El miércoles 1 de abril de 2026, Mariana Romero, preceptora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) N° 582 del Barrio Lanceros del Sauce de Reconquista, contó en Radio HOY un grave episodio ocurrido alrededor de las 09:00 horas de la víspera, que involucró a un estudiante de los años superiores que amenazó de muerte a sus compañeros y llegó a arrojarle una tijera.
Romero, que se identificó como "preceptora única" de 111 estudiantes, relató que el conflicto se desató durante el recreo cuando un grupo de alumnas se acercó a ella para informarle que un estudiante había expresado a "viva voz" que "los iba a matar a todos", que "merecían la muerte" y eso es lo que él pretendía hacer.
Al intervenir la preceptora en el aula, el estudiante reafirmó sus declaraciones frente a otros docentes y secretarios de testigo. En esas circunstancias, advirtió que la situación comenzaba a "tornarse más violenta" y, al no encontrarse cumpliendo funciones la directora de la institución, Mabel Cian, decidió recurrir "a lo inmediato, que es llamar al tutor del estudiante".
"Cuando yo intento salir, estaba terminando de hablar y de tratar de bajar los ánimos, me arroja una tijera que no impactó en mí, pero que fue muy cercana a mi persona. Estoy segura porque tengo bien presente el sonido, chocó contra uno de los vidrios de la puerta", detalló Romero.
Incluso, luego se enteró por compañeros del estudiante que éste la "persiguió en una actitud violenta" cuando se dirigía a hablar con su padre, mientras otra docente intentaba frenarlo.
En ese momento, cuestionó que no se haya hecho presente la directora, entendiendo que "no existía algo más urgente que tratar de resolver y dar cauce a esta situación". "Yo tuve que llamar a mi directora y poco más presionarla a que vaya a la escuela. Ese día no cumplía funciones, pero tenía que estar", aseveró.
"Aterrorizados"
La preceptora pudo confirmar que los alumnos se sintieron "aterrorizados" por la amenaza del joven, que ya tiene episodios anteriores de violencia y que, por el momento, no está asistiendo a la institución.
"Esta es una situación que ya viene reiterándose, ya ha sucedido... Fue todo elevado al Socioeducativo, ya hicieron intervenciones que no han servido en absoluto porque llegamos a este punto que estamos en lo mismo... Y no es que lo siento, estoy en peligro y hay toda una institución con menores que está en peligro con esas declaraciones", remarcó Romero.
Críticas a la supervisión educativa
Durante la comunicación, la preceptora cuestionó la falta de acompañamiento institucional y apuntó directamente contra la supervisora Andrea Starna y la encargada del equipo Socioeducativo, Analía Faccioli, a quienes acusó de no activar los mecanismos correspondientes.
"Eran las siete de la tarde y yo no había tenido ninguna información por ninguna vía oficial, o si se dio parte a los padres", reclamó Romero.
Y si bien confirmó que Faccioli estuvo presente en la reunión que mantuvo con el delegado de la Región II de Educación, Sergio García, en la mañana de este miércoles, "no dio solución absolutamente a nada".
Starna, por su parte, directamente no concurrió y la cuestionó por ello: "Yo la crucé: cuando yo llego, ella sale de la sala donde se iba a hacer la reunión y no apareció más. No sé qué cuestión tan importante y tan urgente tenía para resolver, más que el relato de lo que yo había comentado que les dijeron en la cara a estudiantes que los iban a matar", agregó.
Medidas
Romero aclaró que su intención no es excluir al estudiante y destacó que "existen dispositivos y medios, como las trayectorias especiales domiciliarias, que garantizan el derecho a la educación del estudiante". Sin embargo, "tiene que ver con la voluntad de quienes tienen mayores jerarquías que uno para activar este tipo de cuestiones".
Por eso, hizo responsables de cualquier hecho futuro a la supervisora Starna y a Faccioli, señalando que "no están dando la respuesta y no están activando el mecanismo que corresponde; tienen habilitado un medio y no lo están utilizando".
Dejó claro que no tiene miedo sobre las posibles represalias que puede recibir por hacer público el caso y ya radicó la denuncia correspondiente.
