Este martes 30 de diciembre de 2025 es un día histórico, porque por orden del juez civil y comercial de Reconquista, Mariano Grassi asumió el control total de la Nueva Vicentín, surgida tras la caída de la empresa familiar que durante 90 años brindó empleo y prosperidad al Norte de Santa Fe, con extensiones en el Sur provincial y otras jurisdicciones, hasta que fue «quebrada» por la última generación, según achacan los fiscales de delitos complejos de la provincia, quienes piden que sean condenados con prisión de 13 a 17 años, según los diferentes roles que le asignan a quienes considera autores de la gran estafa que terminó con un pasivo de casi 1.600 millones de dólares, impagables.
Este mismo martes, directores de la Nueva Vicentin, entre ellos Mariano Grassi y Leandro Salvatierra, visitaron algunas plantas industriales en el Sur Provincial, donde dialogaron con trabajadores, a quienes agradecieron por todo lo que hicieron para mantener operativas las plantas industriales; y reiteraron que tienen un plan de inversión para hacer más grande y próspera la empresa a la que decidieron dar continuidad.
Mariano Grassi expresó con optimismo que "se avecinan para todos tiempos mejores, de trabajo conjunto, con un solo objetivo común que permita el crecimiento de la empresa y el de sus trabajadores. Tiempos para construir una Nueva Vicentin, que vuelva a ser un participante destacado y pujante de la cadena agroindustrial argentina. Venimos a aportar nuestros máximos esfuerzos y nuestra capacidad para hacer real este sueño que perseguimos con tanto ahínco y determinación".
SIGUE EL LITIGIO
Si bien el juez de la primera instancia dio la posesión a Grassi, Molinos y Dreyfus decidieron continuar la batalla judicial al materializar la apelación, donde acusa un "perjuicio irreparable" de parte del juez el haber otorgado ya la posesión a Grassi.
Molinos pidió que el Recurso de Apelación sea concedido con efecto suspensivo, argumentando "lo dificultoso que será -sino imposible- retrotraer su ejecución en caso de que sea revocada". Además, achaca que Grassi ya pretende prescindir de contratos de fasón celebrados en octubre de 2025.
El proceso de salvataje y la competencia
Tras años de litigio, que incluyeron sentencias de la Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema, se abrió en junio de 2025 un proceso de "cramdown" o salvataje empresarial. Cuatro oferentes se inscribieron: Bunge, Molinos junto a Dreyfus (LDC-MOA), Grassi y la Unión Agrícola de Avellaneda, aunque solo dos presentaron propuestas concretas.
El 31 de octubre de 2025, ambos cramdistas comunicaron la obtención de conformidades de las mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo, con escasa diferencia horaria. Grassi lo hizo a las 13:27 horas y LDC-MOA a las 14:41 horas, según consta en el informe de la actuaria.
El juez declaró a Grassi como el primero en comunicar la obtención de conformidades suficientes, lo que derivó en la homologación de su propuesta y el rechazo de las impugnaciones presentadas por LDC-MOA y varios acreedores.
Principales argumentos de la apelación que presentó Molinos
Exclusión de votos
LDC-MOA sostiene que solicitaron oportunamente la exclusión de las acreencias de Avir South S.A.R.L., Commodities S.A. y Vicentín Paraguay S.A. del cómputo de mayorías, "ofreciendo prueba en respaldo de sus dichos", planteos que el juez tuvo presente "para su oportunidad y de corresponder" pero nunca resolvió.
Argumentan que el magistrado "rechazó los Planteos de Exclusión porque, según dijo, en el cramdown no rigen las exclusiones previstas en el art. 45 de la LCQ", afirmación que consideran contraria a la ley y contradictoria con una providencia anterior del mismo juez del 1° de octubre de 2025.
"El art. 48 de la LCQ establece que en el cramdown "rigen iguales mayorías y requisitos de forma que para el acuerdo preventivo del período de exclusividad"", señala el escrito, agregando que "las mayorías no son un número abstracto, sino que se construyen sobre el concepto de capital computable" que incluye exclusiones.
Carácter abusivo de la propuesta
Las apelantes cuestionan múltiples aspectos de la propuesta homologada:
Opción residual inferior al valor de liquidación: Afirman que el valor presente neto (VPN) de la llamada "Opción C1" u "Opción Residual" es "INFERIOR al valor de liquidación que el propio juez fijó en 19,93%", vulnerando el artículo 52 de la Ley de Concursos.
Critican que el juez utilizó "una tasa de descuento del 7% y 9% nominal anual" que califican como "artificialmente baja sin ningún tipo de fundamentación", cuando el informe técnico del evaluador López Forastier había propuesto una tasa del 23%.
Acompañan un informe de TAYSA Capital Partners que concluye que el recupero real sería del 12,4% con tasa del 23% o del 9,7% con tasa del 29,8%, "en todos los escenarios muy por debajo del dividendo falencial estimado (19,93%)".
Imposición de obligaciones a los acreedores: Denuncian que la propuesta "obligaba a quienes eligieran la opción de abastecimiento a proveer granos a Vicentin durante años", algo que consideran inaceptable en un concordato: "El concordato no está pensado para imponer obligaciones sobre los acreedores".
Afirman que "los acreedores se convertirán también deudores (de mercaderías o de dinero), lo cual ocurrirá a través de una "adhesión a la fuerza"".
Bonificaciones engañosas: Sostienen que las bonificaciones prometidas "son ilusorias, pues quedan anuladas por los costos, las pérdidas y los riesgos que pesan sobre los acreedores", incluyendo pérdida del derecho a fijar precio, obligación de recompra sin precio de mercado, y costos de almacenamiento que "anulan la bonificación".
El juez rechazó este cuestionamiento "con el absurdo argumento de no estarse ante un problema a ser tratado en la homologación, sino durante la ejecución del concordato", lo que las apelantes califican como "denegación de justicia".
Propuestas diferenciadas sin categorización: Cuestionan que Grassi ofreció un "menú" de opciones que en la práctica no estaba disponible para todos los acreedores por igual, violando el principio de igualdad. "Grassi separó a los acreedores por su actividad" sin cumplir con la obligación legal de categorizarlos previamente.
Coerción mediante la opción residual: Denuncian que la opción residual "estaba operando en los hechos como una penalización automática para quienes no votaran la oferta de Grassi", distorsionando la voluntad negocial de los acreedores. La propia Grassi habría admitido en la audiencia informativa que no votar otras alternativas "no era gratis".
Críticas al trámite procesal
Las apelantes denuncian graves irregularidades en el manejo del expediente:
El juez utilizó sistemáticamente la providencia "téngase presente para su oportunidad, si correspondiere" sin resolver cuestiones cruciales.
Negó la apertura a prueba de los planteos de exclusión, calificándolo como "denegación de justicia".
Dictó la resolución el 18 de diciembre "insólita y raudamente" (con "celeridad que permite sospechar que el fallo estaba redactado de antemano"), el mismo día que se interpusieron recursos contra el decreto que pasaba los autos a resolver.
No dio traslado a los acreedores cuya exclusión había sido solicitada.
Ignoró la opinión mayoritaria de la sindicatura, que había calificado como "imprescindible estructurar un análisis detallado del valor real de recuperación" de la Opción Residual.
Distribución de costas
LDC-MOA catalogan como "vengativa" la distribución de costas en un 95% a su cargo y solo 5% a Grassi, atribuyéndola a un "espíritu vengativo y ánimo "disciplinador"" del juez "como castigo ejemplificador por haber LDC-MOA osado participar y "dar pelea" en un proceso de salvataje que tenía un claro favorito".
Señalan que el juez soslayó que ganaron en cuestiones importantes: legitimación procesal, temporaneidad de los planteos, y aspectos abusivos de la propuesta que el propio magistrado corrigió imponiendo modificaciones a Grassi.
Pedido de efecto suspensivo
Las apelantes solicitan que el recurso sea concedido con efecto suspensivo, argumentando "lo dificultoso que será -sino imposible- retrotraer su ejecución en caso de que sea revocada", y señalando que Grassi ya pretende prescindir de contratos de fazón celebrados en octubre de 2025.
Citan precedentes de la propia Cámara de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habrían establecido que en casos como este rige "la regla general del efecto suspensivo".
Modificaciones impuestas por el juez
Paradójicamente, la resolución apelada introdujo varias correcciones a la propuesta de Grassi que coinciden con cuestionamientos de LDC-MOA:
Los acreedores que no eligieron opciones tendrán un plazo adicional para decidir, no quedando automáticamente alcanzados por la opción residual.
Se ordenó adaptar las cláusulas de abastecimiento estableciendo "un esquema más equilibrado".
Se obligó a Grassi a explicitar esquemas de fideicomisos y emisión de acciones.
Se modificó sustancialmente el régimen de enajenación de activos, reduciendo de USD 10 millones a USD 1 millón el umbral para requerir autorización judicial.
Las apelantes consideran que estas modificaciones demuestran que sus impugnaciones tenían fundamento, pero el juez las soslayó al distribuir las costas.
El caso, que involucra el concurso preventivo más importante de la historia reciente argentina, aguarda ahora la decisión de la Cámara de Apelaciones. LDC-MOA mantienen reserva de interponer recursos de inconstitucionalidad y extraordinario federal en caso de que la apelación no prospere.
A continuación, texto completo de la apelación presentada por Molinos y Dreyfus, quienes insisten al Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en que les adjudique a ellos el paquete accionario de Vicentin saic, que acaba de pasar a manos de Grassi, luego de la decisión del juez de primera instancia, Fabián Lorenzini. Vale recordar que este martes terminó el año judicial, porque mañana (31 de diciembre) es asueto y luego comienza la feria judicial de verano.
