En la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Verónica Baró Graf presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Pública en Salud Mental en todo el territorio santafesino. La iniciativa surge como respuesta al crecimiento de lesiones autoinfligidas y al aumento de la demanda en el sistema sanitario, agravado por el contexto socioeconómico actual.
Una situación crítica en los hospitales
La diputada, médica y docente, fundamentó el pedido citando datos alarmantes del Nodo Reconquista (departamentos General Obligado, Vera y San Javier). Según trabajadores del sector y colegios profesionales, el Hospital Central de Reconquista llegó a tener la mitad de sus camas ocupadas por urgencias de salud mental, careciendo de los recursos humanos y técnicos para un abordaje adecuado.
Asimismo, se aportaron estadísticas del estudio "Santa Fe Cómo Vamos", que indican que en la capital provincial las atenciones se duplicaron en solo tres años: de 25.509 consultas en 2021 a 53.677 en 2024.
Los puntos centrales del proyecto
La emergencia se establece por un periodo de 18 meses y propone que el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, garantice los siguientes ejes:
Acceso y Gratuidad: Asegurar de forma inmediata prestaciones, medicación y servicios gratuitos para personas en situación de vulnerabilidad.
Plan de Prevención: Creación de un Plan Provincial de Prevención del Suicidio con participación de la sociedad civil y especialistas.
Condiciones Laborales: Garantizar entornos de trabajo dignos para los profesionales, apertura de escalafones para enfermería y trabajo social, y guardias de salud mental activas los fines de semana.
Recursos en el Primer Nivel: Revertir la falta de materiales básicos (como tests y herramientas de diagnóstico) en los centros de salud y SAMCoS.
Atención Digital: Implementación obligatoria de líneas telefónicas y mensajería instantánea atendidas por personal capacitado para situaciones de riesgo.
El rol del Estado
Baró Graf denunció que las políticas actuales de reducción de recursos y el "retiro del Estado" han desvalorizado el rol profesional y profundizado las desigualdades. "Ya no alcanza con la asistencia básica; son necesarios dispositivos específicos de abordaje y programas de prevención que hoy escasean", afirmó la legisladora.
El proyecto también faculta al Ejecutivo a interceder ante obras sociales como IAPOS y empresas de medicina prepaga para asegurar la cobertura de las prestaciones, además de exigir la elaboración de un informe estadístico anual detallado por departamento para orientar las políticas públicas.
