Con redacción del juez Santiago Dalla Fontana como primer voto y el acompañamiento pleno de su colega Mauricio Sánchez, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista ratificó la responsabilidad de Plan Rombo s.a. y Sinergia Patagonia s.a. en una causa de consumo iniciada por un cliente (Ángel Mariano Martínez), quien esperó casi cuatro meses la entrega de un vehículo adjudicado.
El fallo confirmó el daño punitivo de $7.270.000.- y dejó una advertencia clara para las empresas: el silencio, la demora injustificada y la especulación frente al consumidor tienen consecuencias.
El silencio, la demora injustificada y la especulación frente al consumidor tienen consecuencias.
Un caso que expone el límite de las empresas frente a sus clientes
La sentencia dictada este 10 de septiembre de 2026 por la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 4a Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Reconquista, puso bajo la lupa la conducta de una administradora de planes de ahorro y de una concesionaria frente a un consumidor que había sido adjudicado, pero no recibió el vehículo en el plazo debido.
El tribunal recordó que Plan Rombo reconoció haber entregado el auto 103 días después de la fecha correspondiente. La empresa intentó justificar la demora aludiendo de manera genérica al contexto económico, pero para los jueces esa explicación resultó insuficiente: no detalló restricciones concretas, modelos afectados, componentes faltantes ni gestiones realizadas para revertir la situación.
Las frases más fuertes del fallo
Entre los pasajes de mayor impacto, la Cámara destacó que la actitud de la demandada "no consistió en un simple incumplimiento", sino en una conducta de gravedad frente a los derechos del consumidor.
También remarcó que se trató de "una conducta especialmente reprochable", caracterizada por "un grave desprecio hacia los derechos del consumidor".
Otro tramo contundente sostuvo que, si la situación de demoras era generalizada, "el motivo era harto sabido por la accionada, y aun así eligió no informar".
El tribunal también citó una idea clave sobre los llamados ilícitos lucrativos: cuando para una empresa resulta más económico no atender reclamos y dejar que solo algunos consumidores litiguen, el daño punitivo aparece como una herramienta para desalentar esa práctica.
Cuando para una empresa resulta más económico no atender reclamos y dejar que solo algunos consumidores litiguen, el daño punitivo aparece como una herramienta para desalentar esa práctica.
El perjuicio individual y el problema colectivo
El caso de Martínez no fue tomado por la Cámara como un hecho aislado.
Según la información incorporada de la Inspección General de Justicia, Plan Rombo registraba más de mil vehículos pendientes de entrega con plazo vencido en distintos períodos de 2022. En abril se informaron 785 unidades en mora; en mayo, 1020; en junio, 1221; y en julio, 1248.
Para los jueces, ese dato agravó la falta de información brindada al consumidor: si el problema afectaba a muchos clientes, la empresa no podía tratarlo como una dificultad desconocida ni guardar silencio frente a quien reclamaba respuestas.
Qué resolvió la Cámara
La Cámara acogió parcialmente la apelación de Plan Rombo en el sentido que le redujo el daño moral de $3.400.000 a $2.000.000 y declaró improcedente la indemnización por privación de uso, al considerar que ese perjuicio ya estaba comprendido dentro de la cláusula prevista en el contrato por la entrega tardía.
Sin embargo, confirmó lo más relevante desde el punto de vista social y ejemplificador: el daño punitivo de $7.270.000.-
Para el tribunal, ese monto resultó razonable frente a la conducta reprochada y dentro de los límites legales previstos para sancionar incumplimientos graves en relaciones de consumo.
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LA ENSEÑANZA
El cliente no está solo frente a las empresas
La enseñanza que deja esta sentencia es directa: una empresa no puede ampararse en explicaciones vagas, demoras administrativas o silencios estratégicos cuando está frente a un consumidor que cumplió con sus obligaciones y reclama lo que le corresponde. En una relación de consumo, informar no es una cortesía: es una obligación legal.
El fallo marca un límite: las empresas no pueden calcular que les conviene incumplir porque pocos clientes llegarán a la Justicia. Cuando esa lógica aparece, los tribunales pueden imponer sanciones destinadas no solo a reparar al damnificado, sino también a prevenir que la misma conducta se repita con otros consumidores.
No hay que permitir que las empresas calculen que les conviene incumplir porque pocos clientes llegarán a la Justicia.
El fallo de primera instancia había sido firmado por el juez civil y comercial de la 1a nominación de Reconquista, Franco Raschetti.
Frente a esa conclusión, desde ReconquistaHOY destacamos la importancia no solo del fallo, sino también de hacerlo visible a toda la comunidad. Por eso reclamamos a la Corte la difusión de todos los fallos, no a demanda, como viene ocurriendo.
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A continuación, texto completo de la sentencia de Cámara:
