Con la sanción de la Ley Nº 14.439, el Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en la modernización de su estructura institucional. El proyecto, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, establece la creación del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, una herramienta que busca reorganizar el fuero encargado de resolver los conflictos entre el Estado (provincial, municipal o comunal) y los ciudadanos.
La reforma tiene como objetivos principales agilizar los procesos, unificar criterios judiciales y garantizar una mayor previsibilidad. Hasta el momento, el control de las decisiones estatales recaía directamente sobre la Corte Suprema, una situación que, según las autoridades, limitaba el acceso a la justicia.
UN CAMBIO ESTRUCTURAL PARA MAYOR ACCESO
La secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero, destacó que esta medida "salda una deuda histórica" de la provincia. La funcionaria explicó que, a diferencia del esquema tradicional de juzgados, se implementará un modelo moderno de Colegio de Jueces. Este sistema contará con ocho magistrados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones integrada por cuatro jueces, con competencia en todo el territorio santafesino.
Este nuevo diseño permitirá que las personas presenten sus reclamos ante jueces de primera instancia, contando con la posibilidad de una revisión posterior en una instancia de apelación.
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES
La normativa introduce una Oficina de Gestión Judicial específica para este fuero. Su función será centralizar las tareas administrativas y la coordinación de audiencias, permitiendo que los jueces se enfoquen exclusivamente en dictar sentencias. Además, el sistema operará íntegramente de forma digital, utilizando expedientes electrónicos y audiencias virtuales.
Según detalló Tonero, el uso de plataformas digitales permitirá que la distancia ya no sea un obstáculo para el avance de las causas, asegurando una distribución equitativa de los expedientes en toda la provincia.
SEGURIDAD JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA
El Gobierno Provincial apunta a que esta transformación genere procesos más ágiles y cercanos, poniendo a las personas en el centro del sistema judicial. La reforma busca aportar seguridad jurídica tanto para los ciudadanos como para las instituciones públicas y privadas a través de criterios más uniformes.
La implementación de la ley será progresiva e incluirá la creación de los cargos judiciales y administrativos necesarios. Se estableció que la normativa entrará en vigencia 180 días después de su publicación oficial.
