En una audiencia abierta a todas las partes y a la prensa, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, reunió este viernes 12 de diciembre de 2025 a empresarios, trabajadores y otros acreedores, síndicos y al ministro de Trabajo de la provincia, para buscar una salida al conflicto que mantiene paralizada a Algodonera Avellaneda (AA), empresa de la que dependen casi 366 empleados. (De un total de más de 500 que llegó a tener, actualmente son 325 en Reconquista, 24 en Chaco y 17 en Santiago del Estero. En Reconquista producen hilos y telas; y en las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero, fibra de algodón.
La reunión en los tribunales de Reconquista expuso la gravedad de la situación: la empresa debe parte de los salarios de octubre y la totalidad de noviembre y declara no tener un peso más para seguir pagando con la industria paralizada.
En la audiencia, los empresarios dijeron que pueden retomar la producción en enero con 130 empleados, pero la condición fundamental que ponen los inversores es que firmen el artículo 223 de la Ley de Contratos de Trabajo, lo que permitirá mantener suspendido al resto del personal, abonando la mitad del salario.
Los sindicalistas respondieron que el personal está dispuesto a firmarlo, pero que primero se les pague lo que falta de octubre y noviembre. Y esa fue la traba que no pudo superar la audiencia, porque una y otra vez los empresarios repitieron que no disponen de un peso más.
El diagnóstico del juez: "No se puede tapar el sol con las manos".
El Dr. Lorenzini fue contundente al explicar los motivos que lo llevaron a prorrogar el período de exclusividad del concurso preventivo hasta el 27 de febrero de 2026 . "Era inexorable prorrogar porque sino esto iba a la quiebra".
Advirtió que, de cerrar el acuerdo concursal que ofrece la empresa, los trabajadores y acreedores "hoy no cobrarían más del 10% de sus acreencias".
El magistrado expresó su frustración por la falta de participación de los acreedores: "No funciona el Comité de Acreedores. No quieren participar, salvo excepciones como el Banco Nación, siempre presente. Faltan interlocutores. Necesitamos la voz de todos. No podemos hacer magia. Nadie quiere agarrar la papa caliente, lo que nos resta eficacia", reconoció Lorenzini, quien insistió en que necesita que los acreedores se activen para encontrar una salida conjunta. "Tenemos que tomar decisiones y hay plazos", advirtió. Finalmente, dijo que analizará la posibilidad que ese Comité funcione únicamente con el Banco Nación y los trabajadores, únicos interesados.
Los empresarios: entre la falta de fondos y la búsqueda de inversores
Dionisio Moschén, uno de los representantes de la empresa en esta audiencia, junto a Héctor Vicentín, Héctor Vizcay y Daniel Davíes, reconoció que están en conversaciones con posibles interesados en trabajar la hilandería y fábrica de telas de Reconquista, así como las desmotadoras.
Daniel Davíes, gerente de producción de AA, contó sus gestiones con potenciales clientes de Buenos Aires. "Me dijeron que como AA los abandonó, ellos buscaron otros proveedores, pero hay 3 ó 4 de los más grandes interesados en retomar", explicó, aunque advirtió que el problema principal es que la empresa no tiene capacidad de financiación. Además, mencionó que para retomar la producción también deben acordar con la EPE (Empresa Provincial de la Energía) y con el personal (que debería firmar el Art. 223).
Carlos Ahumada informó que contactaron con proveedores de fibra y podrían conseguir materia prima, aunque reconoció que en esta época no es fácil. Mencionó varias veces el artículo 223 como fundamental para avanzar.
Moschén mencionó la posibilidad de vender el edificio que AA tiene en Buenos Aires y otra propiedad en Formosa. "Eso sería indispensable para poder tener un poco de capital para movimientos, pagar parte de sueldos y a la EPE para poder arrancar nuevamente". Vale recordar que el edificio que AA tiene en Buenos Aires fue valuado en 4,3 millones de dólares; y apareció una oferta por 1,5 millón. No hay nada decidido por el juez, aún.
El empresario también señaló que el futuro de AA está atado a lo que decida el Banco Nación, y que esto depende del arreglo de la situación de Vicentín saic (empresa madre de AA y con los mismos accionistas). "El 80% de la deuda es con el Banco Nación", refirió.
Conflicto por los fondos liberados
Uno de los momentos más tensos se dio cuando el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Juan Carlos Bandeo, reclamó por el destino de los fondos que estaban bajo control judicial y que estos días fueron liberados para pagar sueldos. El juez explicó que el 1 de diciembre liberó 150 millones de pesos con una orden clara: retener $10 millones para gastos judiciales, pagar $40 millones para tres cuotas del Seguro, y el resto para sueldos, cosa que no ocurrió. Solo repartieron 17 millones.
La empresa argumentó que utilizó parte de esos fondos para devolver un préstamo, algo que no fue autorizado por el juez, quien lo dejó bien claro, evidenciando un posible delito tipificado como "incumplimiento de mandato judicial", aunque aun el juez no radicó denuncia penal en el MPA. En la audiencia dijo que analiza su decisión, pero trascendió que habría intimado a los empresarios para que cubran el dinero desviado para evitar la causa penal. "La empresa acaba de decir que el resto lo ocupó para devolver préstamos, lo cual no fue autorizado", remarcó Lorenzini.
Cuando el sindicalista Bandeo le preguntó al magistrado qué hará frente a esta desobediencia, el magistrado respondió que puede hacer algo y lo va a hacer, pero también le señaló al sindicato que está en falta porque no formalizó el reclamo en el Juzgado. "No alcanza con hacer declaraciones a la prensa, tienen que formalizar los actos en tribunales", avisó.
