En Radio HOY, Gustavo Raffin informó sobre otro caso conmocionante que tiene como principal víctima a un niño, y brindó detalles de la decisión del juez de familia de Reconquista. También se habló de la posibilidad de que el caso termine con condenas de prisión efectiva por la posible apropiación ilegal de un recién nacido que durante tres años y cinco meses estuvo vinculado de manera informal con una profesional de Reconquista.
El caso fue judicializado por Laura Rosana Nadalich, quien luego de criar al niño desde recién nacido, intentó legalizar la adopción plena planteando que es inconstitucional la normativa vigente, a lo que no dio lugar el juez de familia de Reconquista y elevó el caso al Ministerio Público de la Acusación para que investigue posibles delitos.
LOS HECHOS
Según surge del expediente «Nadalich Laura Rosana s/ Adopción», el niño nació el 15 de febrero de 2023 en la localidad de San Javier y cuenta únicamente con la filiación materna.
TESTIMONIO DE LA MADRE DE CRIANZA
Yo me hice cargo amorosamente; lo amo.
De acuerdo con el relato de la pretensa adoptante, la progenitora atravesaba un embarazo no buscado y decidió, ya avanzada la gestación, entregar a su hijo en adopción. El contacto se dio a través de una tercera persona, identificada como María Fernanda, conocida de ambas mujeres.
Declaró que la madre le confió voluntariamente al niño, al que trajo a vivir con ella a Reconquista dos días después del nacimiento, cuando le dieron el alta (en el hospital de San Javier).
Añadió que la madre biológica colaboró inicialmente con los trámites necesarios para la documentación del niño, quien tiene DNI y lleva el apellido de la madre, quien luego se desvinculó completamente, sin mantener ningún tipo de contacto posterior.
Desde entonces, según sostuvo Nadalich, el niño permaneció de manera ininterrumpida bajo su cuidado exclusivo, en Reconquista, asumiendo todas las funciones del rol materno: contención afectiva, cuidado personal, atención médica y educación. El niño asistía a un jardín maternal, recibía controles de salud periódicos y, de acuerdo con lo expuesto en la causa, no reconoce otro vínculo familiar que el que tenía con Nadalich y su entorno.
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TESTIMONIO DE LA PROGENITORA
Cuando me enteré (del embarazo) se me cayó el mundo... y no me daba para interrumpir el embarazo, y se me puso en la cabeza buscar una familia para entregarlo.
Declaró que fue un embarazo no deseado, «por una falla de los anticonceptivos y en el momento que me enteré, se me cayó el mundo. Tengo un hijo, trabajaba mañana y tarde (como empleada doméstica y niñera) y se me complicaba. Cuando me fui a hacer la ecografía, me faltaba una semana para los tres meses y no me daba para interrumpir el embarazo, y se me puso en la cabeza buscar una familia para entregarlo».
No lo quería ni tenía los medios para sostenerlo.
Agregó que fue entonces cuando le contó «a María Fernanda que tenía en mente buscar una familia, y quedó sorprendida, pero le dije que no lo quería ni tenía los medios para sostenerlo, y ahí me habló de Laura, y esto ya cuando estaba entrando en los 8 meses. Me dijo que si estaba segura, que le avise si necesitaba ayuda».
«El día que nace, le avisé al mediodía que había nacido el bebé, y le dije que si tenía la persona, si era de confianza, y a la noche me comunicó que ya había hablado, que llegaba al otro día, así que nos hicieron controles, pedí que me colocaran el chip, y estuvimos charlando con Laura. No había buscado ni un nombre, porque mi punto de vista era que ella le dé un nombre, porque para mí, yo no estaba. Ella me pidió que firme un papel para poder manejarse en la ruta con xxxx (el bebé), luego hicimos las vacunas juntas, el DNI juntas...».
Con ese sustento fáctico, Nadalich promovió la demanda de adopción plena, planteó la inconstitucionalidad del artículo 611 del Código Civil —que prohíbe este tipo de entregas directas— y sostuvo que dicha norma solo apunta a «situaciones irregulares o delictivas» en las que los niños son tratados «como objetos de cambio», categoría en la que, a su criterio, no encuadraba su caso.
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LA OPOSICIÓN DE LOS ORGANISMOS DE NIÑEZ
Tanto la asesora de menores como la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia se opusieron al pedido.
