Con el argumento de hacer caja para pagar sueldos atrasados y afrontar deudas urgentes como seguros y energía, los administradores de la concursada Algodonera Avellaneda s.a., con la firma de sus abogados, Guido Ferullo y Héctor Vizcay, le habían solicitado al juez del Concurso Preventivo de Acreedores, Fabián Lorenzini, que los autorice a vender una valiosa propiedad que la fallida empresa tiene sobre calle Luis Sáenz Peña al 1074 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "por no ser esencial para el giro actual de la empresa".
En una sentencia firmada el viernes 6 de marzo de 2026, en los tribunales de Reconquista, el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, autorizó la venta a la empresa Portland Administradora Fiduciaria s.a., que se comprometió a pagar 1.900.000 dólares, bajo el régimen de administración vigilada del concurso.
Aunque el monto de venta es inferior a la tasación, es la mejor disponible y supera el valor estimado de remate, tuvo en cuenta el magistrado, quien, además, remarcó que la empresa está en crisis extrema, con actividades paralizadas, sin capital de trabajo y con salarios impagos, y tiene este inmueble desocupado y sin uso productivo, cuya venta ayudaría a generar liquidez inmediata para pagar deuda a los trabajadores y realizar otros pagos urgentes que permitan poner nuevamente en actividad la planta mediante el sistema de fasón, para lo cual es necesario también cubrir multimillonarias deudas posconcursales de energía eléctrica.
Portland le ganó la pulseada a la reconquistense Proyección Electroluz , ofreciendo 150.000 dólares más.
El principal acreedor (Banco Nación) no estaba de acuerdo en que se venda a tan bajo precio. Ellos tasaron esa propiedad en 3.058.219 dólares, como valor de mercado; y 2.243.150, como valor de remate. Otra tasación particular ofrecida por la propia Algodonera Avellaneda, era de 4.300.000 dólares.
FUNDAMENTOS
Luego de recibir el pedido del directorio de la fallida Algodonera Avellaneda para que le autorice vender esa propiedad para hacerse rápidamente de efectivo y de escuchar varias opiniones (entre ellos de los síndicos y de los trabajadores, que estaban de acuerdo), el juez lo autorizó, argumentando que AA lleva 15 meses en concurso sin conseguir los acuerdos necesarios con los acreedores y su riesgo de quiebra es real.
El magistrado consideró esta venta polémica como un "sacrificio de la masa", razonable para obtener liquidez y pagar salarios, cubrir otros pagos que urgen para poder rehabilitar la industria y así poder preservar más de 300 puestos de trabajo. Aplicó criterios del derecho comparado y jurisprudencia argentina sobre ventas de activos en crisis.
Para poder concretar la venta del edificio, el Dr. Lorenzini había solicitado al juez penal federal de Buenos Aires, Julián Ercolini, el levantamiento de la inhibición general de bienes que pesaba sobre ese inmueble en el marco de una causa penal donde están imputados varios empresarios locales (vinculados con el manejo de Vicentin saic y de Algodonera Avellaneda) y exfuncionarios del Banco Nación en la gestión Macri, sospechados de haber facilitado créditos indebidos en el marco de una acción delictiva, que merece reproche penal, lo que está bajo investigación del fiscal Gerardo Pollicita.
FRUSTRACIÓN
La novedad desgraciada para los trabajadores que esperaban cobrar, es que en la víspera venció el plazo para que Portland deposite los 400.000 dólares de seña y no lo hizo.
EL INMUEBLE
Tiene una superficie cubierta de 3.694 m², en un terreno de 1.822 m², que consta de "oficinas amplias, salas de reuniones, espacios de coworking, salón comedor para personal, estacionamiento privado con capacidad para más de 20 vehículos, importantes sótano con gran capacidad de almacenamiento, zona de carga y descarga de camiones, ascensor y montacarga. Excelente estado general y funcionalidad operativa".
Tomando como base de cálculo un valor de 1.168 dólares el m2, AA presentó en su momento una tasación como "valor real" de ese inmueble, de 4.315.000 dólares, firmada por Nadia Ingaramo, de la Inmobiliaria Century 21.
A continuación, la autorización firmada por el juez Lorenzini el 6 de marzo de 2026, en los tribunales de Reconquista:
