El reconquistense Luciano Persoglia, 37, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, luego de haber sido declarado culpable por unanimidad por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
La pena fue establecida por el juez técnico Guillermo Burrone, del Departamento Judicial de Pergamino, tras el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular. El hecho por el que fue condenado tuvo como víctima a un niño de cuatro años.
Persoglia permanece detenido desde noviembre de 2023 y actualmente se encuentra alojado en la Unidad Penal Nº 13 de Junín, una cárcel de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires.
LA QUERELLA APELARÁ LA PENA
Tras conocerse los fundamentos de la sentencia, el viernes 4 de septiembre de 2026, el abogado querellante Maximiliano Brajer fue entrevistado por el periodista Gustavo Raffin y manifestó su disconformidad con el monto de la pena impuesta, anticipando que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires.
Brajer había solicitado una pena de nueve años y seis meses de prisión, mientras que la Fiscalía había requerido diez años. El abogado sostuvo que, a su entender, los agravantes planteados durante el juicio fueron acreditados y no fueron ponderados adecuadamente por el magistrado al determinar la sanción.
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La sensación es de cierta decepción. No me parece que el contenido de su resolución tenga asidero jurídico; transmite la idea de que hechos aberrantes se pueden llevar a cabo y que la respuesta punitiva no es la esperable.
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"UN DESPECHO Y UN RECLAMO ECONÓMICO"
Brajer consideró que el tiempo que Persoglia lleva privado de su libertad no ha sido suficiente para que pueda revisar su postura frente a lo ocurrido, ya que continúa sosteniendo una versión que fue considerada falsa por el jurado popular. En particular, señaló que Persoglia insiste en que la acusación se originó en una cuestión de despecho de la madre del niño y en un reclamo económico.
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El tiempo que ya lleva Persoglia privado de libertad no le han servido para capitalizarlo en su favor, dado que -hasta último momento- él sigue insistiendo lo que justamente un jurado popular dijo que es falso; recrea esta historia de que esto se trata de una cuestión de despecho de la mamá y de reclamo económico.
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El querellante remarcó que, a partir de lo acreditado durante el debate, doce ciudadanos que no tenían ningún vínculo con la madre entendieron, por unanimidad, que esa explicación no se correspondía con lo ocurrido y que efectivamente había existido un abuso.
Por ese motivo, el abogado expresó su expectativa de que la condena sea revisada y se incorporen más años a la sanción, al considerar que Persoglia necesitará un mayor tiempo de prisión para revisar lo sucedido y evitar que, al recuperar la libertad, mantenga la misma intención de cometer hechos de esa naturaleza.
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Tenemos la expectativa de que esto se revoque y se incorporen más años a la sanción, que son los que entendemos va a necesitar Persolia para lograr revisar en su ser, en su interior, lo que pasó, y capitalizar este tiempo en prisión para no volver luego al medio libre con la misma vocación, con la intención de llevar a cabo estos hechos de esta naturaleza.
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POR QUÉ LA QUERELLA PIDIÓ NUEVE AÑOS Y SEIS MESES
Durante la comunicación, Brager explicó que su pedido de nueve años y seis meses de prisión fue diferente al de la Fiscalía por una cuestión de criterios jurídicos. Según explicó, entendió que la falta de antecedentes penales de Persoglia debía ser considerada como un atenuante y, por lo tanto, permitir una reducción respecto del máximo de la escala penal, que era de diez años y seis meses.
Al mismo tiempo, consideró que no correspondía reducir aún más la pena porque Persoglia registraba causas por violencia de género. La Fiscalía, en cambio, había sostenido que la ausencia de antecedentes penales no debía computarse a su favor, por considerar que se trata de una condición esperable en cualquier ciudadano.
Brajer aclaró que esta diferencia no implica que la querella y la Fiscalía persigan objetivos distintos, sino que ambas partes pueden sostener diferentes criterios, estrategias y argumentos sobre una misma cuestión.
