La Cámara Penal de Apelaciones revocó el beneficio de la Probation otorgado a dos funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad, acusados por el cobro indebido de viáticos. Los procesados son el Jefe y Subjefe de Zona en Reconquista, Ricardo Miceli y Wilfredo Chapero.

La sentencia, redactada por el juez Eduardo Bernacchia, establece criterios contundentes sobre la imposibilidad de extender este beneficio a quienes ejercen funciones públicas.

Bernacchia hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Juan Sebastián Marichal y ordenó que la causa contra ambos funcionarios continúe su trámite hacia el juicio oral y público.

LARGO PROCESO

La causa, iniciada hace casi diez años por denuncia de Javier Enrique Ruiz Díaz (empleado de esa misma repartición estatal) investiga un esquema sistemático de fraude mediante el cual los acusados habrían insertado "a sabiendas" en planillas oficiales comisiones de servicio falsas o inexistentes. Para probar el delito, solo se tomó un período del año 2019.

Según la acusación fiscal, ambos funcionarios, en su carácter de máximas autoridades de la Zona I Reconquista de Vialidad, firmaban y elevaban planillas que consignaban salidas en comisión que no existieron o cuya duración no se condecía con la realidad, lo que permitió el cobro indebido de viáticos.

"Los imputados percibieron en sus recibos de sueldos el pago del concepto de "viáticos movilidad", liquidado a mes vencido conforme información declarada en planillas que ellos mismos confeccionaban y suscribían", señala el expediente.

POLÉMICO BENEFICIO

En septiembre de 2025, el juez de primera instancia Gonzalo Basualdo había concedido la suspensión del juicio a prueba por dos años, con una reparación simbólica al Estado Provincial de $400.000.-; y $15 millones para un sindicato que se había constituido en querellante y al final terminó avalando la Probation a cambio de recibir $15 millones. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación apeló la decisión con argumentos contundentes que finalmente fueron acogidos por la Cámara.

Los fundamentos del rechazo

El juez Bernacchia basó su resolución en dos pilares fundamentales que impiden la concesión del beneficio:

Los acusados son funcionarios públicos en ejercicio de funciones: El magistrado destacó que tanto Miceli como Chapero continúan desempeñándose como personal activo de la DPV, a diferencia de otros dos imputados en la misma causa (Luis Ángel Firpo y Luis Roberto Quevedo) que sí obtuvieron la suspensión del juicio pero que ya estaban jubilados y habían tenido una participación menor en los hechos.

"No será viable la suspensión del procedimiento cuando en el delito haya participado un funcionario público en el ejercicio de sus funciones", citó el fallo, aplicando el artículo 76 del Código Penal y doctrina especializada.

El tribunal enfatizó que los acusados fueron imputados como "coautores con dominio del hecho", es decir, como responsables principales.

La no inhabilitación en el acuerdo: El segundo escollo insalvable fue que el acuerdo presentado para darles el beneficio de la Probation, no incluía la pena de inhabilitación especial prevista obligatoriamente en el artículo 248 del Código Penal para este tipo de delitos. "La inhabilitación no es un extremo facultativo", señaló el juez, agregando que "las penas establecidas en el art. 248 del CP son conjuntas, no alternativas, por lo cual no depende de la voluntad de ninguna de las partes". Esta inhabilitación resultaba especialmente relevante dado que ambos acusados continúan prestando funciones en Vialidad Provincial, protegidos por el gobierno, que ni siquiera se presentó como querellante para dar batalla en defensa del dinero de los contribuyentes.

Convenciones internacionales contra la corrupción

El fallo incorpora un extenso análisis sobre las convenciones internacionales contra la corrupción ratificadas por Argentina, específicamente la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ley 26.097).

Ambos tratados definen con amplitud el concepto de "funcionario público" y establecen estándares más rigurosos para el tratamiento de delitos cometidos por quienes ejercen función pública.

"Todo magistrado puede efectuar control de constitucionalidad y de convencionalidad, lo cual impacta directamente en el principio de legalidad", fundamentó el juez Bernacchia, agregando que "no se puede otorgar este beneficio a un funcionario público" cuando los hechos fueron cometidos en ejercicio de sus funciones.

