Llegó el día y en el peor contexto: 15 de mayo de 2026.
Luego de dos prórrogas, se acabó el plazo que el juez Fabián Lorenzini había otorgado a los dueños de Algodonera Avellaneda para que consigan el acuerdo mínimo de ley con sus acreedores para poder homologar su concurso preventivo.
Y quedó muy lejos de conseguir el apoyo de acreedores que puedan reunir el 2/3 del total de lo adeudado, porque el Banco Nación Argentina no aceptó ninguna propuesta de pago.
Frente a esta situación extrema, la empresa reconquistense presentó este viernes al juez Civil y Comercial de Reconquista un escrito urgente en el que le pide al magistrado que excluya al banco estatal del cómputo de mayorías y homologue el acuerdo preventivo. Sin esa decisión judicial, la quiebra parece inevitable, remarcan.
Frente a este muro, los abogados de AA —Héctor Luis Vizcay y Diego Feser— presentaron hoy un escrito judicial en el que denuncian la conducta del banco estatal como abusiva y contraria al interés concursal, y solicitan al juez dos cosas simultáneas: que excluya al BNA del cómputo de las mayorías y que, en consecuencia, homologue el acuerdo preventivo ya alcanzado con el resto de los acreedores.
APLASTANTE
EL PESO DEL BANCO NACIÓN
Para entender la magnitud del problema, basta con un número: el BNA concentra un crédito verificado de $1.585.782.428,89 pesos y U$S 260.791.600,40 dólares, lo que representa nada menos que el 80% del pasivo quirografario total de AASA. En la práctica, esto significa que la suerte de la empresa —y de cientos de puestos de trabajo en Reconquista, Chaco y Santiago del Estero— dependía de la decisión de un único acreedor.
Los letrados lo expresaron sin rodeos en el escrito: "Esto implica, lisa y llanamente, que la continuidad de la empresa está en manos de un solo acreedor. En nuestro caso, del BNA."
Y agregaron: "Si no se obtienen las mayorías necesarias dentro del período de exclusividad, el escenario de quiebra parecería ser inevitable, dejando en consecuencia la empresa de funcionar como tal, con todos los perjuicios que esto acarrea, no solo para el titular de la explotación, sino para los trabajadores, sus familias y toda la comunidad."
"RAZONES AJENAS A LO ECONÓMICO"
REHENES
Los abogados de AA le dicen al juez que la empresa "no es más que un rehén de una entidad financiera que —independientemente de la alternativa que se le presente— no va a otorgar su conformidad, pues persigue un interés contrario o más bien paralelo al concursal".
Vuelven a insistir en que el préstamo que el BNA reclama a AA nunca le fue entregado directamente a la algodonera: fue desembolsado en su totalidad a Vicentin S.A.I.C., empresa que entró en cesación de pagos y cuyo caso derivó en investigaciones penales que tienen a directivos del propio BNA como imputados. En ese contexto, señalan los letrados, los funcionarios del banco se negaron a votar cualquier alternativa por la exposición pública que eso les genera.
La conclusión del escrito es contundente: "La conducta del BNA impide notoriamente la reestructuración del pasivo de AA y la concreción de la conservación de la empresa, pues desde su posición de acreedor controlante o dominante —pese a los mejores esfuerzos de mi representada— rechazó sistemáticamente todas y cada una de las mejores propuestas que se le presentaron."
QUIEREN EL REMATE
Vale recordar que, además, el BNA avanza en paralelo con una demanda de ejecución hipotecaria contra la planta industrial de AASA en el Parque Industrial de Reconquista, tramitada ante el Juzgado Federal del Dr. Aldo Alurralde, con el objetivo de rematar el principal activo productivo de la empresa.
Para los abogados de AASA, esa acción simultánea es la prueba más elocuente de las verdaderas intenciones del banco: "La ejecución hipotecaria paralela es la manifestación cabal de que el BNA no tiene interés en el cobro de su crédito en el marco del proceso universal y la posibilidad de que la empresa siga funcionando y brindando trabajo a la población, sino agotar las instancias judiciales, resguardando las responsabilidades de sus funcionarios".
OTRA ACUSACIÓN
AA DICE QUE EL BNA ACTÚA CONTRA SU PROPIO INTERÉS
Uno de los argumentos más llamativos del escrito es que el BNA, al negarse a aceptar la propuesta, actúa incluso en contra de su propio interés patrimonial. En un escenario de quiebra, el banco recuperaría una fracción ínfima de su acreencia. Con la propuesta de AASA, cobraría el 100%, dicen los abogados de AA.
"A mayor abundamiento, el BNA —al no votar la propuesta concursal formulada por AASA— se coloca a sí mismo en una peor situación, puesto que —en ningún escenario liquidativo— percibiría un mayor dividendo que con las propuestas alternativas ofrecidas", señala el escrito.
A esto se suma otro problema estructural: los apoderados del BNA que se presentan en el expediente no tienen facultades para votar ni para aceptar quitas o esperas. Esa decisión debe tomarse en el seno del Directorio del banco, que solo se reúne mediante convocatorias formales periódicas. Una burocracia estatal, argumentan los letrados, incompatible con los tiempos urgentes de un concurso preventivo.
"ACREEDOR HOSTIL"
Y LA PRETENSIÓN DE AA
El escrito de AA también contiene la solicitud de homologación. Si el juez acepta excluir al BNA del cómputo, las mayorías ya están alcanzadas con el resto de los acreedores: 32 votos favorables sobre 58 acreedores computables (55,17% de personas) y 82,29% del capital computable, superando holgadamente los mínimos legales exigidos por el artículo 45 de la Ley 24.522.
Los letrados entienden que el BNA debe ser calificado como acreedor hostil —figura reconocida por la doctrina y la jurisprudencia— dado que su interés personal es manifiestamente contrario a la continuidad de la empresa, y que, independientemente de la propuesta que se le presente, no prestará conformidad. En ese marco, solicitan formalmente que sea excluido de la base de cómputo y que el acuerdo sea homologado.
Como resguardo, formularon también reserva del caso federal, advirtiendo que una resolución denegatoria implicaría la violación del derecho de defensa, el debido proceso y la protección constitucional del trabajo.
EL DRAMA SOCIAL
CASI 400 EMPLEADOS
Detrás de los números y los argumentos jurídicos hay una realidad concreta: AA es uno de los empleadores importantes de la región. Su fábrica de hilos y telas en el Parque Industrial de Reconquista y las desmotadoras de algodón en General Pinedo (Chaco) y en Banderas (Santiago del Estero) sostienen casi 400 empleos directos, y muchos indirectos. Solo en Reconquista son más de 300 empleos en blanco. Y vale recordar que llegaron a ser más de 500.
El escrito lo plantea en términos que van más allá de lo estrictamente jurídico: "La hostilidad del BNA pone en juego las fuentes de trabajo de cientos de personas que actualmente se encuentran bajo la dependencia de AA (...). Esta circunstancia enerva cualquier posibilidad de desarrollo y/o crecimiento económico de dichas regiones y/o comunidades."
Y remata con una reflexión de fondo: "La suerte de una compañía y de cientos de trabajadores no puede quedar al arbitrio de una entidad con participación estatal, a sabiendas de que el Estado no es proclive a otorgar adhesiones a propuestas concordatarias, incluso cuando —como el de AASA— se le ofrece el pago del 100% del crédito quirografario."
EL PESO DE LA DECISIÓN
En estas horas, el juez tiene que resolver dentro del marco legal y, mientras tanto, los empresarios lo apuran a que favorezca sus pretensiones, advirtiéndole que, de no hacer lugar, "la quiebra parecería ser inevitable"; y afectaría a cientos de trabajadores.
Mientras tanto, este mismo viernes, el juez Fabián Lorenzini ordenó una inspección en la planta de Algodonera Avellaneda para evaluar instalaciones cuestionadas por la EPE y convocó a directores, acreedores y fazoneros a una audiencia el 21 de mayo. También requirió información a la obra social OSPIT sobre deudas pendientes.
A continuación, el escrito urgente de la empresa con el controvertido pedido que le hacen al juez Lorenzini:
A continuación, algunas imágenes de audiencias vinculadas al caso Algodonera Avellaneda:
