Mediante un comunicado de prensa emitido este Miércoles Santo, 1 de abril de 2026, el gobierno de Santa Fe informó que, "en el marco del plan de control por Semana Santa, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe llevó adelante operativos de fiscalización en las zonas centro y sur de la provincia, detectando graves irregularidades que atentan contra la sostenibilidad del recurso ictícola. Como resultado, dos frigoríficos fueron sancionados por infringir la Ley de Pesca N° 12.212".
En la localidad de Arroyo Seco, las autoridades constataron que un establecimiento poseía más de 3.000 kg de boga por debajo de la talla mínima reglamentaria y carecía de la documentación que acreditara su legítima tenencia.
Por otro lado, en Coronda, detectaron sábalos fuera de medida y la falta de guías de tránsito habilitantes para el transporte de la mercadería.
Desde la cartera ambiental reconocen que "el río Paraná atraviesa una situación crítica debido a las bajantes históricas de los últimos años, agravadas por el cambio climático. Estos fenómenos han afectado los ciclos reproductivos de las especies, por lo que la pesca ilegal o fuera de reglamento pone en riesgo la renovación natural del recurso y el ecosistema".
Finalmente, avisaron que "los controles se extenderán a frigoríficos habilitados, comercios minoristas, rutas provinciales y diversos cursos de agua en todo el territorio santafesino".
Finalmente, vale remarcar que el gobierno jamás informa detalles sobre las sanciones ni de los sancionados. Y esto también es parte de la editorial que compartimos a continuación.
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LA OPINIÓN DE GUSTAVO RAFFIN
Mientras las sanciones no pongan en riesgo las ganancias, los frigoríficos seguirán financiando la muerte de los ríos santafesinos.
Mientras las sanciones por depredación de los ríos no pongan en riesgo las ganancias de los frigoríficos pesqueros, el negocio seguirá siendo redondo: se paga la penalidad como quien paga un peaje, se la incorpora al costo operativo, y seguirá la depredación. Más muerte y ganancia para pocos.
La ecuación es brutal en su simpleza. Si la multa es un precio de oferta para hacer lo que está prohibido, la prohibición no existe. Y si el Estado no informa públicamente los montos, los beneficiarios ni los reincidentes de esas sanciones, entonces tampoco existe la rendición de cuentas. Solo existe el comunicado de prensa que anuncia la sanción sin decir cuánto, a quién, ni con qué consecuencias reales. Suena a justificación de que algo se hace.
Lo que los números ocultos revelan
Llama la atención —y debería alarmar— que las autoridades santafesinas repitan el mismo guion: "Se sancionó la depredación". Punto. Sin montos. Sin nombres, sin información sobre si el sancionado reincidió, sin datos sobre si alguna vez se ejecutó realmente una multa que haya puesto en jaque la continuidad de una operación. Los dueños del negocio ni siquiera tienen exposición social. Son "frigoríficos".
Esa opacidad no es descuido burocrático: es elocuente. Cuando un gobierno informa que sanciona pero no informa cómo, está protegiendo al sancionado. Y el resultado habla por sí solo: la depredación continúa.
Si las multas funcionaran como disuasión, el comportamiento cambiaría. No ha cambiado.
El río que se entrega a precio de liquidación
Lo que está en juego no es solo una especie ictícola ni un ecosistema abstracto. Es el Paraná, uno de los ríos más biodiversos del planeta, que atraviesa la provincia con la fuerza de un recurso estratégico que debería sostener economías enteras y cada vez más prósperas, durante generaciones.
En cambio, el sistema está en jaque, con la complicidad al menos pasiva del Estado a favor de una cadena de valor que concentra sus beneficios en unos pocos frigoríficos, mientras deja en la costa o sobre precarias embarcaciones llenas de redes cada vez más pequeñas, más coladoras, a trabajadores informales, sin cobertura social, sin jubilación, atrapados en una actividad que tiene los años contados porque está destruyendo su propia base.
Es inadmisible que la política pública tolere —y en los hechos financie, al no ponerle precio real a la extracción masiva— un modelo de negocio que es, en esencia, el negocio de la muerte. La muerte del pez, la muerte del río, y con el tiempo, la muerte de las posibilidades de desarrollo de las comunidades que viven en sus márgenes.