El dictamen fiscal es vinculante

Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la reafirmación del carácter vinculante del dictamen fiscal cuando está debidamente fundado, cosa que no tuvo en cuenta el juez Basualdo para dar el beneficio a los funcionarios. 

El tribunal citó doctrina especializada que establece que "la oposición del fiscal deriva del mandato constitucional que atribuye al Ministerio Público la promoción y el ejercicio de la acción penal", y que "no puede avanzarse sobre facultades privativas del titular de la acción penal".

"No existe un derecho del acusado a que se suspenda el juicio", sentenció el fallo, precisando que el derecho del imputado es a tener un juicio con plenas garantías, no a evitarlo mediante acuerdos cuando el fiscal se opone fundadamente.

Argumentos rechazados de la defensa

La defensa y la increíble querella sindical (que casi acariciaron $15 millones, contra solo $400.000.- para el Estado provincial) habían argumentado que negar el beneficio a Miceli y Chapero mientras se concedía a Firpo y Quevedo violaba el principio de igualdad ante la ley (artículo 16 de la Constitución Nacional).

Sin embargo, el tribunal rechazó enfáticamente este planteo: "La igualdad es para los iguales, y un funcionario público por simple definición tiene mayores obligaciones y deberes", señaló el camarista.

El fallo explica que los funcionarios públicos tienen prerrogativas especiales como los viáticos, "que no tiene un ciudadano que no ejerza una función pública", lo cual justifica un tratamiento diferenciado cuando abusan de esas prerrogativas.

Además, el tribunal destacó que Firpo y Quevedo (ya beneficiados en esta misma causa con la Probation) no fueron acusados como coautores sino como partícipes menores, "sin dominio del hecho", lo que constituye una diferencia sustancial en la responsabilidad penal.

Prescripción suspendida

Un dato relevante es que la causa lleva casi una década en trámite, lo que normalmente podría generar planteos de prescripción. Sin embargo, el tribunal aclaró que "no opera la prescripción mientras la persona continúa siendo empleado público", según lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal.

Los sucesivos pedidos de reprogramación de audiencias, principalmente por motivos de salud de los imputados y cuestiones de la querella, dilataron el proceso entre 2022 y 2025.

El delito investigado: características y alcances

El artículo 248 del Código Penal, por el cual están acusados los funcionarios, reprime con prisión de uno a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes" o "no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Se trata de un delito formal, lo que significa que "basta con llevar adelante las conductas que el tipo prevé" sin necesidad de que se produzcan daños materiales cuantificables, aunque en este caso sí se generó un perjuicio económico al Estado Provincial que está "en proceso de cuantificación".

Sistema de viáticos en Vialidad

Según el Estatuto Escalafón para los Agentes Viales Provinciales (Ley 20.320), el viático es "la asignación diaria que se acuerda al agente para atender todos los gastos personales" cuando debe cumplir comisiones de servicio en lugares alejados a más de 50 kilómetros del asiento habitual.

La maniobra investigada consistía en la inserción de comisiones falsas o con duraciones alteradas en las planillas oficiales, lo que generaba liquidaciones indebidas de viáticos movilidad que los funcionarios percibían en sus recibos de sueldo mes a mes.

Reparación "irrisoria" al Estado que ni procuró defender el dinero de sus contribuyentes

Otro de los argumentos fiscales que prosperó fue que la reparación ofrecida al Estado Provincial ($400.000.-) era "irrisoria" en comparación con la ofrecida al sindicato querellante, y que "el damnificado directo es el Estado Provincial", no una asociación sindical.

El fiscal argumentó que la inactividad de la DPV, que desistió de la querella que había constituido, "en nada puede definir la suerte del proceso penal porque la titularidad de la acción corresponde a la Fiscalía y no a un ente administrativo".

Precedente en la misma Cámara

El juez Bernacchia citó un antecedente reciente de la misma Cámara Penal: el caso "Agustini, Graciana Valeria y Otros" por juegos ilegales (CUIJ: 21-08019280-8), resuelto el 13 de abril de 2023, donde también se rechazó la suspensión de juicio a prueba para un funcionario público, el policía Barrientos, en ese caso, "incluso con acuerdo de la Fiscalía".

