El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó una denuncia penal contra la asociación civil Movimiento Mahatma Gandhi, de la ciudad capital, luego de detectar presuntas irregularidades en el uso de los fondos públicos otorgados mediante el Programa Tarjeta Institucional.
El gobierno explicó que, "esta herramienta tiene como fin fortalecer los comedores comunitarios y garantizar la alimentación de familias vulnerables; sin embargo, la provincia resolvió dar de baja a la institución como receptora de fondos estatales tras constatar que el dinero fue utilizado para consumos en locales de comida rápida como McDonald"s, restaurantes céntricos, bares y kioscos".
La situación fue descubierta durante las auditorías habituales que realiza el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
Según los informes oficiales, las rendiciones de cuentas presentadas por la organización no coincidían con los resúmenes de la tarjeta, donde figuraban gastos que no tienen relación con el objeto del programa. Al ser el Gobierno Provincial el único habilitado para depositar en dicha cuenta, se estableció que todos los movimientos debían estar vinculados exclusivamente a la compra de alimentos para los beneficiarios.
El Movimiento Mahatma Gandhi estuvo conducido hasta abril de 2024 por el dirigente social Luciano "Chano" Rossi, quien ya registra antecedentes con la administración pública. En julio de 2025, fue exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) al detectarse que, "de los últimos 2103 días, solo asistió a trabajar en 651 ocasiones, ausentándose en 1452 jornadas".
Y remarcan que había ingresado a la empresa estatal en el año 2015 bajo el antiguo régimen de ingreso "hereditario", sistema que fue reemplazado por la actual gestión por concursos de capacidad.
"Ante la gravedad de los hechos y con el objetivo de resguardar los recursos destinados a la asistencia social, el Gobierno puso toda la información a disposición de la Justicia para que se investiguen los delitos correspondientes".
Desde la gestión provincial remarcaron que "estos mecanismos de control son una política permanente para asegurar que el presupuesto público llegue efectivamente a quienes más lo necesitan".