El pez vivo vale más
Existe un modelo alternativo que no es utopía: el turismo de pesca deportiva y recreativa, la observación de fauna, los corredores ecoturísticos, la gastronomía basada en pesca artesanal sustentable. En todas esas actividades, el pez en el agua vale más que el pescado.
Un surubí o un dorado que un pescador deportivo engancha, fotografía y libera generará ingresos en servicios, alojamiento, guías, combustible, gastronomía y equipamiento que multiplican su valor económico varias veces, sin poner en riesgo la sustentabilidad.
El pez muerto, faenado e incluso exportado se convierte en un ingreso único, concentrado, que no genera empleo local formal y que descuenta capital natural. Esas mallas también arrasan con el futuro.
El turismo de naturaleza y pesca deportiva genera millonarias inversiones en infraestructura, con guarderías, largaderos, alojamientos, caminos, internet, energía y otros servicios básicos. Trae divisas. Trae trabajo calificado y no calificado. Hay que atender a mucha gente con capacidad de pago. Y, fundamentalmente, pone al habitante de la costa en el lugar del anfitrión, del guía experto, del conocedor del territorio: un rol con dignidad, con ingreso estable, con perspectiva de futuro.
Los pobres pescadores que hoy depredan por necesidad también merecen otro destino. La pesca comercial jamás los sacará de la pobreza. Los sostiene con carencias y matando. No son los villanos de esta historia, como algunos simplifican. Son trabajadores precarizados por un sistema económico concentrado, sin alternativas reales. Venden su trabajo —y el patrimonio colectivo del río— porque nadie les ha ofrecido otra cosa. Esa es también una responsabilidad del Estado. La reconoció el primer gobernador al que le escuchamos asumir un compromiso. Fue Hermes Binner, quien en su primera visita a Reconquista le avisó al representante de los pescadores de la Región Reconquista, con este periodista como testigo, que se iba a terminar la pesca con muerte, que iban a trabajar con ellos en la reconversión... que seguimos reclamando. Alguien tendrá que comenzarla.
Esos trabajadores sabrán comprender que un modelo de desarrollo basado en el turismo y la pesca sustentable no los deja afuera. Al contrario, los incluye, pero de una manera más virtuosa: como guías de pesca, como tripulantes de embarcaciones turísticas, como gestores de emprendimientos de orilla, como parte de una cadena de valor que no agota el recurso, sino que lo cuida porque su sustento depende de que siga existiendo. El cambio de paradigma no es contra ellos; es con ellos, es con todos, porque también hay otros actores del sistema que deberán sumarse al cambio.
El costo político de la valentía
¿Por qué no cambia nada, entonces? Porque cambiar implica enfrentar intereses económicos organizados que financian campañas y silencios, que tienen abogados y lobbistas que conocen los laberintos regulatorios y saben cómo moverse en ellos.
Pero hay algo que los ríos sí tienen: límites. Y cuando un ecosistema colapsa, no hay multa ni política pública que lo restaure en el corto plazo. El costo de la inacción —de las multas que no duelen, de la opacidad sobre las sanciones, de la complacencia con el modelo extractivo— no lo pagará esta gestión. Lo pagarán las próximas generaciones, y lo pagarán sin poder apelar a ningún tribunal.
La advertencia
Santa Fe tiene una oportunidad histórica de convertir sus ríos en motor de desarrollo sostenible. Tiene el recurso, tiene el conocimiento de su gente, tiene comunidades que podrían transformarse en protagonistas de una economía de naturaleza.
Con el entusiasmo del convencimiento, desde ReconquistaHOY instamos a decisiones políticas urgentes. No más anuncios. En Semana Santa nos acordamos de los discípulos que en Emaús al propio Jesús le pidieron ver las heridas de los clavos para creer. Que el gobierno empiece por hacer públicas las sanciones por depredación con montos, y que estos sean realmente disuasorios, que los reincidentes sean conocidos, y que el costo de destruir el río sea mayor que el costo de cuidarlo.
Mientras eso no ocurra, el Estado está administrando la depredación.
Gustavo Raffin
