDC-Molinos Agro de excluir del cómputo de mayorías a varios acreedores, entre ellos la propia Grassi s.a., Commodities s.a., Avir South s.a.r.l. y Vicentín Paraguay s.a.. Grassi argumenta que las exclusiones del artículo 45 de la Ley Concursal —que aplican al período de exclusividad— no rigen para el proceso de salvataje del artículo 48, donde participan terceros oferentes. "No hay una remisión expresa establecida", sostiene, citando doctrina mayoritaria.
Además, califica de "extemporáneo" el planteo, ya que fue formulado más de 20 días después del inicio del período de negociación, cuando "la nómina de acreedores con facultades para emitir su voto estaba disponible tan pronto como se dispuso el inicio del proceso de salvataje".
Contradicciones
El escrito dedica varios apartados a señalar lo que considera "incoherencias" de LDC-Molinos Agro. Entre ellas, destaca que:
La propia LDC Argentina y su controlante Louis Dreyfus Company Suisse SA prestaron conformidad a su propia propuesta (lo que constituiría un "autovoto").
Su socio Unión Agrícola Avellaneda también votó favorablemente la propuesta de LDC-Molinos Agro.
Durante el período de exclusividad anterior, LDC votó la propuesta de la concursada sin objetar vicios que ahora atribuye a la de Grassi
Molinos Agro ni siquiera es acreedor de Vicentín, lo que cuestionaría su legitimación para impugnar
Defensa de la propuesta: libertad y no abuso.
Respecto a los cuestionamientos de "abusividad", Grassi defiende su menú de alternativas como un ejercicio de libertad contractual: "Ningún acreedor fue obligado a adherirse a alternativas de abastecimiento. Cada uno eligió libremente, conociendo acabadamente los términos y condiciones", argumenta el escrito, agregando que incluso se creó una página web con un simulador para que los acreedores evaluaran las distintas opciones.
Sobre la categorización, Grassi sostiene que no estaba obligada a categorizar acreedores en el proceso de salvataje, y que ofrecer un menú de opciones dentro de una categoría única es una práctica expresamente permitida por la ley.
La polémica "propuesta residual"
Uno de los puntos más debatidos es la llamada propuesta residual, destinada a quienes no votaron ninguna opción. Los impugnantes la calificaron como un mecanismo de presión.
Grassi responde que dejó expresamente aclarado que esta propuesta quedaría "salvo lo que Vuestra Señoría con mejor criterio disponga", es decir, sujeta a la decisión del juez. "Esta parte ha puesto en manos de V.S. (Juez Lorenzini) determinar si esa opción le satisface o si, por el contrario, entiende que otra es mejor", argumentan.
Análisis económico del mercado de soja
El documento incluye un extenso análisis técnico del mercado granario argentino para defender las alternativas de abastecimiento con bonificaciones de hasta USD 10 por tonelada.
Grassi argumenta que el mercado de soja argentino funciona en un esquema de "casi competencia perfecta", con precios transparentes y públicos, y que las bonificaciones ofrecidas son razonables dentro de los márgenes habituales del sector.
"MOA y LDC no pueden alegar desconocimiento de la diferencia elemental entre operaciones disponibles y operaciones de entrega diferida", sostiene el escrito, acusando a los impugnantes de "tergiversar deliberadamente" la realidad del mercado que ellos mismos operan.
Inversión comprometida y plan de empresa
Grassi destaca que comprometerá una inversión total cercana a 600 millones de dólares, con 150 millones solo en el primer año para mantenimiento, pago de acreedores, deuda posconcursal y bonificaciones.
El plan cuenta con el respaldo de Cargill y Bunge (fusionada con Viterra), "dos de los principales actores en el sector agroexportador nacional e internacional", según detalla el documento.
PICANTE
Grassi solicita que se impongan costas porcentuales a cada impugnante y adherente, calculadas sobre la base del monto regulatorio de la homologación del acuerdo.
La empresa acusa a LDC-Molinos Agro de haber orquestado una "persecución organizada de acreedores" y señala que varios escritos de impugnación contienen "transcripción literal" de fragmentos del escrito de los cramdistas.
Como dato revelador, menciona que Unión Agrícola Avellaneda adhirió a la impugnación de LDC-Molinos Agro incluso antes de que el escrito de estos últimos estuviera disponible en el expediente judicial.
SEIS AÑOS
El escrito contextualiza la situación recordando que el concurso de Vicentín ya lleva seis años judicializado, implicando "una crisis local, regional y provincial significativa".
En ese contexto, Grassi se presenta como la única propuesta que "garantiza la continuidad de la actividad empresarial" y critica que su competidor habría propuesto usar las instalaciones "a fazón" (como prestadora de servicios), lo que habría significado "borrar a Vicentín saic del mapa".
HASTA LA CORTE NACIONAL DE SER NECESARIO
Finalmente, Grassi formula reserva de caso federal "para el hipotético e improbable caso" de que no se haga lugar a su petición, invocando afectación a derechos de propiedad, igualdad, defensa en juicio y otras garantías constitucionales.
LORENZINI DECIDIRÁ
Contestadas las impugnaciones de los competidores, ahora deberá decidir el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, si homologa la propuesta de Grassi —lo que implicaría transferirle las acciones de Vicentín saic— o si acoge alguna de las impugnaciones presentadas. Antes de decidir, el juez debe correr traslado a la sindicatura para que le brinde su opinión en el plazo de cinco días hábiles.
Vale recordar que si este período de salvataje fracasa, el juez debería declarar la quiebra de la concursada". De todas maneras, lo que decida está sujeto a ser apelado; y si no hay conformidad o acuerdo, el caso podría terminar recién en la Corte Nacional.
A continuación, el texto completo de la contestación de Grassi s.a. a las impugnaciones de sus competidores:
