El Colegio de Abogados de Reconquista expresó su rechazo absoluto a la Ley de Reforma Laboral que impulsa el gobierno nacional, en sintonía con la posición de la Federación que los agrupa (FECASFE).
La institución se opone firmemente a las modificaciones, manifestando que "vulneran derechos básicos y afectan el ejercicio de la abogacía".
Uno de los puntos de mayor conflicto es la modificación del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permitiría pagar los honorarios de los abogados hasta en 12 cuotas. El Colegio recordó que esos honorarios tienen carácter alimentario y son vitales para el sustento de los profesionales y sus familias.
Les resulta llamativo que se pretenda imponer este plazo de pago en un contexto de crisis, mientras que quienes impulsan la ley no aplican el mismo criterio a sus propios ingresos. Por este motivo, chicanearon proponiendo que los sueldos de los legisladores que apoyan la medida también sean abonados en 12 cuotas mensuales.
Asimismo, la entidad advirtió sobre la gravedad de reformar el artículo 20 de la misma ley.
El nuevo texto establece que, si se considera que un reclamo fue sobreestimado (pluspetición), el abogado podría ser obligado a pagar los gastos del juicio de manera solidaria junto a su cliente. Para el Colegio, esto es una herramienta de "disciplinamiento" que intimida el ejercicio profesional, afecta la independencia de los abogados y termina condicionando el acceso de los trabajadores a la justicia.
Sostiene que el cálculo de un crédito laboral es una estimación técnica sujeta a pruebas, y no una arbitrariedad, por lo que la diferencia entre lo reclamado y lo reconocido por un juez no debe usarse como un castigo económico para el profesional.
Finalmente, ratificó su rechazo a cualquier norma que intente restringir la libertad de trabajo o trasladar responsabilidades ajenas sobre los abogados.
EL COMUNICADO, TEXTUAL:
Desde el Colegio de Abogados de Reconquista, nos sumamos al rechazo absoluto de la Federación (FECASFE) ante la reforma laboral proyectada. No permitiremos que se vulneren nuestros derechos básicos.
Ante el tratamiento legislativo de la reforma laboral y, en particular, de la modificación proyectada al artículo 277 LCT, que habilitaría el pago de honorarios profesionales hasta en doce (12) cuotas, este Colegio manifiesta su enérgica oposición. Los honorarios profesionales son la naturaleza alimentaria, esenciales para la subsistencia de los abogados y sus familias.
Resulta llamativo que, en un contexto de crisis social y económica, se pretenda imponer a los profesionales del derecho una espera de hasta doce meses para percibir el fruto de su labor. Más aún cuando quienes impulsan o avalan esta reforma no someten sus propios ingresos a semejante diferimiento.
Si el pago en doce cuotas es considerado razonable, viable y justo, proponemos que los sueldos de los legisladores que apoyan esta modificación también puedan ser abonados en doce cuotas mensuales.
Asimismo, en relación a la propuesta de modificación al artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, resulta aún más grave. El texto proyectado establece que la sobreestimación de los créditos reclamados será considerada pluspetición, habilitando la condena solidaria en costas del abogado junto con su cliente.
Esta previsión es una herramienta de disciplinamiento. La cuantificación de un crédito laboral no es una especulación arbitraria, sino una estimación técnica sujeta a prueba, a criterios interpretativos y, la abogacía.
La eventual diferencia entre lo reclamado y lo reconocido es, en esencia, un cálculo matemático derivado de la valoración judicial. No puede transformarse en un mecanismo sancionatorio encubierto. Esta reforma instala un riesgo económico personal sobre el abogado por el solo hecho de ejercer su rol con amplitud técnica, afectando la independencia profesional y condicionando el acceso a la justicia de los trabajadores.
El Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe rechaza toda normativa que tienda a restringir la libertad de trabajo, a intimidar el ejercicio profesional o a trasladar sobre los abogados responsabilidades que no les corresponden.
Y si el criterio es que los profesionales deben asumir riesgos patrimoniales por ejercer su función, tal vez también debería discutirse bajo qué condiciones asumen responsabilidad quienes legislan normas que afectan derechos fundamentales.
Reconquista, febrero de 2026.