El artículo 223: el nudo del conflicto
Los empresarios insistieron en que los trabajadores firmen el artículo 223 de la Ley de Contratos de Trabajo como condición para conseguir inversores y reabrir la fábrica, posiblemente en enero.
Héctor Vizcay explicó que en octubre pensaban firmar el 223, pero el sindicato no lo autorizó, y que eso es lo que esperan los inversores. "La empresa no tiene fondos para afrontar pagos adeudados. Si no hay alternativa del 223, las posibilidades son difíciles de lograr", advirtió.
Davíes agregó que con el 223 los trabajadores cobrarían aproximadamente el 50% del salario.
Sin embargo, los representantes de los trabajadores son categóricos: primero quieren cobrar lo adeudado. Edgardo Ponce, uno de los trabajadores presentes, fue claro: "La condición número uno para firmar el 223 es que paguen octubre y noviembre", a lo que los empresarios respondieron que no tienen para pagar.
Bandeo remarcó que los trabajadores no le creen a los empresarios, y recordó que a la empresa la cerraron de manera unilateral. "Los trabajadores no son quilomberos, no quieren pelear, quieren trabajar y cobrar", enfatizó.
El abogado sindical, Sebastián Spiller, reiteró la posición: están dispuestos a firmar el 223, pero primero deben recibir el pago de octubre y noviembre.
Otro cruce de alta tensión fue cuando Héctor Vicentín sugirió que el Banco Nación otorgue un préstamo para pagar los sueldos adeudados y poder retomar la producción. La propuesta generó inmediata reacción.
Eleonora Sartor, abogada del Banco Nación, se rió e hizo gestos como que le sonaba absurdo lo que escuchaba. Fue su compañero, Marcelo Dagnillo, gerente de riesgo del Banco Nación, quien interrumpió a Vicentín de manera contundente, a los gritos que salían de la pantalla del Zoom, ya que seguía la audiencia vía internet.
"No meta al Banco Nación en un problema que tienen que resolver los empresarios", le espetó Dagnillo, dejando en claro que el banco no asumirá el peso de una situación que considera responsabilidad de quienes conducen la empresa. A continuación, el video que permite revivir ese momento.
Bandeo fue aún más duro con los empresarios: "No se van a llevar la riqueza allá arriba, ni la ropa, ni los dólares. Repartan lo que tienen que la gente se está cagando de hambre ".
Moschén dijo que la empresa tiene hoy apenas tres millones de pesos en caja y que dependen de la venta de inmuebles en Buenos Aires y Formosa, algo que reconoció no es tan fácil de concretar.
Héctor Vicentín insistió en que los inversores piden el Art. 223 para reactivar la industria; y defendió que el dinero no fue desviado a otro fin, sino que fue utilizado para devolver lo que habían pedido prestado para pagar sueldos. "La prioridad siempre fue pagar sueldos. Ponce, no te vamos a mentir"; y en cuanto a la firma del Art. 223, añadió: "Es la exigencia de la gente que quiere ayudar. No tenemos plata".
Los empresarios no pudieron precisar el monto total de las deudas, admitiendo que no sabían decirlo en esa audiencia. Se mencionaron 400 millones en deudas de hilandería, más las desmotadoras y otras obligaciones. Llamó la atención la imprecisión, siendo que el juez les avisó el motivo de la audiencia, que era dar precisiones del estado de la empresa y los planes a futuro.
APARECIÓ COCO BÁSCOLO
La audiencia terminaba sin acuerdo, trancada entre el pedido de los empresarios y la exigencia de los trabajadores de cobrar primero para firmar luego el 223. Fue entonces cuando sonó el teléfono del juez. Era el ministro de Trabajo, Coco Báscolo, a quien el juez puso con manos libres para que todos escuchen su propuesta: Convocó a empresarios y trabajadores para juntarse en las próximas horas para un nuevo intento de cerrar el acuerdo. Horas después, Báscolo informó que acordó reunirse este sábado a las 10:00 am con los trabajadores, y el lunes a primera hora con ambas partes.
El juez Lorenzini cerró la audiencia implorando a las partes para que acepten reunirse. Y anticipó que él podría convocar a nueva audiencia la semana próxima. "Quiero una Navidad en paz, quiero encontrar una solución y no creo que ninguno de acá no quiera eso", expresó el magistrado antes de dar por finalizada una audiencia que el Dr. Spiller calificó como "inédita en el país", por ser abierta a la prensa. Felicitó al Dr. Lorenzini, el mismo juez que recibió un premio nacional por la transparencia con la que manejó el Concurso de Vicentín saic, habiendo creado una página web para que el proceso sea accesible a toda la comunidad interesada.
El futuro de Algodonera Avellaneda y de sus trabajadores sigue en la cuerda floja, con trabajadores que exigen cobrar lo adeudado antes de cualquier acuerdo, empresarios sin fondos que piden confianza, y acreedores que se mantienen al margen de un proceso concursal que avanza sin red de contención.
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Qué garantía le podemos dar si a nosotros no nos cree nadie, dijo Héctor Vicentín. Aquí el video de ese momento, y lo que respondió un trabajador.
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A continuación, video donde el juez Lorenzini cierra la audiencia:
Abajo, otras diez fotos de la audiencia.
Al final, un video con el resúmen de la reunión, en fotos y video, con testimonios picantes.
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