El dictamen de la Asesora de Menores:
En representación del niño, la Asesora de Menores remarcó que, antes de avanzar hacia cualquier salida adoptiva, los organismos especializados debían agotar las estrategias para procurar que el niño permanezca en su grupo familiar de origen. Advirtió, además, sobre un riesgo concreto: que la inacción del Estado, sumada al desconocimiento de la existencia del niño por parte de otros familiares que "eventualmente podrían pretender tardíamente tener una nueva oportunidad", vulneraría "de manera flagrante el derecho fundamental de Álvaro Antonio a acceder a su familia de origen en primer lugar".
Para la Asesora, la falta absoluta de vinculación o contacto del niño con su familia biológica constituye en sí misma una vulneración de derechos, en tanto el objetivo que debe perseguirse es garantizar el derecho humano de todo niño, niña o adolescente a vivir, desarrollarse y ser cuidado dentro de su propio ámbito familiar.
Dictamen de la Dirección Provincial de Niñez:
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, la directora provincial del organismo se expresó en el mismo sentido, con un tono aún más directo. Sostuvo que el Estado "no puede avalar ni mirar hacia un costado" ante una situación en la que no se respetó "ni el más mínimo grado de resguardo legal".
La funcionaria remarcó que, durante más de dos años, el niño vivió con una persona que se presenta ante la sociedad como "su madre", sin que en todo ese tiempo se hubiera promovido ninguna acción tendiente a la delegación de la responsabilidad parental por parte de la progenitora. Cuestionó que recién ahora se iniciara una acción de adopción "que no respeta ninguno de los lineamientos legales", y fue clara respecto del camino que correspondía seguir: "Debiendo en todo caso iniciar la acción que jurídicamente corresponda, pero nunca pretender que el vínculo legal sea la adopción".
LA SENTENCIA
El eje central de la sentencia del juez de familia es el procedimiento.
El Dr. Hernán Andrés Julián explicó que el sistema normativo argentino en materia de adopción exige tres etapas sucesivas e ineludibles: la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, la guarda con fines de adopción y, recién después, el proceso de adopción propiamente dicho. Cada una de esas etapas requiere la intervención previa de los organismos administrativos de niñez, que deben evaluar si existen alternativas para que el niño permanezca en su familia de origen antes de habilitar cualquier salida adoptiva.
En este caso, ninguno de esos pasos se había cumplido. Así lo señaló el veredicto:
"Ninguno de estos recaudos se encuentra presente en el caso, desde que no existe en autos declaración de situación de adoptabilidad, ni consta la intervención previa del órgano administrativo competente en materia de protección de derechos, como tampoco elementos que permitan concluir que se hayan explorado o agotado alternativas de permanencia del niño en su familia de origen o ampliada."
Para el juez, esa ausencia de control estatal previo no es un detalle formal, sino que implicó una vulneración concreta de derechos:
"Queda claro entonces que el derecho de (el niño) a vivir y desarrollarse en una familia, consagrado en la normativa local e internacional, resultó gravemente vulnerado por no haber intervenido de forma previa los organismos del estado encargados de garantizarlo."
PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DESESTIMADO
El artículo 611 del Código Civil prohíbe la entrega directa de un niño en guarda, ya sea por acto administrativo, escritura pública o mediante los propios progenitores u otros familiares, al margen del sistema de adopción.
Nadalich había argumentado que esa prohibición estaba pensada exclusivamente para casos de tráfico o comercio de niños, y que no correspondía aplicarla a una situación construida sobre la confianza y sin que mediara ningún tipo de pago.
El juez rechazó ese argumento de manera frontal:
"Tal planteo importa, en los hechos, una distorsión o alteración del sentido, alcance e inteligencia de las normas aplicables, al sostener — de manera explícita — que "la prohibición legal se circunscribe únicamente a supuestos irregulares o delictivos en los que los niños son tratados como objetos de intercambio", cuando, precisamente, ese escenario es el que se verificaría en autos."
Y precisó por qué la situación de este niño encuadra exactamente en lo que la ley busca evitar:
"La circunstancia señalada encuadra dentro del supuesto de hecho expresamente vedado por el artículo 611 del Código Civil, que prohíbe este tipo de prácticas, y que responde a la necesidad de evitar que los niños queden al margen del sistema de protección integral."
Es decir: para el magistrado, el bien jurídico protegido por el artículo 611 no se limita a los casos en que hay dinero de por medio, sino que abarca cualquier entrega directa que deje al niño por fuera del control estatal, expuesto a que no se resguarden adecuadamente su identidad y su vida familiar.
El fallo tampoco aceptó que el vínculo afectivo ya consolidado entre Nadalich y el niñopudiera compensar la ausencia de los requisitos legales:
"Tampoco resulta atendible invocar, como fundamento de la pretensión, la existencia de un vínculo afectivo consolidado entre el niño y la actora. Si bien dicho aspecto no puede ser desconocido, carece de aptitud para subsanar la ausencia de los presupuestos legales exigidos."
(Vale recordar que la vinculación entre Nadalich y el niño llevaba más de tres años).
El juez advirtió en su fallo sobre las consecuencias de convalidar el accionar de Nadalich:
"Aceptar lo contrario implicaría admitir que el mero transcurso del tiempo y la consolidación de vínculos de hecho puedan generar derechos en favor de quienes han prescindido de los procedimientos legales, lo que no sólo desnaturalizaría el régimen adoptivo, sino que además incentivaría prácticas que el legislador ha procurado erradicar."
En rigor, el juez no llegó a declarar que el artículo 611 sea constitucional o inconstitucional en abstracto: lo que resolvió es que, en este caso puntual, la situación encuadra dentro de lo que la norma prohíbe, por lo que no correspondía apartarse de su aplicación. Al caer la premisa de la actora, el planteo constitucional quedó sin sustento práctico dentro del expediente.
INVESTIGAR POSIBLES DELITOS
Además de rechazar la adopción, el juez dispuso dar intervención al Ministerio Público de la Acusación para que evalúe la posible comisión delictiva en este accionar ilegal reprochado a Nadalich:
"Las circunstancias descriptas — la entrega directa del niño al margen de toda intervención estatal y la consolidación de una guarda de hecho — imponen dar intervención al Ministerio Público de la Acusación a fin de que evalúe la posible configuración de conductas penalmente relevantes."
Esa cautela tiene correlato en el propio Código Penal Argentino. La figura vigente más cercana, el artículo 146, castiga con prisión de 5 a 15 años a quien sustrajere a un menor de diez años del poder de sus padres y a quien lo retuviere u ocultare, pero fue pensada históricamente para casos de sustracción o «robo» de un niño —como ocurrió durante la dictadura cívico militar—, por lo que no encaja con naturalidad en una entrega voluntaria de la progenitora, como sería en este caso. Aguardamos qué decide el MPA.
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LA RESOLUCIÓN JUDICIAL:
La parte dispositiva del fallo estableció:
- Rechazar la demanda de adopción plena.
- Notificar a la Defensora General.
- Dar intervención al Ministerio Público de la Acusación para que evalúe la posible configuración de conductas penalmente relevantes.
- Disponer la intervención de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, para que evalúe la situación del niño y determine las medidas de protección que correspondan.
- Designar un tutor especial para el niño, con sorteo entre la lista de abogados del niño del Colegio de Abogados.
La abogada que asesora a Nadalich informó a ReconquistaHOY que se decidió no apelar esta decisión del juez de familia de Reconquista, y que no iba a formular declaraciones periodísticas.
La cuestión penal quedó ahora en manos de la fiscalía.
Laura Nadalich dijo a ReconquistaHOY que no quería formular declaraciones.
El niño ya fue retirado de su hogar y llevado a Santa Fe y su cuidado quedó a cargo de la Secretaría Provincial de Niñez.
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ANTECEDENTE
Laura Nadalich ya había recibido anteriormente dos nenas en adopción, otorgada por la entonces jueza de familia Ileana Sínchez, pero a los pocos días de convivencia las devolvió. Entonces estaba anotada en el Ruaga. Pero luego de esa experiencia fallida, fue por la vía informal, consiguiendo ese nene recién nacido en San Javier.
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A continuación, el caso contado en Radio HOY, acompañado por imágenes de la ciudad en vivo, durante la tarde del viernes 24 de julio de 2026:
Los vamos a mantener informados aquí y en Radio HOY 96.9
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