El martes 1 de septiembre de 2026, un nuevo episodio de intimidación generó preocupación en la Escuela María G. Joffre N.º 1305 de Reconquista, luego de que apareciera una amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños del establecimiento.
Según se informó, el 911 alertó al personal de la Comisaría Segunda sobre el hecho. Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con la directora, Elsa Beatriz Ojeda, 55; quien relató que a las 09:20 horas una docente de 5to año le comunicó el hallazgo realizado a partir del aviso de una alumna de séptimo.
La estudiante había advertido que, en la primera puerta del baño de mujeres, figuraba escrita la leyenda: "TIROTEO, MAÑANA NO VENGO".
Ante la situación, intervinieron agentes de la Policía Científica, que realizaron las pericias correspondientes, mientras que personal de la PDI quedó a cargo de continuar con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.
EL ANTECEDENTE QUE MARCÓ A LAS ESCUELAS SANTAFESINAS
El episodio registrado este martes vuelve a poner en escena una problemática que tuvo su período más crítico durante marzo, abril y mayo de 2026, cuando se produjo una ola de intimidaciones mediante escritos y falsas alarmas en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia de Santa Fe.
Durante ese trimestre se multiplicaron las advertencias manuscritas en los sanitarios, con frases como "tiroteo mañana" o "no vengan". La magnitud de la situación llegó a generar picos de hasta 65 y 78 incidencias denunciadas en un solo día en diferentes lugares del territorio provincial.
Frente a la reiteración de estos episodios y al despliegue que implicaba cada intervención, con patrulleros, ambulancias, peritos de la Policía Científica y personal de la PDI, el Gobierno de Santa Fe implementó un protocolo destinado a responsabilizar económicamente a quienes fueran identificados como autores.
LA RESPUESTA DE LA PROVINCIA ANTE LA OLA DE INTIMIDACIONES
El Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso que los padres o tutores de los estudiantes identificados debían hacerse cargo solidariamente de los gastos ocasionados por los operativos policiales y de emergencia.
Cada despliegue de seguridad realizado a raíz de una amenaza en una escuela fue tasado en un monto promedio de $6.000.000, contemplando gastos vinculados con combustible, horas de trabajo del personal, utilización de patrulleros y peritajes.
Además, desde abril de 2026, la Provincia comenzó a notificar a los padres en sus domicilios mediante cédulas de cobro, en las que se establecía un plazo de 5 días hábiles para abonar el monto correspondiente.
En caso de que las familias no efectuaran el pago dentro del período establecido, las actuaciones eran derivadas a la Fiscalía de Estado para iniciar el cobro por vía judicial.
