En decisión unánime, el tribunal de segunda instancia, integrado por los jueces Fabio Mudry, Oscar Burtnik y Martha Feijoó, revocó sentencia de primera instancia y elevó a diez años de prisión la condena para Ramón Alberto Villanueva, 64; como autor del delito de tentativa de femicidio agravado por el vínculo y por ser la víctima mujer y haber mediado violencia de género. El hecho fue en la localidad de La Gallareta, departamento Vera, 100 Km al sur de Reconquista por Ruta Nacional 11.
El agravamiento del reproche penal es a consecuencia de que el Ministerio Público de la Acusación había apelado la sentencia de primera instancia, en desacuerdo con el fallo firmado por los jueces Martín Gauna Chapero, Norma Senn y Gonzalo Basualdo, quienes habían condenado a Villanueva a la pena de cinco años de prisión, al descartar la tentativa de femicidio. En primera instancia, el 23 de septiembre de 2025, lo habían condenado solo por lesiones agravadas por el vínculo.
El fiscal Valentín Hereñú ponderó que el veredicto actual sienta un precedente de gran relevancia debido a la contundencia del relato de la víctima sobre el contexto del ilícito, permitiendo que Villanueva reciba una sanción proporcional a la gravedad de la agresión.
BRUTAL ATAQUE EN LA VÍA PÚBLICA
El hecho por el cual Villanueva resultó condenado ocurrió durante la madrugada del domingo 17 de diciembre de 2023 en la vía pública, cuando Villanueva interceptó a su expareja mientras caminaba hacia la vivienda de un familiar, encontrándose acompañado en ese momento por la hija menor de edad de ambos.
Allí, el hombre agredió a la mujer utilizando una cuchilla con la que le aplicó varios puntazos que le causaron heridas que pusieron en riesgo su vida. El ataque finalizó debido a la intervención de otros hijos de la pareja, quienes se hicieron presentes en el lugar y lograron quitarle el arma blanca a su padre.
Con respecto al trasfondo del caso, el representante del MPA expuso que el condenado ejercía violencia de género física y psicológica hacia la víctima desde hacía tiempo, conducta que incluía amenazas de muerte previas con armas blancas, tal como quedó acreditado en el transcurso del debate.
LOS FISCALES PEDÍAN 13 AÑOS DE CONDENA
Al apelar, los fiscales sostuvieron que el fallo de primera instancia incurría en graves errores de valoración probatoria y encuadre legal; y la sentencia se apartaba tanto de la prueba producida como de la normativa vigente, y desconocía estándares internacionales que obligan a juzgar con perspectiva de género.
FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO
La fiscalía denunció que el tribunal de primera instancia no aplicó de manera adecuada la perspectiva de género en la valoración de los hechos y de la prueba, lo que derivó en exigencias indebidas para acreditar el contexto de violencia.
Fiscalía cuestionó especialmente la desestimación del testimonio de la víctima y de su hija menor. Afirmó que el tribunal realizó una lectura fragmentaria de la prueba y descartó estándares internacionales que reconocen centralidad a la palabra de la mujer en contextos de violencia.
También objetó la aplicación del artículo 177 del Código Procesal Penal sobre la abstención de testigos, al considerar que priorizar la preservación de vínculos familiares deteriorados puede obstaculizar la tutela judicial efectiva.
Agregaron que la sentencia soslayó el contexto de asimetría de poder, las dificultades de la víctima para abandonar el hogar y las amenazas previas con armas blancas. "Se calificó el testimonio como solitario sin considerar el entorno de violencia estructural", advirtieron.
DISPUTA POR LA CALIFICACIÓN LEGAL
El segundo eje de la impugnación se centró en el encuadre jurídico del hecho. La fiscalía rechazó la calificación de "lesiones graves" adoptada por el tribunal de primera instancia y sostuvo que las pruebas acreditaban una tentativa de homicidio.
Para Fiscalía, la intención de matar se desprende de la mecánica del ataque: múltiples puñaladas dirigidas a zonas vitales como el cuello, el tórax y el abdomen, además de la continuidad de la agresión cuando la víctima ya se encontraba en el suelo. En ese sentido, consideró arbitraria la exclusión del agravante por violencia de género, ya que —según afirma— se acreditó una relación atravesada por desigualdad de poder y violencia estructural.
Los representantes del Ministerio Público de la Acusación consiguieron que la Cámara Penal recalifique el hecho como tentativa de homicidio doblemente agravado —por el vínculo y por mediar violencia de género— y que eleve la condena.
De acuerdo a la investigación, Villanueva desbordaba de celos.
LA PERSISTENCIA DE LA FISCALÍA
Ante la mirada del tribunal de primera instancia —integrado por los jueces Martín Gauna Chapero, Norma Senn y Gonzalo Basualdo—, quienes no observaron la intención de matar, Hereñú destacó la importancia de actuar con la "debida diligencia".
"A criterio de nuestra parte, era muy claro el contexto de violencia de género... Lo que él quería hacer esa noche era efectivamente matar y que no lo pudo hacer por la defensa que llevó a cabo la víctima y porque los hijos, que estaban a muy poca distancia al lugar, intervinieron para interrumpir ese ataque", aseveró en Radio HOY.