Este precedente confirma una línea jurisprudencial estricta respecto a los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios en ejercicio de sus cargos.

Próximos pasos procesales

Con esta resolución, la causa deberá continuar su trámite procesal hacia el juicio oral y público, donde se debatirán en profundidad las pruebas y se determinará la responsabilidad penal de los acusados.

Impacto en la lucha contra la corrupción

El fallo tiene implicancias que trascienden el caso particular. Establece un estándar más riguroso para el tratamiento de funcionarios públicos acusados de delitos contra la administración pública, especialmente cuando continúan en ejercicio de sus cargos, como en este caso, lo que también demuestra de qué lado están los funcionarios políticos: apañando, desoyendo las convenciones internacionales contra la corrupción y la reafirmación del principio de que los funcionarios públicos tienen mayores obligaciones que los ciudadanos comunes.

Además, el fallo deja en claro que el consentimiento fiscal en casos de delitos contra la administración pública no es una mera formalidad, sino una manifestación sustancial del ejercicio de la acción penal que debe ser respetada cuando está debidamente fundada.

La palabra final

En su resolución, el juez Bernacchia citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: "La política criminal corresponde al legislador y la política de persecución penal al MPA; se debe cumplir la ley —principio de legalidad— más allá de determinar cómo se perseguirá penalmente lo que el legislador ha dispuesto".

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POSICIÓN DEL FISCAL

En declaraciones a Radio HOY, el fiscal Marichal explicó que se opuso a la Probation para Miceli y Chapero porque ambos siguen siendo empleados de Vialidad y el acuerdo no contempla una "regla de inhabilitación" y permitiría que los imputados continúen trabajando en la repartición. Además, tiene en cuenta las responsabilidades: al cometer los delitos eran jefe y subjefe. Y -otra curiosidad- la reparación que ofrecieron es irrisoria: $15 millones para el sindicato y solo $400.000.- para Vialidad, que es el organismo damnificado con las maniobras delictivas ejecutadas por ambos, quienes confeccionaban las planillas para cobrar los viáticos que no correspondían.

Explicó el fiscal que es incalculable el daño económico que sufrió Vialidad (sostenida con el dinero de los contribuyentes), porque para la investigación tomó solo un determinado período, suficiente para probar las maniobras delictivas, que en ese lapso fueron veinte.

LOS CONTRIBUYENTES, DESNUDOS

El Estado santafesino no se ocupó lo suficiente para defender el dinero de los contribuyentes. Al respecto, el fiscal Marichal señaló que desconoce el motivo por el cual, en principio, Vialidad se constituyó como querellante, pero luego desapareció. Ni siquiera presentó acusación, ni siquiera hizo una tasación del perjuicio económico!

Respecto al lamentable rol de los funcionarios del Estado para defender el dinero de los contribuyentes, el fiscal señala que "la actividad o inactividad de DPV en nada puede definir la suerte del proceso penal porque la titularidad de la acción corresponde a esta Fiscalía y no a un ente administrativo".

MANIOBRAS MUY BURDAS

Maxi Ruiz Díaz, empleado de Vialidad y hermano del denunciante, describió en Radio HOY las maniobras "muy burdas" que se utilizaban para robar dinero, como inventar viajes a Santa Fe mientras los vehículos estaban en el mecánico, o los empleados en otro lugar.

Ruiz Díaz expresó su "vergüenza" ante la falta de involucramiento del Estado provincial como querellante y la postura del sindicato, que "tendría que estar pidiendo justicia, no solo queriendo dinero".

Entiende que el Poder Judicial no debería conceder el beneficio de la Probation"porque no están reparando el daño a quien se le hizo: a la Provincia".

Además, también consideró una "vergüenza" que Miceli y Chapero sigan siendo empleados de Vialidad, ahora como "inspectores de obras", apañados por el gobierno de turno.

A continuación podés leer la sentencia completa: