La normativa denominada "Inocencia Fiscal" introduce una serie de modificaciones en la relación administrativa entre el organismo recaudador y los contribuyentes. El eje central de la ley es la modificación de la presunción de culpabilidad fiscal, estableciendo un marco que busca simplificar el sistema tributario y regularizar ahorros informales en el sistema económico formal.
Uno de los puntos técnicos más relevantes es el "Tapón Fiscal". Este mecanismo genera una presunción de exactitud sobre las declaraciones ya presentadas, lo que impide legalmente que el organismo realice nuevas fiscalizaciones o acciones legales sobre períodos impositivos cerrados, otorgando así mayor seguridad jurídica al ciudadano.
Régimen de declaración simplificada
Se establece un nuevo esquema para ciudadanos con ingresos de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones. Para el ejercicio 2025, los interesados deberán adherirse a través del sitio web de ARCA antes del vencimiento en junio de 2026. Bajo esta modalidad, el contribuyente podrá aceptar la liquidación sugerida por el organismo o realizar sus propios ajustes. En este régimen, ARCA limitará sus controles a la facturación y gastos deducibles, dejando fuera de la revisión los consumos personales y la variación patrimonial, salvo en casos donde se detecten discrepancias significativas.
Modificaciones en el Régimen Penal y prescripciones
La ley eleva considerablemente los montos mínimos para la configuración de delitos tributarios. El umbral para la evasión simple pasa de $1.500.000 a $100.000.000, mientras que la evasión agravada se fija en $1.000.000.000. Estos valores tendrán una actualización anual por UVA a partir de 2027. Asimismo, se reduce el plazo de prescripción de 5 a 3 años para los contribuyentes que cumplan en término con sus obligaciones.
Actualización de multas y procedimientos
En cuanto a las sanciones administrativas, la multa por no presentar declaraciones juradas se actualiza a $220.000 para personas humanas y $440.000 para personas jurídicas. No obstante, el procedimiento de aplicación de sanciones incorpora una instancia previa: ARCA enviará un recordatorio con 10 a 15 días de antelación al vencimiento. La ley establece que el organismo deberá evaluar la cantidad de días de demora para aplicar las multas de forma proporcional, permitiendo distinguir entre incumplimientos ocasionales y reiterados.
