Este martes 21 de abril de 2026, en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, se reunió el Tribunal de Enjuiciamiento del suspendido juez penal Mauricio Martelossi, para escuchar las conclusiones del acusador y de la defensa, partes representadas por el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre; y el abogado particular contratado por Martelossi, Néstor Oroño.
Cada parte dispuso de 20 minutos para las conclusiones y luego una réplica de 5 minutos, en el marco de la audiencia de vista, como se llama en la ley a esta audiencia final del juicio político. Ahora solo queda esperar el veredicto del tribunal, que se conocerá en el transcurso de los próximos diez días.
La acusación pidió la destitución con costa, y la defensa, la absolución.
La audiencia transcurrió con la solemnidad que impone la instancia más grave que puede atravesar un magistrado: la audiencia de vista en un jury por mal desempeño.
Once miembros —siete representantes de la Corte Suprema provincial, dos de la Legislatura y dos de los Colegios de Abogados— tomaron asiento para escuchar los argumentos finales del procurador Jorge Barraguirre y del abogado defensor Néstor Oroño. Martelossi no habló. Dejó todo en manos de su abogado.
La audiencia comenzó a las 11.24 horas (24 minutos después de la hora citada).
De pie, el procurador Barraguirre abrió su exposición con una síntesis que funcionó como advertencia: el caso del juez Martelossi combina mora, reiterancia y razonamientos que exhiben, a su entender, una falta de aptitudes para el deber de juzgar.
Recordó que en el año 2018, la Corte Suprema ya había sancionado a Martelossi con cinco días de suspensión por demorar seis y doce meses en fundamentar dos sentencias —ambas por abuso sexual—, en lo que el propio máximo tribunal calificó entonces como dilaciones absolutamente injustificables, de extrema gravedad, que comprometieron los derechos de imputados, víctimas y la imagen del sistema penal.
Cinco años después, el accionar de Martelossi empeoró, se multiplicó la demora. Barraguirre desplegó ante el tribunal diez causas con demoras de hasta ocho meses en dar a conocer los fundamentos de sus sentencias, la mayoría por abusos sexuales.
El procurador intentó desarmar una por una las justificaciones que la defensa de Martelossi había esgrimido a lo largo del proceso.
El procurador reprochó que entre 2023 y 2024, Martelossi dictó 16 sentencias de fondo y en la mitad de ellas tuvo demoras en entregar la fundamentación.
Rechazó el argumento defensivo de que tenía sobrecarga de trabajo por tener a cargo también el juzgado de menores. Dijo que de las 94 resoluciones que dictó en ese fuero durante 2024, 87 fueron posteriores al último incumplimiento imputado. «No hay forma de justificar su mora », dijo el procurador.
La idea del «sistema colapsado» como atenuante recibió la crítica más dura: «Es una justificación prefabricada de antemano. Es como si no existiera más la responsabilidad individual». Barraguirre subrayó que Martelossi es el único juez del sistema con semejante tasa de morosidad, lo que destruye la tesis del colapso generalizado como explicación.
El cuarto argumento defensivo —la falta de perjuicios concretos— fue respondido con contundencia: «¡Claro que hubo perjuicio, flor de perjuicio contra la imagen del servicio de justicia!». Y luego, con una reflexión que marcó el tono de su cierre: «Estamos sometidos a dos tipos de obligaciones: ser correctos y serlo del modo más rápido posible. Contra la mora no hay nada. Tenemos que habitar el tiempo vital de la gente ».
El procurador también le reprochó que en el caso Pividori, Martelossi se excusó un año después de haber recibido el expediente, como el ejemplo más palmario de un funcionamiento judicial desvinculado de toda urgencia .
El segundo bloque de cargos giró en torno a seis resoluciones sobre prisión preventiva. En el caso Rolón, Martelossi dedicó la mayor parte de su argumentación para analizar hechos que no habían ocurrido, en lugar de analizar los que sí ocurrieron.
En el caso Coronel —condenado a ocho años por abuso sexual gravemente ultrajante—, Martelossi rechazó el encierro cautelar sin considerar la vulnerabilidad de la víctima, la fuga del condenado a Rosario, su convivencia en el domicilio de la víctima ni la magnitud de la pena. En el caso Pérez —nueve años por abuso sexual—, no realizó ningún ejercicio proyectivo sobre la conducta futura del condenado. En el caso Carrizo, levantó la prisión preventiva sin analizar los antecedentes de un «recalcitrante repitente». Fue quien, a pocos días de salir en libertad, beneficiado por una decisión de Martelossi, mató al remisero Juan Carlos Martínez.
Barraguirre cerró su acusación apelando a un símbolo literario: el Tribunal de la Cancillería que Charles Dickens retrató en Bleak House (Casa desolada), cuya lentitud inhumana motivó su disolución en Inglaterra. «La casa desolada» fue citada como un símbolo de la ruina que provoca la injusticia institucional. Para el procurador, Martelossi es el retrato de lo que Dickens describió en su célebre obra. Y la conclusión fue sin matices: pidió al tribunal su destitución, con costas.
LA DEFENSA
El abogado defensor del juez Martelossi comenzó con una frase del jardín de infantes que, sabido es, no les gusta a los jueces que les reciten: Fue cuando el Dr. Oroño les recordó que «no se destituya a un juez porque no agradan sus fallos». Muy básico.
Le pidió al tribunal que no utilice el jury para sancionar a un juez «honesto, trabajador, sin un solo hecho de corrupción ni consecuencias graves derivadas de sus decisiones».
La defensa construyó su argumentación sobre dos pilares: el contexto de colapso del sistema judicial y la naturaleza jurídicamente discutible de los actos cuestionados.
Sobre las demoras, Oroño colocó los números en perspectiva. Desde que Martelossi asumió en 2014, dictó 3.325 resoluciones en los juzgados de Reconquista, Vera y Las Toscas, y los cargos apuntan a apenas el 0,4% de esas decisiones. «Pongan los números del procurador en ese contexto», pidió al tribunal.
Recordó que la fundamentación de una sentencia es indelegable, que el juez no tiene relator y que, mientras corre el plazo para fundar una sentencia, continúa atendiendo decenas de causas paralelas. «Lejos estamos de un juez perezoso o indolente», afirmó. Y fue más lejos: «Hay una persecución personal y desigual contra el juez Martelossi ».
Sobre las prisiones preventivas, Oroño apeló a la autonomía judicial como principio rector. Citó a Eugenio Zaffaroni: quitarle a un juez la capacidad de valorar equivale a quitarle su corpus jurídico. Presentó estadísticas propias: de 3.325 resoluciones, 126 fueron apeladas —menos del 4%—, y de esas, el 82% fueron confirmadas. Solo el 18% sufrió revocaciones totales o parciales. «Números que hablan por sí solos», dijo.
El caso Carrizo recibió un tratamiento específico. Carrizo es quien, ya teniendo condena, siguió cometiendo asaltos a mano armada y fue nuevamente detenido. Cuando se encaminaba a otro juicio, teniendo la acusación ya presentada por el fiscal Maglier, el juez Martelossi desoyó su pedido de prolongarle la prisión preventiva y lo excarceló. Días después, mató al remisero Juan Carlos Martínez, lo que fue el detonante de la denuncia que presentaron los ministros Fabián Bastía y Pablo Cococcioni y que generó este juicio político.
Oroño explicó que Carrizo llevaba seis meses en prisión preventiva, tenía un déficit en su desarrollo intelectual y el juez ponderó su condición como persona con discapacidad. «No puede valerse del prontuario policial para mantener a alguien encerrado preventivamente —argumentó—. Y no puede prever cuál será el comportamiento futuro».
