El Gobierno de la Provincia presentó este jueves 10 de septiembre de 2026 el proyecto de ley de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género, una iniciativa elaborada de forma conjunta por los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Justicia y Seguridad, y de Gobierno e Innovación Pública. La propuesta, que será tratada en la Legislatura provincial, busca anticipar situaciones de riesgo, optimizar la intervención estatal y articular a los distintos organismos para actuar de manera temprana ante hechos de violencia.
La presentación oficial estuvo a cargo del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Justicia y Seguridad, Blanca Diakaki.
Durante el anuncio, el ministro Pablo Cococcioni destacó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de impulsar un "proyecto osado y fuerte" para dar una respuesta integral a la problemática. El funcionario explicó que la iniciativa toma como base herramientas de seguridad ya aplicadas —como el patrullaje preventivo, la atención del 911, el análisis criminal y la incorporación de tobilleras duales iniciada a fines de 2025— con el eje puesto en reducir las cargas que las situaciones de violencia generan sobre la víctima.
Según detalló Cococcioni, el proyecto establece un sistema escalonado de medidas cautelares mediante una evaluación integral que clasificará el riesgo en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico. Para determinar esta escala se ponderarán indicadores como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, uso de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos previos y llamadas reiteradas al 911.
En situaciones de riesgo crítico, el ministro precisó que podrán disponerse medidas como el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de una tobillera electrónica al agresor. Asimismo, ante desobediencias a las órdenes judiciales, los jueces quedarán facultados para dictar arrestos conminatorios, registrando cada incumplimiento para futuras evaluaciones de riesgo.
En el plano procedimental, Cococcioni remarcó que la norma consagra el principio de actuación de oficio, lo que obliga a recibir denuncias en cualquier comisaría u organismo y habilita la intervención de cualquier tribunal ante casos de urgencia. Además, las medidas de protección tendrán vigencia inmediata, incluso antes de notificar al agresor, evitando que la víctima deba trasladar documentación o realizar trámites que la expongan. "El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia", afirmó, sintetizando que con este marco "es el agresor el que se tiene que cuidar".
Por su parte, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, sostuvo que el objetivo central es migrar de un esquema reactivo hacia un modelo centrado en la prevención, detección temprana, protección y asistencia.
Travaini puntualizó que el texto excluye de manera expresa la mediación y la conciliación e incorpora formalmente la percepción de riesgo manifestada por la propia víctima como elemento central de valoración. A su vez, la funcionaria destacó la conformación de un equipo interdisciplinario especializado, la creación de un registro digital único e interoperable en el Ejecutivo, un fondo provincial de asistencia urgente para fortalecer la autonomía económica de las víctimas y el desarrollo de estrategias territoriales en articulación con municipios y comunas.
LA PALABRA DEL MINISTRO COCOCCIONI:
