El Gobierno de Santa Fe profundiza su estrategia de acompañamiento a las zonas afectadas por la emergencia hídrica con un paquete de medidas que combina financiamiento productivo, asistencia directa y obras de infraestructura. Así lo informó la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien confirmó el lanzamiento de cuatro líneas de crédito por un total de $ 17.960 millones, junto con la declaración de la emergencia agropecuaria en los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado.
"Se trata de herramientas con tasas muy favorables para los productores, en un contexto complejo, para sostener el desarrollo económico-productivo, que es el motor de la provincia ", señaló Coudannes. Las líneas de financiamiento, destinadas a productores y cooperativas, se instrumentan a través del Nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con plazos de hasta 36 meses y una tasa final del 20 % anual subsidiada por la Provincia.
En el detalle técnico, la vocera indicó que se contemplan créditos para capital de trabajo con un cupo de $ 4.000 millones y para inversiones productivas con un fondo de $ 5.000 millones. Asimismo, se dispuso una línea específica para cooperativas eléctricas de $ 690 millones, orientada a sostener la infraestructura energética en las zonas golpeadas por el clima.
En paralelo, Coudannes explicó que se sostiene un operativo integral en el norte santafesino, con equipos de Salud trabajando en prevención, control sanitario y vacunación. Según detalló la funcionaria, ya se relevaron más de 300 viviendas y se asistió a más de 700 personas con alimentos, frazadas, colchones y kits de limpieza en coordinación con los gobiernos locales.
Finalmente, en materia de infraestructura, la vocera subrayó que la Provincia ejecuta más de 260 obras hídricas en todo el territorio para mitigar el impacto de fenómenos climáticos. "Nos estamos preparando y anticipando a escenarios como el fenómeno de El Niño, con intervenciones en canales, terraplenes, desagües y alcantarillado", precisó Coudannes, destacando la decisión de sostener una política activa para fortalecer la resiliencia de las comunidades.
