El fiscal Sebastián Galleano imputó a Sandra Isabel Fernández (41), empleada municipal; Emiliano Oscar Alberto Zalazar (33); Ricardo Javier Rodríguez (38); Francisco Antonio Ortiz (29); Luciano David Fratti (39), todos ellos trabajadores de la construcción; y a Gustavo Daniel Farías (53), comerciante, el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de más de tres personas, en carácter de coautores, que se reprocha con pena mínima de seis años de prisión.
Ante la jueza de la investigación penal preparatoria, Claudia Bressán, el fiscal le atribuyó a los seis imputados, por desarrollar una actividad estable, organizada y reiterada de expendio de estupefacientes en el Barrio La Cortada de Reconquista. Sostuvo que de la investigación surge que los involucrados no actuaban de manera aislada, sino integrando un circuito organizado con división funcional de roles, donde distintos domicilios cumplían funciones específicas de acopio, fraccionamiento, venta, resguardo y coordinación.
Convalidadas las detenciones y la figura delictiva escogida por el representante del Ministerio Público de la Acusación, la jueza Bressán ordenó que los seis detenidos queden en prisión preventiva sin plazo determinado, tal lo solicitado por el fiscal, al considerar que existen elementos suficientes para acreditar su participación en el hecho investigado; y en contra de la opinión de los defensores, que intentaron que los deje en libertad.
La defensora pública Tania Stechina, representó a Fernández, Fratti y Farías; Roberto Pagura a Ortiz; y Ricardo Degoumois, padre e hijo a Zalazar y Rodríguez.
FISCAL
El fiscal Galleano explicó que los allanamientos y las detenciones fueron producto de la investigación previa.
Señaló que los allanamientos realizados el 1 de abril, permitieron secuestrar numerosos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, como drogas con test positivo, balanzas, dinero en efectivo y otros elementos de corte y fraccionamiento.
Destacó además que lo particular de la causa es que se intervinieron ocho domicilios de manera simultánea, que funcionarían de forma coordinada dentro de una misma estructura.
En relación a Francisco Ortiz, recordó que ya había sido imputado en 2024 por hechos similares, lo que fue tenido en cuenta en esta investigación.
Respecto a la empleada municipal Sandra Fernández, el fiscal indicó que, en caso de acreditarse su situación como responsable de menores, podría evaluarse en otra audiencia una morigeración de la medida cautelar, en línea con criterios de la Fiscalía General en materia de perspectiva de género.
La audiencia se realizó en el mediodía del miércoles 8 de abril de 2026, en los tribunales de Reconquista.
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PRUEBAS SECUESTRADAS
En el domicilio de Francisco Antonio Ortiz (donde también estaba Luciano Fratti)
- Un trozo compacto de cocaína (149 gramos)
- Dos bolsas con cocaína (49 g y 13 g)
- 77 envoltorios fraccionados (21 g)
- Cuatro balanzas digitales (tres con vestigios)
- Una cuchara y una tarjeta con restos de droga
- 12 teléfonos celulares
- Un postnet y un GPS
- Un aire comprimido
- Recortes de nylon y bandas elásticas
- 400 dólares y $1.055.000
Domicilio de Sandra Fernández
- Cinco teléfonos celulares
- Balanza de precisión
- Una bocha de cocaína (24,61 g)
- $200.000
- Cuaderno con anotaciones
Domicilio de Emiliano Zalazar
- $51.000
- Un cargador con seis cartuchos sin percutar
- Un celular
- Cuaderno con anotaciones
Domicilio de Ricardo Rodríguez
- $278.500
- Seis teléfonos celulares
Domicilio de Gustavo Farías (Detenido cinco días después del allanamiento)
- $307.350
- Cuatro celulares
- Un cuchillo con vestigios de cocaína
- Material de fraccionamiento
A continuación, varias fotos de los allanamientos. También del fiscal y jueza del caso.
