A través de un comunicado conjunto, la Sociedad Rural de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región plantearon la necesidad de abrir un debate sobre la eficiencia del gasto público al analizar los números del Presupuesto Provincial 2026. Las entidades señalaron que la actividad legislativa de la provincia de Santa Fe costará casi cuatro veces más que la de Córdoba: para 2026, Santa Fe prevé destinar $191.812.813.000, frente a los $54.768.139.000 de Córdoba, una diferencia de $137.044.674.000 que representa una relación de 3,55 a 1.
Las organizaciones destacaron que ambas provincias cuentan con una cantidad equivalente de legisladores (70 en Córdoba y 69 en Santa Fe), pero con contrastes profundos en el gasto por representante. Según indicaron, en Córdoba el costo promedio por legislador es de $782.401.985, mientras que en Santa Fe el gasto medio asciende a $2.779.895.840. Dentro de ese promedio, detallaron que cada diputado santafesino costará $2.255.677.260 y cada senador $4.159.418.421.
La Sociedad Rural y el Centro Comercial compararon estas cifras con decisiones fiscales recientes, remarcando que la devolución de más de $3.200 millones en saldos a favor de Ingresos Brutos representa apenas el 0,21% de lo recaudado por ese tributo entre enero y agosto de 2025 ($1,55 billones). Afirmaron que ese monto es incluso inferior al costo anual promedio de un solo senador santafesino y que, si la Legislatura de Santa Fe tuviera un presupuesto similar al de Córdoba, esas devoluciones podrían multiplicarse por 42.
Si bien las entidades reconocieron las medidas de alivio fiscal anunciadas por el Gobierno provincial, consideraron que el esfuerzo debe ser mayor. Sostuvieron que es impostergable una revisión integral del gasto público para reducir el "costo argentino", factor que erosiona la competitividad y desalienta la inversión. Finalmente, aclararon que este proceso busca eliminar ineficiencias y gastos innecesarios para liberar recursos que fortalezcan las áreas que generan desarrollo y productividad, asegurando que abrir este debate fortalece las instituciones al alinearlas con la competitividad territorial.