La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista rechazó el recurso de General Motors Argentina s.r.l. y ratificó en todos sus términos la sentencia de 1a instancia firmada por el Dr. Fabián Lorenzini, quien había hecho lugar a la demanda de una clienta por la compra de un Chevrolet Cruze 0 km que presentó desperfectos reiterados.
El fallo confirmado ordena que le entreguen un nuevo vehículo 0 Km (Cruze o similar) con todos los gastos pagos por inscripción, flete, formularios, patente y otros necesarios para concretar la entrega; que la indemnicen por privación de uso, con una pauta mensual equivalente a 50 litros de nafta premium desde el 27/08/2024 hasta la entrega del nuevo vehículo; más $7.560.982.- por daño moral; más $44.560.417.- como multa por daño punitivo.
La sentencia, con fuerte contenido en materia de derecho del consumidor, fue redactada por el juez Mauricio Sánchez (como primer voto) con adhesión total de su colega Santiago Dalla Fontana. Al alcanzar la mayoría, no fue necesario el tercer voto que correspondía a María Eugenia Chapero.
La sentencia en primera instancia había sido firmada por el juez Fabián Lorenzini, y en esta segunda instancia, la Cámara confirmó la condena contra General Motors Argentina s.r.l. y MS Automotores s.a.
El caso se originó tras la demanda promovida por quien había adquirido un Chevrolet Cruze 0 km fabricado por GM y vendido por la concesionaria MS.
La damnificada acreditó que el automóvil ingresó tres veces al taller oficial en un lapso de cuatro meses, siempre por problemas vinculados al sistema de frenos.
La Cámara valoró especialmente que, luego de una segunda reparación que había sido informada como satisfactoria, la consumidora apenas pudo circular ocho kilómetros antes de que el vehículo volviera a presentar fallas y debiera ser reingresado al taller.
Uno de los tramos centrales del voto sostiene que las reparaciones realizadas "están lejos de ser satisfactorias", porque el vehículo "no reúne las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinado" y "no está en condiciones para un uso normal". Para el tribunal, tampoco existió identidad entre lo ofrecido y lo entregado, una exigencia básica de la Ley de Defensa del Consumidor cuando se comercializa un bien nuevo.
La resolución remarcó que la garantía legal protege al consumidor frente a "defectos o vicios de cualquier índole" que afecten la correspondencia entre el producto prometido y el efectivamente entregado. En esa línea, la Cámara citó doctrina según la cual, ante la duda sobre si la cosa reúne o no condiciones óptimas, debe estarse siempre a favor del consumidor.
El tribunal también resaltó una pauta específica para los automóviles: por tratarse de bienes destinados a la circulación, la exigencia de confiabilidad es mayor. La sentencia expresa: "el vehículo que funciona mal pone en serio peligro a las personas conducidas en el mismo y a terceros", por lo que la ley "no obliga al consumidor insatisfecho a esperar prolongadamente, más allá de lo tolerable, que el vendedor repare el objeto que compró".
Otro punto relevante fue la valoración de la carga probatoria dinámica. La Cámara recordó que, en relaciones de consumo, el proveedor que pretende eximirse de responsabilidad debe demostrar que la causa del daño le resulta ajena.
El veredicto fue categórico: no alcanza con "expresar con una elegante retórica" que la falla no le corresponde; debe probarlo. En el caso, la ausencia de una pericia mecánica producida por las demandadas terminó jugando en contra de la postura defensiva.
En cuanto a los derechos de la consumidora, la Cámara confirmó que resultaba aplicable el artículo 17 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habilita distintas opciones cuando la reparación no es satisfactoria. En este caso, validó la elección de la clienta de reclamar la sustitución del automóvil por otro de idénticas características, además de los gastos vinculados a inscripción, flete, aranceles y demás conceptos necesarios para hacer efectiva la entrega.
La sentencia también confirmó la procedencia de la privación de uso, al considerar que la sola indisponibilidad del vehículo genera un perjuicio indemnizable, y mantuvo el daño moral fijado en primera instancia. Para los jueces, las reiteradas fallas, los traslados forzados, la falta de respuestas extrajudiciales y la incertidumbre sobre la seguridad del rodado justificaron la reparación reconocida.
El capítulo de mayor impacto económico fue el daño punitivo. La Cámara admitió que esta sanción debe aplicarse con criterio restrictivo, pero entendió que el caso no reflejaba un simple incumplimiento, sino una conducta "especialmente reprochable", con "grave desprecio hacia los derechos del consumidor". La sentencia también aludió a los llamados "ilícitos lucrativos", es decir, aquellas conductas empresariales en las que resulta más conveniente desatender reclamos que dar una respuesta eficaz y temprana.
Para respaldar que la multa no era desproporcionada, el tribunal comparó el monto fijado en primera instancia —$44.560.417,68— con una fórmula de cálculo utilizada por distintos tribunales para estimar daños punitivos. El resultado de esa fórmula arrojaba $64.375.000, una cifra superior a la concedida, por lo que la Cámara concluyó que la sanción confirmada no resultaba irrazonable ni excesiva dentro de los parámetros legales.
Conclusión. El fallo reafirma una premisa central del derecho del consumidor: quien compra un vehículo 0 km tiene derecho a recibir un producto seguro, confiable y apto para su uso normal, sin quedar obligado a soportar reparaciones reiteradas, silencios empresariales o respuestas insuficientes.
Para la Cámara, cuando la garantía fracasa y se pierde la confianza en la cosa adquirida, la protección legal debe traducirse en una reparación integral y, si la conducta del proveedor lo justifica, también en una sanción disuasiva.
A continuación, texto completo de la sentencia:
