En el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado, el Gobierno Nacional, a través de sus canales oficiales, publicó este martes 24 de marzo de 2026, una pieza audiovisual titulada "Las víctimas que quisieron esconder". El material, de 1 hora y 15 minutos de duración, establece desde su inicio una postura crítica frente a la política de Derechos Humanos de las últimas dos décadas.
La posición del Ejecutivo: críticas al "experimento narrativo"
Según sostiene la voz en off que introduce el video, en el año 2003 se inició una "masiva campaña política" financiada con fondos públicos para imponer una visión "sesgada y revanchista" de los años 70. El Gobierno afirma que este proceso tuvo como fin "beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político". Bajo esta premisa, el documental sostiene que el actual Poder Ejecutivo se dispone a dar visibilidad a la "historia completa", argumentando que una memoria parcial es "un instrumento de manipulación".
El testimonio de Miriam Fernández (Nieta 127)
El video se apoya principalmente en el relato de Miriam Fernández; 50; nieta restituida, quien narra su experiencia personal y su enfrentamiento con el sistema judicial y los organismos de Derechos Humanos:
Vínculo familiar: Fernández reivindica a sus padres de crianza (un policía y su esposa). Asegura que, aunque su padre la recibió de manos de un militar en 1976 de forma irregular, lo hizo por amor y no como un "negocio". "Para el mundo es mi papá. Le guste o no le guste, va a ser mi papá", declara en la pieza.
Denuncias contra organismos: La mujer califica como "traumático" el accionar de la CONADEP y de Abuelas de Plaza de Mayo durante su proceso de identificación, denunciando acoso domiciliario y una "guerra de egos" para obligarla a cambiar su apellido. Fernández afirma que la Justicia y los organismos intentaron borrar su identidad como "Fernández" para imponerle los apellidos de sus padres biológicos (Poblete-Moyano), algo a lo que ella se resistió judicialmente.
Visión de los hechos: Fernández sostiene que su madre biológica no era una "joven idealista", sino que habría participado en la colocación de una bomba en Mendoza. "Para sanar tenemos que contar la historia verdadera", sentencia.
Otros testimonios y el cuestionamiento de cifras
El documental incluye también la palabra de Arturo Larrabure, quien relata el secuestro de su padre, el militar Argentino del Valle Larrabure, a manos del ERP en 1974. A través de este testimonio, el Gobierno busca equiparar la visibilidad de las víctimas de las organizaciones guerrilleras con las del terrorismo de Estado.
Finalmente, el material refuerza la postura del presidente Javier Milei, quien en repetidas ocasiones ha manifestado su desacuerdo con la cifra de 30.000 desaparecidos, remitiéndose al registro de 8.753 víctimas elaborado por la Conadep en 1984. El video concluye sosteniendo que las nuevas generaciones tienen derecho a una visión integral de los hechos, "libre de imposiciones ideológicas".
.
EL DOCUMENTAL COMPLETO:
