En el mediodía del viernes 20 de marzo de 2026, el fiscal Sebastián Galleano imputó a José Gustavo Alderete, 55, vecino de Avellaneda, el delito de "amenazas coactivas agravadas " en calidad de autor, en perjuicio del intendente de la ciudad, Gonzalo Braidot.
Según la imputación, el episodio ocurrió el 17 de marzo de 2026, alrededor de las 03:00 de la madrugada, cuando Alderete se comunicó telefónicamente con el mandatario local. En un primer momento, la llamada no fue atendida. Sin embargo, el intendente devolvió la comunicación y fue allí cuando Alderete comenzó a insultarlo, sin permitirle responder, por lo que el funcionario decidió cortar la llamada.
Lejos de cesar en su accionar, el imputado envió al menos cinco mensajes de audio a través de WhatsApp, en los que desplegó un discurso intimidatorio, violento y coactivo.
De acuerdo a la Fiscalía, Alderete expresó frases como: "Te voy a matar", "No sabes con quién te estás metiendo", "Voy a buscar mi máscara y ni vos te vas a salvar", "Vos haces lo que te digo porque te va a ir mal".
Además, realizó una amenaza de extrema gravedad al manifestarle, "Si no la bajás vos, la voy a bajar yo; si yo la bajo, la mato", en referencia a una tercera persona.
También lo intimidó con exponerlo públicamente: "Me voy a todos los medios y te delato, te mando al frente, voy a decir que sos cómplice".
Para la Fiscalía, estas expresiones tuvieron como finalidad doblegar la voluntad del intendente mediante amenazas y presión.
LA INVESTIGACIÓN
El fiscal explicó que la investigación se llevó adelante en conjunto con la Policía de Investigaciones, logrando reunir pruebas en un corto plazo.
Entre las medidas realizadas se destacan: la obtención de los audios de WhatsApp, algunos de los cuales habían sido eliminados por el imputado; informes de identificación del número telefónico; registros de llamadas entrantes y salientes, que acreditan la comunicación previa; y un allanamiento en el domicilio de Alderete.
El procedimiento permitió concretar la detención el 18 de marzo, alrededor de las 19:00 horas.
MEDIDAS CAUTELARES
Tras la imputación, el fiscal Galleano solicitó la prisión preventiva por el plazo máximo legal, al considerar acreditados los riesgos procesales y la existencia de evidencia suficiente.
Por su parte, la defensora pública Valeria Lapissonde solicitó la libertad con restricciones, proponiendo incluso un domicilio alternativo en otra ciudad.
La Fiscalía se opuso a esta alternativa, al entender que no neutralizaba los riesgos e incluso podía incrementar el peligro de fuga.
Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez Martín Gauna Chapero resolvió transformar la detención en prisión preventiva por el plazo de ley.
