El próximo martes será la audiencia decisiva para el futuro del juez penal Mauricio Martelossi, quien está suspendido en el cargo desde junio de 2025, tras la formal denuncia presentada por dos ministros del Gobierno de Maximiliano Pullaro (Fabián Bastia y Pablo Cococcioni) por mal desempeño en sus funciones, por lo que pidieron su juicio político. 

A las 11 horas del 14 de abril de 2026, el Dr. Martelossi está citado a comparecer ante el tribunal de enjuiciamiento de magistrados. En esa "audiencia de vista", el procurador hará la acusación final, donde fundamentará ante el tribunal por qué considera que debe ser expulsado de la magistratura. Luego, Martelossi podrá ensayar su última defensa y, finalmente, cada uno tendrá derecho a réplica. Los miembros del tribunal podrán interrogar o requerir aclaraciones o informaciones al acusado.

Terminada esa audiencia, el tribunal tendrá hasta diez días para dar a conocer su veredicto.

La resolución definitiva se adoptará por mayoría de los miembros del tribunal, con expresión de sus fundamentos en forma impersonal, y se absolverá o condenará al acusado.

La sentencia absolutoria importará la automática reintegración del magistrado a sus funciones y el pago inmediato del importe retenido de sus sueldos desde que fue suspendido, y las costas serán a cargo del fisco.

Si es condenado, serán a su cargo las costas.

El tribunal está integrado por los siete miembros de la Corte Suprema, más dos representantes de la Legislatura Provincial (un diputado (José Corral) y un senador (Rodrigo Borla) y dos representantes de los abogados: Ignacio Solá y Joaquín Cordero, presidentes de los Colegios de Abogados de Venado Tuerto y Rafaela, respectivamente.

TESTIMONIO DEL PROCURADOR

Entrevistado por Gustavo Raffin en Radio HOY, el Dr. Jorge Barraguirre explicó los motivos centrales por los cuales considera que el magistrado debe ser expulsado. Se mostró convencido de probar que Martelossi no posee la idoneidad técnica suficiente para conservar su cargo, por ignorancia manifiesta del derecho y por demoras inaceptables en fundamentar sus sentencias, hasta 13 meses después del dictado, cuando la ley marca 5 días. Reveló que 10 de las 16 sentencias revisadas, son pruebas que "socavan la legitimidad del poder judicial".

Reprochó el procurador el abordaje de las decisiones judiciales que realiza Martelossi, particularmente en materia de prisión preventiva. Según el procurador, existen resoluciones que no consideran todos los factores del sistema jurídico para arribar a decisiones "razonables". Considera que demuestra "ignorancia del derecho... Hay un cierto desmanejo de este microsistema normativo y de la corriente de derecho que está marcando la Cámara desde 2018 en adelante".

El segundo punto, calificado como "tan grave o más" que el anterior, refiere a la sistemática demora en la entrega de los fundamentos de las sentencias. El procurador señaló que, en el bienio 2023-2024, el 50% de las decisiones de fondo de Martelossi estuvieron fuera de los parámetros del plazo razonable. A modo de ejemplo, mencionó que se detectaron demoras de dos, tres, seis, ocho, doce y hasta trece meses, lo cual entienden que es un "extraordinario agravante".

Gustavo Raffin le recordó que en la condena por la corrupción con los viáticos de funcionarios de Vialidad Provincial, se demoró un año en dar a conocer los fundamentos, situación que impedía a la Fiscalía avanzar con la apelación, entre otros perjuicios.

REINCIDENTE

El procurador dijo que entiende que es un agravante que Martelossi ya había sido sancionado anteriormente por la Corte Suprema por haber emitido los fundamentos de la sentencia meses después. "Estamos en presencia de un juez reiterante. Se le llamó la atención, se lo suspendió cinco días, se le dijo que no puede tomarse tanto tiempo... y a los dos o tres años se reitera el mismo patrón, en 10 sentencias que socavan la legitimidad del Poder Judicial", sostuvo Barraguirre, teniendo en cuenta que la confianza ciudadana depende de resolver los conflictos en un tiempo oportuno.

En ese marco, el procurador sostuvo que los elementos "brindan una pauta de conducta antifuncional" y concluye que "no están reunidas las condiciones de idoneidad técnica como para que mantenga su cargo".

¿HAY REITERADOS BENEFICIOS PARA UN ESTUDIO JURÍDICO?

Consultado por Gustavo Raffin sobre si en las 16 sentencias revisadas existe una repetición de abogados que se hayan beneficiado por las demoras, Barragirre no quiso adelantar opinión. Respondió: "Es una cuestión que me quiero preservar porque estamos viendo si hay algún patrón. Por ahora, sin prejuzgar quién es favorecido o quién fue perjudicado, estamos sosteniendo que con este criterio es suficiente para la destitución", explicó el funcionario.

Ante la posibilidad de que este examen revele una figura delictiva -como una concertación con abogados-, Barraguirre aclaró: "Las concertaciones delictivas las tiene que investigar el órgano pertinente".

A continuación, la entrevista al procurador de la Corte en Radio HOY:

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LA GOTA QUE REBALSÓ EL VASO

Fue la excarcelación de Joaquín Camilo Carrizo, DNI Nº 44.654.343, quien está preso por el asesinato del remisero Juan Carlos Martínez, 65.

Reproducimos a continuación, la editorial de Gustavo Raffin , publicada inmediatamente luego del asesinato del remisero Martínez, con Carrizo ya detenido, cuando empezaba el fin de Martelossi como juez.

  ESTADO ASESINO   

LA PUERTA QUE MATA 

LA PUERTA GIRATORIA DEL PODER JUDICIAL

(En este caso, el portero fue Martelossi)

Joaquín Camilo Carrizo tiene tracalada de hechos. Fue arrestado por la policía al menos trece (13) veces; y siempre recuperó la libertad por orden de quien era el fiscal de turno en ese momento, hasta que lo dejaron preso cuando casi mató a una persona a puñaladas. Esa detención aceleró el proceso y quince meses después, fue condenado.

Le hicieron un combo por tres hechos delictivos y se dejó de lado el resto, para favorecer el acuerdo firmado por el fiscal Nicolás Maglier, el defensor público Orlando Toniolo y la jueza penal Claudia Bressán. De esa manera, evitando el juicio, en procedimiento abreviado fue condenado por lesiones graves dolorosas, resistencia a la autoridad, hurto agravado por la participación de un menor y hurto simple  en concurso real entre sí, en calidad de autor, a la pena de dos (2) años de prisión; pero, ese mismo día 9 de noviembre de 2023 -producto del acuerdo- se lo dejó en libertad condicional. 

CASI MATÓ

A la 00:30 h del 21 de mayo de 2022, en el pasaje 107/109 al 861 del Barrio Cooperación de Avellaneda, con un cuchillo Tramontina que fue secuestrado por la policía, apuñaló en abdomen y hemitórax izquierdo a un familiar, quien esa misma madrugada tuvo que ser sometido a cirugía de urgencia para salvarle la vida. Y luego de un tiempo en terapia intensiva, se recuperó. En el combo del acuerdo también ingresaron dos hurtos del 14 y 25 de octubre de 2020, en uno de ellos con la agravante de que actuó junto a un menor de 15 años, cuando entraron a robar en una casa de calle 5 al 380 de Avellaneda.

Todos los demás hechos, fueron olvidados de la persecución penal para favorecer el acuerdo, que para el fiscal fue "un acuerdo lógico, razonable",  teniendo en cuenta que la víctima a la que casi mató (su pariente) lo ayudó, declarando que no fue un ataque, sino una pelea (riña), y que no quería que quede preso. Por eso, el fiscal quitó la calificación de homicidio en grado de tentativa por lesiones graves dolosas, convencido de que en un eventual juicio no iba a poder probarlo sin la colaboración de la propia víctima.

CONDENADO PERO EN LIBERTAD

Tras esa condena del 9 de noviembre de 2023, Carrizo recuperó la libertad (sin cumplir los dos en prisión) y siguió cometiendo delitos.

En la madrugada del viernes 23 de febrero de 2024, se enfrentó cara a cara con un vecino del Pasaje Sur al 920 del Barrio Belgrano de Avellaneda (Sr. Ottiger), quien, al despertar por un ruido, se encontró con el delincuente dentro de su dormitorio, robándole el celular. A pesar de la resistencia, pudo atrapar a Carrizo hasta que llegó personal del Comando Radioeléctrico y lo llevó arrestado. Y otra vez lo dejaron libre.

Y siguió delinquiendo y metiéndose en casas ajenas, con todo el riesgo que eso significa, además de posibles traumas insuperables, o difíciles de superar.

En el amanecer del 28 agosto de 2024, Carrizo forzó la puerta que da al living y asaltó a mano armada (con un cuchillo Tramontina) la vivienda ubicada en calle 111 al 640 de Avellaneda, lastimando en manos y rostro a Natalia Berti, a quien le robó el celular y se fue rompiendo un vidrio, pero al instante fue atrapado por Luis Mario Píccoli y un vecino, quienes lo entregaron cuando llegó la policía.

Este fue otro hecho bisagra para el insoportable Carrizo; por eso, el fiscal Maglier ordenó nuevamente su detención. Logró que un tribunal lo deje en prisión preventiva y en tiempo casi récord presentó acusación para que se realice el juicio (solo por el hecho del 28 de agosto. No sabemos por qué no ingresó también la acusación por el suceso del 23 de febrero, situación que ReconquistaHOY observó al MPA para que lo revisen).

Por el último caso (en casa de la familia Berti-Piccoli) el fiscal Maglier presentó acusación y pedido de condena de cuatro (4) años de prisión; y que permanezca privado de la libertad; pero en la audiencia preliminar al juicio, realizada el 6 de marzo de 2025, el juez penal Mauricio Martelossi no dio lugar a su pedido, y dejó a Carrizo en libertad, con la condición de constituir domicilio en la casa de su hermana Marisol Vanina Carrizo, en la Manzana Q, casa 9 del Barrio La Cortada, quien aceptó ser su guardadora. Además, le prohibió ingresar a la ciudad de Avellaneda (donde están sus víctimas) y acercarse a menos de 200 metros de ellas, presentarse en la Comisaría más cercana cada 15 días, prohibición de portar armas, prohibición de drogarse y emborracharse, prohibición de cometer nuevo delito; obligación de someterse a un tratamiento "psiquiátrico o psicológico", lo cual debía acreditar dentro de los 30 días siguientes, y comparecer cada vez que sea citado.

El magistrado dijo que él entendía que lo único que había que cautelar era a las víctimas, y que eso lo resolvía con esas restricciones y obligaciones, lo que contentó a los abogados defensores (Degoumois padre e hijo).

Añadimos un dato: Para entonces, ya regía la Ley de Reiterancia, pero en los tribunales de Reconquista, nadie se acordó de utilizarla.

LIBERADO POR EL JUEZ MARTELOSSI, SIGUIÓ DELINQUIENDO

Mal utilizando la generosidad del juez garantista (Juez "Zaffaroniano", como lo llamaron Pullaro y Bastía), en el amanecer del lunes 24 de marzo de 2025, Carrizo fue otra vez detenido tras sustraer el teléfono celular de Stella Sosi, 63, para lo que asaltó la vivienda, en el Barrio La Cortada. Y otra vez lo dejaron libre. Siguió con esa manía peligrosa de meterse en casas ajenas.

Finalmente, Carrizo fue nuevamente detenido acusado de ser quien asesinó con varias puñaladas al remisero Juan Carlos Martínez, quien el 27 de abril de 2025 debería haber cumplido 66 años; y aún así, no dejaba de trabajar, ni de madrugada.

En este interín, Carrizo fue nuevamente condenado, por otro de los asaltos. Y tiene pendiente el juicio por el crimen contra el remisero.

Gustavo Raffin

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