Durante el último fin de semana, el Gobierno de Santa Fe avanzó con las notificaciones a familiares de alumnos identificados como autores de amenazas en establecimientos educativos. Esta acción patrimonial busca recuperar los gastos generados por los operativos de seguridad, identificando a los adultos responsables para exigir el pago de los costos de intervención.
Entre el viernes y el sábado se entregaron 11 notificaciones en los departamentos San Lorenzo, La Capital, General Obligado, San Javier, Las Colonias y San Martín, por un monto total que supera los 36 millones de pesos. En uno de los domicilios, una abuela increpó a su nieto con la frase "¿Qué hiciste, no te da vergüenza?" al ser informada de que debían abonar 5.802.007 pesos por los costos operativos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, enfatizó que "no es broma; es un delito" y aclaró que se trata de una indemnización civil por el daño ocasionado al Estado. Los montos, que se calculan según los recursos policiales afectados (combustible, vehículos y brigadas de explosivos), deben abonarse en un plazo de cinco días. Superado ese tiempo, los antecedentes se derivan a la Fiscalía de Estado.
Cococcioni explicó que, al ser una deuda civil regida por el Código Civil y Comercial, el Estado tiene la facultad de embargar sueldos o inhibir bienes de los responsables para asegurar el resarcimiento.
-
-
