Cuando Rocío Vera tenía 14 años y estaba en un reciente embarazo, fue atacada por un grupo de personas (mayores y menores de edad), quienes la golpearon hasta la agonía. En ese estado, la violaron y persistieron en el ataque hasta matarla a golpes, fracturándole varios huesos de la cara y la cabeza, lo que derivó en un edema cerebral.
Descartaron su cuerpo entre los pastos altos de un baldío contiguo a la casa abandonada donde fue el ataque (donde pernoctaban como usurpadores varios de los condenados) sobre la Avenida Interbarrial Sur (calle San Martín al 4.100) de la Ciudad de Reconquista. Tras la búsqueda desesperada, encontraron su cadáver el 13 de julio del año 2020, luego de dos días de intensas búsquedas.
El fiscal Nicolás Maglier remarcó que «la víctima fue agredida sexualmente por un grupo de personas que luego le quitó la vida en un contexto de extrema violencia de género».
Leonardo Godoy, Juan Daniel Godoy, Brian Carlos Altamirano y Pascual Fernando Fagundes, todos mayores de edad, fueron condenados a la pena de prisión perpetua por la coautoría del ilícito.
El otro «partícipe necesario» era menor de edad al momento del hecho (le faltaban días para cumplir los 18). Por eso, fue sometido a proceso dentro del sistema penal de menores, donde le impusieron la pena de diez (10) años de prisión y «se le otorgó una modalidad excepcional de ejecución de la pena, al margen de los supuestos previstos por la ley y sin atender a las circunstancias esenciales del caso», y le permitieron cumplir la condena en prisión domiciliaria.
Ese beneficio fue concedido por el juez penal de primera instancia Santiago Banegas (luego renunció al cargo) y ahora lo ratificó la Cámara Penal constituida por tres conjueces: los abogados Aníbal Marchetti, Franco Corchuelo y Sixto González, quien presidió el tribunal.
Frente a esta ratificación de la prisión domiciliaria, mediante un comunicado de prensa emitido el 30 de junio de 2026, el Ministerio Público de la Acusación, MPA, anunció que presentará un Recurso de Inconstitucionalidad«para que cumpla la condena de forma efectiva en dependencias del Servicio Penitenciario, y no de forma domiciliaria» .
GRAVES DEFECTOS
El fiscal Maglier sostuvo que «el fallo de la Alzada incurrió en graves defectos de fundamentación, lo cual supone la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva y al acceso a una respuesta jurisdiccional adecuada». A su vez, remarcó que «al ratificar la decisión de primera instancia, se incumplió el deber de debida diligencia reforzada en la sanción de un hecho delictivo aberrante cometido contra una adolescente».
Opinó que la sentencia de los conjueces que actuaron como camaristas, además, incurre en «una interpretación constitucionalmente inadecuada del régimen aplicable, incompatible con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por lo que afecta de forma concreta diferentes garantías constitucionales», manifestó Maglier.
El fiscal también expuso que «la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que la ausencia de respuestas judiciales adecuadas frente a la violencia de género favorece la impunidad, transmite un mensaje de tolerancia hacia ese tipo de conductas, contribuye a su perpetuación y debilita la confianza de las víctimas y de la sociedad en el sistema de justicia».
INICIALES
El comunicado de prensa del MPA concluye informando que las iniciales del condenado a 10 años de prisión domiciliaria son EG; y que su nombre no se brinda porque la pena se le impuso en el marco de la Justicia de Menores, anterior al nuevo sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Por normativa nacional e internacional en la materia, se debe resguardar la identidad de las niñas, los niños y los adolescentes en conflicto con la ley penal.
