Ante el debate legislativo previsto para el mes de febrero, en diálogo con Radio HOY, el juez federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, se pronunció a favor de modificar la normativa vigente sobre la baja de imputabilidad en menores.
El magistrado calificó como "necesario" actualizar una ley que cuenta con 45 años de antigüedad y que actualmente establece la punibilidad a partir de los 16 años. "No creo que una legislación que data de 45 años, en donde existía otro tipo de adolescente... pueda ser mantenida actualmente", expresó, enfatizando que el contexto social ha cambiado drásticamente.
Recordó que Argentina y Cuba son los pocos países de América que mantienen la edad de imputabilidad más alta; países como Bolivia, Chile, Paraguay y Perú la establecen a los 14 años, mientras que Uruguay lo hace a los 13 y Brasil a los 12 para ciertos delitos.
"Si son 12 años, 13 años, 14 o 15, eso lo decidirá el legislador en base a una discusión que debe darse en el recinto legislativo", consideró el juez.
MÁS ALLÁ DEL ENCIERRO
Para el magistrado, la reforma no debe limitarse únicamente a la edad, sino que debe integrar políticas de Estado de inserción y tratamiento terapéutico "para que ese menor no vuelva a su casa, como sucede actualmente, como si acá no hubiera pasado nada".
"El encierro por encierro mismo no es terapia para nadie", advirtió, subrayando que la privación de la libertad debe realizarse en institutos especializados con un enfoque educativo y formativo.
Ante la falta de lugares de alojamiento adecuados, el juez fue categórico: "Si no hay, obviamente habrá que crearlos... Lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Es decir, seguir con el status quo, como estamos hasta ahora".
UNA LEGISLACIÓN "OBSOLETA"
Al referirse a los casos de asesinatos de menores cometidos por otros menores, el juez sostuvo que "si recién cuando suceden estos hechos empezamos a hablar de este tema, significa que hemos llegado tarde con la legislación". "Esto debió preverse antes", remarcó, advirtiendo la falta de anticipación normativa frente a una problemática compleja y creciente.
"¿Qué les decimos a las víctimas? ¿Cómo les explicamos esta legislación obsoleta de 45 años de antigüedad? En donde hemos legislado para cualquier cosa muchas veces y no para lo que verdaderamente interesa", invitó a cuestionarse.