Oroño remató su exposición recordando precedentes: los casos Bustos Fierros y otros en los que magistrados fueron absueltos en juicio político porque los jueces no pueden ser removidos por el tenor de sus resoluciones. «No hay prevaricato, ni corrupción, ni pérdida de derechos en las resoluciones del juez Martelossi —concluyó—. Proteger a este juez será proteger una magistratura honesta y confiable», concluyó.
RÉPLICAS
En los turnos de réplica, el procurador Barraguirre aclaró que el Tribunal de Enjuiciamiento no juzga delitos sino idoneidad. Y remarcó que las decisiones de Martelossi sobre prisión preventiva no siguieron el sistema normativo vigente . Recordó que la propia Corte, al sancionarlo en 2018, ya había advertido que Martelossi comprometió los derechos del imputado, de la víctima y la imagen del sistema penal.
Oroño, en su última intervención, subrayó que ninguna de las sentencias cuestionadas fue anulada: solo revocadas. Una distinción que, en su criterio, marca la diferencia entre el error técnico tolerable y la inhabilidad que justifica una destitución.
La audiencia concluyó a las 12.26 h de este martes 21 de abril de 2026.
Ahora el Tribunal de Enjuiciamiento deliberará para definir si Mauricio Martelossi continúa o no en la magistratura que ocupa desde 2014. En diez días debería difundir su veredicto.
La resolución definitiva se adoptará por mayoría de los miembros del tribunal, con expresión de sus fundamentos en forma impersonal, y se absolverá o condenará al acusado.
La sentencia absolutoria importará la automática reintegración del magistrado a sus funciones y el pago inmediato del importe retenido de sus sueldos desde que fue suspendido, y las costas serán a cargo del fisco.
Si es condenado, serán a su cargo las costas.
El tribunal está integrado por los siete miembros de la Corte Suprema: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza, Jorge Baclini, Rubén Weder y Eduardo Spuler, este último ausente en esta audiencia por problemas de salud, fue reemplazado por el camarista penal de Rafaela Matías Drivet; más dos representantes de la Legislatura Provincial, el diputado José Corral y el senador Rodrigo Borla; y dos representantes de los abogados: Ignacio Solá y Joaquín Cordero, presidentes de los Colegios de Abogados de Venado Tuerto y Rafaela, respectivamente.
TESTIMONIO DEL PROCURADOR
Entrevistado por Gustavo Raffin en Radio HOY, el Dr. Jorge Barraguirre explicó los motivos centrales por los cuales considera que el magistrado debe ser expulsado.
Se mostró convencido de probar que Martelossi no posee la idoneidad técnica suficiente para conservar su cargo, por ignorancia manifiesta del derecho y por demoras inaceptables en fundamentar sus sentencias, hasta 13 meses después del dictado, cuando la ley marca 5 días. Reveló que 10 de las 16 sentencias revisadas, son pruebas que «socavan la legitimidad del poder judicial».
Reprochó el procurador el abordaje de las decisiones judiciales que realiza Martelossi, particularmente en materia de prisión preventiva. Según el procurador, existen resoluciones que no consideran todos los factores del sistema jurídico para arribar a decisiones «razonables». Considera que demuestra «ignorancia del derecho... Hay un cierto desmanejo de este microsistema normativo y de la corriente de derecho que está marcando la Cámara desde 2018 en adelante».
El segundo punto, calificado como «tan grave o más» que el anterior, refiere a la sistemática demora en la entrega de los fundamentos de las sentencias.
El procurador señaló que, en el bienio 2023-2024, el 50% de las decisiones de fondo de Martelossi estuvieron fuera de los parámetros del plazo razonable . A modo de ejemplo, mencionó que se detectaron demoras de dos, tres, seis, ocho, doce y hasta trece meses, lo cual entienden que es un «extraordinario agravante».
Gustavo Raffin le recordó que en la condena por la corrupción con los viáticos de funcionarios de Vialidad Provincial, se demoró un año en dar a conocer los fundamentos, situación que impedía a la Fiscalía avanzar con la apelación, entre otros perjuicios.
