Grassi, a cargo de la administración de lo que ahora se conoce como "la Nueva Vicentín" (LNV), acordó con Algodonera Avellaneda retomar la producción de las plantas desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero, mediante trabajo a fasón, y ahora el juez civil y comercial de Reconquista, Fabian Lorenzini, es quien debe decidir si avala esa operación, que incluye un anticipo de "hasta 300.000 dólares" que Grassi se compromete a poner para financiar la puesta a punto de esas unidades industriales que están paralizadas, pagar deudas postconcursales que son claves para retomar, como el servicio de energía eléctrica; y comenzar cuanto antes a procesar algodón en bruto, lo que también permitirá frenar el alza de las deudas qu crecen día a día con las industrias paralizadas.
La propuesta de LNV ingresó firmada desde Rosario por su apoderado Leandro Salvatierra y aceptada el mismo día por el presidente del directorio de la empresa concursada, el Ing. Héctor Vicentin, con certificación notarial de la escribana pública Juliana Sofía Ingaramo de Avellaneda.
Qué es un acuerdo a fasón y por qué importa
El sistema de producción a fasón —o fazón, como también se escribe— es una modalidad industrial en la que una empresa pone a disposición su infraestructura y su personal para procesar materia prima que es propiedad de otra.
En este caso, LNV aportaría el algodón en bruto y Algodonera Avellaneda realizaría el desmote —el proceso de separar la fibra de la semilla— en sus propias plantas, cobrando por ese servicio los costos operativos directos: mano de obra, energía y materiales.
La fibra, la semilla, la cascarilla y los subproductos resultantes serían en todo momento propiedad de LNV.
Para Algodonera Avellaneda, este acuerdo significaría retomar la producción, generar flujo de fondos y mantener a su personal trabajando, tres condiciones que el propio juez Lorenzini había fijado como imprescindibles al conceder la prórroga del período de exclusividad apenas días antes.
El acuerdo contempla el procesamiento de algodón en bruto en los complejos de desmote ubicados en la Ruta 89 de la localidad de Pinedo, Provincia de Chaco; y en el Km 4 de la Ruta 21, de la localidad de Banderas, Santiago del Estero.
El volumen mínimo anual comprometido es de 30.000 toneladas en Pinedo y 30.000 en Bandera, totalizando 60.000 toneladas anuales. En términos mensuales, Algodonera Avellaneda asume la obligación de procesar como mínimo 4.000 toneladas por mes.
El acuerdo tiene una vigencia mínima garantizada de cuatro campañas algodoneras consecutivas, durante las cuales Algodonera Avellaneda no puede rescindirlo sin causa. LNV, en cambio, se reserva la facultad de rescindir unilateralmente con 60 días de preaviso, sin que eso genere derecho a indemnización alguna para la concursada.
300.000 dólares de financiamiento inicial: para salarios y servicios esenciales
Uno de los aspectos más llamativos del acuerdo es el financiamiento que LNV se compromete a otorgar a Algodonera Avellaneda para permitir la reactivación inmediata de las plantas. El monto es de hasta 300.000 dólares, con destino específico y exclusivo para cancelación parcial de deudas salariales y cargas sociales, pago de servicios operativos esenciales y gastos de puesta a punto de las instalaciones.
El contrato es taxativo en cuanto al uso de esos fondos: no pueden destinarse a gastos financieros, deudas propias de la empresa, ineficiencias operativas, ni ningún otro concepto distinto al listado. Algodonera Avellaneda deberá rendir cuentas documentadas a LNV dentro de los diez días de cada desembolso.
Para hacer posible el inicio de operaciones incluso antes de obtener la autorización judicial —que es una condición suspensiva del acuerdo—, el contrato habilita un desembolso preliminar de hasta 50.000 dólares con el mismo destino específico. Si la autorización judicial no llegara a concederse, esa suma deberá ser restituida íntegramente.
La garantía de restitución del financiamiento está atada a la venta de un inmueble de Algodonera Avellaneda ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Presidente Luis Sáenz Peña al 1066/1074, el que este mismo viernes 6 de marzo, el juez Lorenzini autorizó vender a la firma Porland por 1.900.000 dólares, con una entrega de 400.000 dólares. Falta ahora que el juez federal de Buenos Aires, Julián Ercolini, revoque la inhibición general que bloquea esa operación, en el marco de la investigación por los supuestos delitos en el que incurrieron funcionarios del Banco Nación Argentina en tiempos de Mauricio Macri y directores de Vicentín saic, en la toma y daca de créditos aparentemente indebidos.
Si no lo logra LNV puede exigir el reintegro inmediato, ejecutar la cesión en garantía de los derechos de cobro de la venta, compensar el saldo contra los costos operativos que deba pagar, exigir garantías adicionales o directamente resolver el acuerdo por incumplimiento esencial.
Exclusividad total y una opción de compra sobre las plantas
El acuerdo establece una exclusividad absoluta a favor de LNV durante toda su vigencia.
Algodonera Avellaneda no puede prestar servicios de desmote, procesamiento ni almacenamiento de algodón a ningún tercero, ni comprometer la capacidad de sus plantas en perjuicio del cliente. El incumplimiento de esta cláusula habilita a LNV a exigir el cese inmediato, resolver el contrato y reclamar daños y perjuicios integrales.
El punto quizás más estratégico del acuerdo es la opción de compra irrevocable que Algodonera Avellaneda otorga a LNV sobre las plantas, las máquinas desmotadoras y todos los activos industriales esenciales.
LNV puede ejercer esa opción en cualquier momento durante la vigencia del contrato o dentro de los 30 días posteriores a su terminación.
El precio se determinará al momento del ejercicio mediante el promedio de dos tasaciones independientes.
La contraprestación: solo costos operativos verificables
A diferencia de un contrato de maquila tradicional, la contraprestación que LNV pagará a Algodonera Avellaneda no es un precio fijo por tonelada desmotada, sino el reembolso de los costos operativos directos y verificables: mano de obra afectada al servicio, energía eléctrica, agua, gas e insumos necesarios.
El acuerdo excluye expresamente cualquier margen de ganancia, costo financiero, gasto de estructura o pasivo propio de la empresa concursada. LNV tiene además derecho de auditoría técnica, operativa y contable en todo momento.
Este esquema garantiza que las plantas funcionen sin que LNV asuma más compromisos que los estrictamente necesarios para sostener la operación, mientras que Algodonera Avellaneda obtiene el flujo de fondos operativo que necesita desesperadamente para pagar salarios y servicios esenciales como la energía eléctrica —cuya deuda con las distribuidoras de energía EPE, SECHEEP y EDESE había sido señalada por el juez Lorenzini como uno de los principales obstáculos para cualquier plan de reactivación.
Ahora decide el juez Lorenzini
El acuerdo está suscripto y presentado ante la Justicia, pero su vigencia plena depende de la autorización del juez Lorenzini en los términos del artículo 16 de la Ley de Concursos y Quiebras, que regula los actos que una empresa concursada puede celebrar durante el proceso.
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"Estamos queriendo ayudar", dijo Mariano a ReconquistaHOY.
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A continuación, el acuerdo que LNV y Algodonera Avellaneda presentaron al juez Lorenzini:
