Se supo ayer que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia confirmó la condena para el abogado Ricardo Ceferino Degoumois por reiterados abusos sexuales a una menor de 14 años, en dos hechos, donde se le impuso la pena de tres años de prisión condicional a que guarde buena conducta y cumpla con determinadas reglas de conducta, más la inhabilitación perpetua para ejercer la abogacía.
Agotados los recursos en la provincia, al condenado le queda el Recurso Extraordinario Federal. Puede pedirle a la Corte Provincial que lo eleve a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si no le dan lugar, pueden intentar por la vía de la Queja. El máximo tribunal de justicia de la Nación puede modificar una sentencia que deja firme una provincia cuando entiende que no se respetó la Constitución, tratados internacionales, leyes nacionales o si observa alguna arbitrariedad manifiesta.
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EJECUCIÓN DE LA CONDENA
El artículo 9 de la Ley 7055 que regula el recurso de inconstitucionalidad en la provincia, establece que la ejecución de la pena solo se suspende cuando el recurso de inconstitucionalidad ha sido concedido. La suspensión opera únicamente cuando el tribunal admite el recurso y lo eleva para su tratamiento. En consecuencia, mientras no haya concesión, la pena puede comenzar a ejecutarse, incluso si el condenado intenta otras vías (como el recurso extraordinario federal). Pero luego vino el "Caso Baraldo" donde la Corte Provincial tuvo un criterio diferente en un polémico fallo dividido. Si se llega a esa instancia, habrá que ver qué dice la actual composición de la Corte.
Hasta este viernes 15 de mayo de 2026, ningún tribunal dispuso el inicio de la ejecución de la condena; por lo tanto, el profesional puede seguir ejerciendo la abogacía.
