El juez de la Cámara Penal de Apelaciones Eduardo Bernacchia denegó la excarcelación solicitada por la suboficial de la policía de la provincia de Santa Fe, Stefanía Evelin Oviedo, 27, detenida en el marco de una investigación donde está imputada de filtrar información reservada a vendedores de estupefacientes, a quienes anticipó allanamientos para que puedan descartar pruebas.
En primera instancia, el juez penal Mauricio Martelossi es quien había ordenado su prisión preventiva, tal lo solicitado y argumentado por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
Contra esa decisión, l os defensores (abogados Ricardo Degoumois e hijos) apelaron a la Cámara sosteniendo que la prisión preventiva es desproporcionada frente a una imputación cuya escala penal permitiría una eventual pena de ejecución condicional. Según ese planteo, si la condena hipotética pudiera quedar en suspenso, mantener a la acusada detenida antes del juicio implicaría aplicar de hecho la respuesta más gravosa del sistema cautelar sin que estuvieran cumplidos todos los presupuestos legales.
Otro de los argumentos es que su libertad no pone en riesgo la investigación; incluso recordaron que ella colaboró entregando su teléfono y aportó la clave de acceso; y que ya no existían diligencias pendientes que ella pudiera frustrar.
Además, pusieron especial énfasis en que la detenida es madre de una beba de pocos meses (cinco), cuyo padre también se encuentra detenido (el policía Ariel Sena).
Invocaron el interés superior de la niña, informes médicos y la necesidad de fortalecer el vínculo materno-filial, en particular por la lactancia, los controles pediátricos y las dificultades logísticas para trasladar a la menor hasta el lugar de detención, incluso en condiciones climáticas adversas y sin garantías adecuadas de infraestructura.
Como alternativa a la excarcelación plena, la defensa propuso medidas menos lesivas: presentaciones periódicas, sujeción al cuidado de una guardadora —su madre—, prisión domiciliaria, controles aleatorios, restricciones de contacto y hasta la prohibición de uso de teléfono celular. Para los abogados, ese esquema permitiría asegurar la sujeción de Oviedo al proceso y neutralizar cualquier riesgo procesal sin recurrir al encierro en una celda.
LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ DE CÁMARA
El juez Eduardo Bernacchia rechazó el pedido de excarcelación y confirmó la prisión preventiva que había dispuesto Martelossi en primera instancia, al considerar que estaban verificados los requisitos legales para mantener la medida.
En su resolución, sostuvo que existían "elementos de convicción suficientes" para tener por acreditada, en esta etapa, la probable participación de la imputada en los delitos investigados, aunque aclaró que ello no implica desconocer su estado de inocencia.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la pena en expectativa. Para Bernacchia, la eventual condena podría ser "de cumplimiento efectivo".
El magistrado también hizo eje en el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Aunque descartó peligro de fuga por el arraigo de Oviedo, entendió que subsisten riesgos procesales vinculados con la prueba y con posibles testigos. No advierte una "actitud positiva de la imputada", por lo que correspondía confirmar la cautelar.
Bernacchia también rechazó que la prisión domiciliaria fuera automática por la maternidad de Oviedo. Si bien reconoció que el interés superior de la bebé debía prevalecer, sostuvo que ese principio "no se puede invocar a rajatablas", y agregó que la propia Convención sobre los Derechos del Niño no identifica en todos los casos ese interés con la presencia de la madre en el hogar.
Finalmente, el juez entendió que la situación de la bebé estaba razonablemente resguardada por la asistencia de familiares, controles médicos y el acceso a la madre en el lugar de detención (está alojada en una celda de la sede Reconquista de la Policía Federal, en el Centro Cívico de la ciudad (Yrigoyen al 1500). Y ordenó que le gestionen "un nuevo lugar de alojamiento" que permitiera a Oviedo estar con su bebé o contar con condiciones más adecuadas.
SATISFACCIÓN DEL FISCAL
El fiscal Sebastián Galleano valoró la confirmación de lo resuelto por Bernacchia y señaló que "el camarista sostuvo que las evidencias aportadas por la Fiscalía en esta etapa procesal son suficientes para tener por acreditada la materialidad del hecho y también subrayó que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo".
El fiscal del MPA también remarcó que "el juez de segunda instancia ratificó la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio, basado en la capacidad de la imputada para desviar la investigación y el riesgo para los testigos".
El fiscal del MPA hizo hincapié en que "Bernacchia también consideró el pedido de prisión domiciliaria de la Defensa" y puntualizó que "evaluó que el Interés Superior del Niño no se identifica exclusivamente con la presencia materna en el hogar y que, en este caso, la salud y el cuidado de la bebé de la imputada están siendo atendidos por familiares y médicos".
En relación con los hechos ilícitos, Galleano puntualizó que "la mujer imputada y un oficial de la PDI que también está en prisión preventiva (suboficial Ariel Sena) ayudaron a un hombre investigado por vender drogas y a otras personas vinculadas a él a dificultar el accionar del MPA y las fuerzas de seguridad".
Subrayó que "se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos con acceso a información confidencial", y afirmó que "permitieron frustrar parcialmente una serie de allanamientos realizados el viernes 29 de mayo en Avellaneda".
"Mientras la suboficial estaba de licencia, el otro imputado le comunicó la fecha exacta en la que iban a ser allanados una serie de domicilios en Avellaneda", expuso el fiscal. "A su vez, la uniformada alertó por WhatsApp a uno de los residentes en esos inmuebles, a fin de que tanto él como los integrantes de su entorno pudieran eludir la persecución penal", manifestó.
En tanto, Galleano detalló que "hay evidencias de que cuando se descubrió la filtración, los imputados hablaron entre sí acerca de los mensajes que los comprometían, eliminaron conversaciones y descartaron dispositivos móviles".
"Para procurar su impunidad, los integrantes de la PDI investigados trataron de instalar la hipótesis de que los datos habían sido difundidos por otros miembros de la fuerza", destacó el fiscal. "Por sí mismos o por terceros, confeccionaron imágenes digitales que simulaban ser capturas de pantalla de chats de WhatsApp que sus superiores y compañeros de trabajo supuestamente habían mantenido con referentes de los inmuebles allanados", puntualizó.
CALIFICACIONES PENALES
Stefanía Oviedo está imputada de los delitos de encubrimiento agravado (por ser funcionaria pública) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A continuación, 11 FOTOS de los procedimientos policiales cuando se realizaron los 18 allanamientos simultáneos en dos barrios de Avellaneda, casi todos frustrados:
DOS POLICÍAS IMPUTADOS Y EN PRISIÓN PREVENTIVA
Los policías Ariel Sena y Stefanía Oviedo están presos desde inicio de junio e imputados el 5 de junio de 2026.
El día que se los imputó, el fiscal Franco Carbone (jefe de los fiscales antidrogas en toda la provincia) tildó la situación como "un escándalo y de una gravedad institucional inusitada".
El funcionario reveló que los dos policías "vendieron los allanamientos" avisando a los vecinos investigados y que, tras la filtración, montaron una maniobra con conversaciones telefónicas y falsos datos para desviar la investigación, engañar a los fiscales y provocar un error judicial que buscaba inculpar dolosamente a otros compañeros de la misma PDI que nada tenían que ver con el delito. En el domicilio del policía Sena la fuerza secuestró 12 teléfonos celulares, mientras que el análisis del celular de Oviedo permitió sacar a la luz las conversaciones donde coordinaban la maniobra.
- - -
TRAGEDIA EN LA RN98
LA MUERTE DE DOS JEFES POLICIALES
El contexto en el que se ejecutó la filtración de los allanamientos estuvo teñido de luto por un siniestro vial fatal.
A las 03:50 de la madrugada del viernes 29 de mayo de 2026, cuatro agentes pertenecientes a la Unidad Regional XIII de San Cristóbal se desplazaban en un automóvil Renault Logan blanco para brindar apoyo táctico en los procedimientos de Avellaneda, cuando a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional N° 98, el vehículo policial colisionó de manera violenta contra el acoplado de un camión que se encontraba detenido sobre la cinta asfáltica, conducido por Marcelo Aguirre, 33; domiciliado en la provincia del Chaco.
A raíz de la colisión fallecieron dos autoridades de la PDI, la jefa de Microtráfico, Milena Beatriz Martinuzzi, 44; quien perdió la vida en el acto, y el jefe de la unidad operativa, Pablo Adrián Mansilla, 49; cuyo deceso se produjo horas más tarde en el Hospital de Reconquista. Asimismo, los efectivos Gastón Carruega y Diego Farías, 30; sufrieron heridas de diversa consideración y requirieron asistencia médica urgente en los hospitales de Reconquista y Vera. El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, confirmó la convocatoria oficial de las víctimas para las medidas que terminaron siendo filtradas, provocando las condolencias del cuerpo legislativo y de los senadores Felipe Michlig y Raúl Gramajo.
