En el mediodía del martes 10 de febrero de 2026, José Ignacio Gallo, 33, le pegó un botellazo en la cabeza a Ulises Gabriel Leguiza, 47, y lo derribó al piso, con una herida cortante en el cuero cabelludo. Una ambulancia lo trasladó al Sanatorio Padre Pio de Reconquista.
Sucedió dentro del supermercado de la Unión Agrícola, ubicado en Avenida San Martín y calle 26 de la Ciudad de Avellaneda.
Gallo quedó detenido y dos días después, fue trasladado a los tribunales de Reconquista, donde el fiscal Leandro Aguilar le imputó el delito de lesiones leves dolosas , según el Artículo 89 del Código Penal, que establece como pena posible, de un mes a un año de prisión.
Tras la imputación, el representante del Ministerio Público de la Acusación llegó a un acuerdo con el defensor particular contratado por Gallo (Dr. Alejandro Rodríguez), para que el imputado recupere la libertad con restricciones, siendo la principal, la prohibición de acercamiento y comunicación con Leguiza.
EL ENTRIPADO ANTERIOR AL BOTELLAZO
En declaraciones a ReconquistaHOY, la pareja de Gallo -quien lo acompañó a tribunales- lamentó este suceso «evitable», del que hace responsable a la inacción del Poder Judicial, que oportunamente no se ocupó de las denuncias por abuso sexual incoadas contra Leguiza.
«Quiero dejar sentado de manera taxativa que esta situación podría y debería haberse evitado. Si el Ministerio Público de la Acusación (MPA) hubiera actuado con la celeridad que exigen las denuncias por abuso desde el primer momento, no estaríamos lamentando estos sucesos hoy. En julio del año pasado radiqué la denuncia formal contra Ulises Leguiza. En ese acto, solicité una medida perimetral que me fue denegada. Durante seis meses el sistema me dio la espalda: no me proporcionaron el número de CUIJ, no me informaron sobre las actuaciones y las respuestas siempre fueron evasivas: «no hay registro», «vení mañana», «te llamamos».
FAVORES INDEBIDOS
La pretensa víctima de los abusos sexuales que le achaca a Leguiza, sostuvo que «esta inoperancia no parece ser azarosa". Debo señalar la existencia de vínculos familiares directos entre el denunciado y funcionarios del sistema, lo que sugiere una complicidad por omisión. Es alarmante que, tratándose de delitos de abuso, las influencias directas que esta persona posee en áreas sensibles, como el área de Género, pesen más que el derecho a la seguridad de una víctima», reprochó.
Añadió: «Este abandono estatal me ha costado mucho. He perdido espacios familiares y sociales por el simple hecho de que él asiste y yo no cuento con protección. Me costó mucho denunciar debido a sus influencias, y solo pude hacerlo gracias a un fuerte acompañamiento psicológico. Sin embargo, del otro lado solo encontré inoperancia».
«Estoy cansada de lidiar con funcionarios que no trabajan a conciencia. Como víctima, no solo exijo justicia por el hecho denunciado, sino una respuesta inmediata y formal del MPA sobre el paradero de mi causa y las razones de este silencio de seis meses. La justicia que llega tarde, o que se oculta tras vínculos familiares, no es justicia».