REINCIDENTE
El procurador dijo que entiende que es un agravante que Martelossi ya había sido sancionado anteriormente por la Corte Suprema por haber emitido los fundamentos de la sentencia meses después. «Estamos en presencia de un juez reiterante. Se le llamó la atención, se lo suspendió cinco días, se le dijo que no puede tomarse tanto tiempo... y a los dos o tres años se reitera el mismo patrón, en 10 sentencias que socavan la legitimidad del Poder Judicial», sostuvo Barraguirre, teniendo en cuenta que la confianza ciudadana depende de resolver los conflictos en un tiempo oportuno.
En ese marco, el procurador sostuvo que los elementos «brindan una pauta de conducta antifuncional» y concluye que «no están reunidas las condiciones de idoneidad técnica como para que mantenga su cargo».
No están reunidas las condiciones de idoneidad técnica como para que mantenga su cargo.
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LA GOTA QUE REBALSÓ EL VASO
Fue la excarcelación de Joaquín Camilo Carrizo, DNI Nº 44.654.343, quien está preso por el asesinato del remisero Juan Carlos Martínez, 65.
Reproducimos a continuación, la editorial de Gustavo Raffin , publicada inmediatamente luego del asesinato del remisero Martínez, con Carrizo ya detenido, cuando empezaba el fin de Martelossi como juez.
ESTADO ASESINO
LA PUERTA QUE MATA
LA PUERTA GIRATORIA DEL PODER JUDICIAL
(En este caso, el portero fue Martelossi)
Joaquín Camilo Carrizo tiene tracalada de hechos. Fue arrestado por la policía al menos trece (13) veces; y siempre recuperó la libertad por orden de quien era el fiscal de turno en ese momento, hasta que lo dejaron preso cuando casi mató a una persona a puñaladas. Esa detención aceleró el proceso y quince meses después, fue condenado.
Le hicieron un combo por tres hechos delictivos y se dejó de lado el resto, para favorecer el acuerdo firmado por el fiscal Nicolás Maglier, el defensor público Orlando Toniolo y la jueza penal Claudia Bressán. De esa manera, evitando el juicio, en procedimiento abreviado fue condenado por lesiones graves dolorosas, resistencia a la autoridad, hurto agravado por la participación de un menor y hurto simple en concurso real entre sí, en calidad de autor, a la pena de dos (2) años de prisión; pero, ese mismo día 9 de noviembre de 2023 -producto del acuerdo- se lo dejó en libertad condicional.
CASI MATÓ
A la 00:30 h del 21 de mayo de 2022, en el pasaje 107/109 al 861 del Barrio Cooperación de Avellaneda, con un cuchillo Tramontina que fue secuestrado por la policía, apuñaló en abdomen y hemitórax izquierdo a un familiar, quien esa misma madrugada tuvo que ser sometido a cirugía de urgencia para salvarle la vida. Y luego de un tiempo en terapia intensiva, se recuperó. En el combo del acuerdo también ingresaron dos hurtos del 14 y 25 de octubre de 2020, en uno de ellos con la agravante de que actuó junto a un menor de 15 años, cuando entraron a robar en una casa de calle 5 al 380 de Avellaneda.
Todos los demás hechos, fueron olvidados de la persecución penal para favorecer el acuerdo, que para el fiscal fue «un acuerdo lógico, razonable», teniendo en cuenta que la víctima a la que casi mató (su pariente) lo ayudó, declarando que no fue un ataque, sino una pelea (riña), y que no quería que quede preso. Por eso, el fiscal quitó la calificación de homicidio en grado de tentativa por lesiones graves dolosas, convencido de que en un eventual juicio no iba a poder probarlo sin la colaboración de la propia víctima.
CONDENADO PERO EN LIBERTAD
Tras esa condena del 9 de noviembre de 2023, Carrizo recuperó la libertad (sin cumplir los dos en prisión) y siguió cometiendo delitos.
En la madrugada del viernes 23 de febrero de 2024, se enfrentó cara a cara con un vecino del Pasaje Sur al 920 del Barrio Belgrano de Avellaneda (Sr. Ottiger), quien, al despertar por un ruido, se encontró con el delincuente dentro de su dormitorio, robándole el celular. A pesar de la resistencia, pudo atrapar a Carrizo hasta que llegó personal del Comando Radioeléctrico y lo llevó arrestado. Y otra vez lo dejaron libre.
Y siguió delinquiendo y metiéndose en casas ajenas, con todo el riesgo que eso significa, además de posibles traumas insuperables, o difíciles de superar.
En el amanecer del 28 agosto de 2024, Carrizo forzó la puerta que da al living y asaltó a mano armada (con un cuchillo Tramontina) la vivienda ubicada en calle 111 al 640 de Avellaneda, lastimando en manos y rostro a Natalia Berti, a quien le robó el celular y se fue rompiendo un vidrio, pero al instante fue atrapado por Luis Mario Píccoli y un vecino, quienes lo entregaron cuando llegó la policía.
Este fue otro hecho bisagra para el insoportable Carrizo; por eso, el fiscal Maglier ordenó nuevamente su detención. Logró que un tribunal lo deje en prisión preventiva y en tiempo casi récord presentó acusación para que se realice el juicio (solo por el hecho del 28 de agosto. No sabemos por qué no ingresó también la acusación por el suceso del 23 de febrero, situación que ReconquistaHOY observó al MPA para que lo revisen).
Por el último caso (en casa de la familia Berti-Piccoli) el fiscal Maglier presentó acusación y pedido de condena de cuatro (4) años de prisión; y que permanezca privado de la libertad; pero en la audiencia preliminar al juicio, realizada el 6 de marzo de 2025, el juez penal Mauricio Martelossi no dio lugar a su pedido, y dejó a Carrizo en libertad, con la condición de constituir domicilio en la casa de su hermana Marisol Vanina Carrizo, en la Manzana Q, casa 9 del Barrio La Cortada, quien aceptó ser su guardadora. Además, le prohibió ingresar a la ciudad de Avellaneda (donde están sus víctimas) y acercarse a menos de 200 metros de ellas, presentarse en la Comisaría más cercana cada 15 días, prohibición de portar armas, prohibición de drogarse y emborracharse, prohibición de cometer nuevo delito; obligación de someterse a un tratamiento «psiquiátrico o psicológico», lo cual debía acreditar dentro de los 30 días siguientes, y comparecer cada vez que sea citado.
El magistrado dijo que él entendía que lo único que había que cautelar era a las víctimas, y que eso lo resolvía con esas restricciones y obligaciones, lo que contentó a los abogados defensores (Degoumois padre e hijo).
Añadimos un dato: Para entonces, ya regía la Ley de Reiterancia, pero en los tribunales de Reconquista, nadie se acordó de utilizarla.
LIBERADO POR EL JUEZ MARTELOSSI, SIGUIÓ DELINQUIENDO
Mal utilizando la generosidad del juez garantista (Juez "Zaffaroniano", como lo llamaron Pullaro y Bastía), en el amanecer del lunes 24 de marzo de 2025, Carrizo fue otra vez detenido tras sustraer el teléfono celular de Stella Sosi, 63, para lo que asaltó la vivienda, en el Barrio La Cortada. Y otra vez lo dejaron libre. Siguió con esa manía peligrosa de meterse en casas ajenas.
Finalmente, Carrizo fue nuevamente detenido acusado de ser quien asesinó con varias puñaladas al remisero Juan Carlos Martínez, quien el 27 de abril de 2025 debería haber cumplido 66 años; y aún así, no dejaba de trabajar, ni de madrugada.
En este interín, Carrizo fue nuevamente condenado, por otro de los asaltos. Y tiene pendiente el juicio por el crimen contra el remisero.
Gustavo Raffin
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Podés escuchar a Gustavo Raffin, de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, en Radio HOY FM 96.9 - También con tu celular, tablet o computadora, haciendo clic aquí: https://www.reconquistahoy.com/radio-en-vivo
