Este sábado 18 de abril de 2026, a través de un comunicado oficial dirigido a directores y directoras, la Región II de Educación informó que, ante los recientes hechos de amenazas y escritos intimidatorios registrados en el interior de instituciones educativas, resulta imprescindible reforzar los criterios de actuación y acompañamiento.
En el texto, la autoridad educativa remarca la plena vigencia y obligatoriedad de la Circular N° 1/2023: "Procedimiento frente a hechos delictivos contra establecimientos escolares – Formulación de denuncia penal" . Esta normativa establece que, ante situaciones de amenazas, vandalismo o agresiones, las instituciones deben activar de inmediato el protocolo institucional, dar intervención a las autoridades y formular la denuncia penal correspondiente. La Región II enfatiza que estas situaciones no deben ser minimizadas ni abordadas únicamente desde lo pedagógico, sino que requieren una respuesta legal para resguardar a la comunidad.
Asimismo, el organismo recuerda que las amenazas pueden constituir el delito de intimidación pública (Art. 211 del Código Penal), con sanciones de hasta 10 años de prisión. También advierte que, según el Código Civil y Comercial, los padres sonsolidariamente responsables por los daños causados por sus hijos menores. Se suma a esto lo establecido por la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley N° 26.061, que señalan a las familias como agentes primarios responsables de garantizar el respeto a las normas y promover conductas que no vulneren derechos de terceros.
Finalmente, la Región II de Educación insta a trabajar en dos planos: lo urgente, garantizando el cumplimiento del procedimiento legal, y lo importante, promoviendo acciones preventivas. Para ello, sugiere organizar charlas informativas con las familias sobre responsabilidad parental y desarrollar instancias de trabajo con los estudiantes para fomentar el uso responsable de la palabra y la convivencia escolar.
