A través del Decreto N.º 254, firmado este viernes 11 de septiembre de 2026 por el intendente municipal, Dr. Amadeo Enrique Vallejos, la Municipalidad de Reconquista reglamentó el procedimiento para la utilización de dispositivos inmovilizadores de vehículos —conocidos como "cepos"— como medida cautelar ante infracciones de estacionamiento en la vía pública. Según establece la norma, la colocación del dispositivo constituye una medida cautelar administrativa, preventiva, temporal, instrumental y accesoria al procedimiento contravencional, y no implica sanción ni reconocimiento de responsabilidad por parte del presunto infractor.
El decreto precisa que la medida tiene como finalidad hacer cesar una situación contraria al ordenamiento vial, asegurar la intervención de la autoridad competente, identificar al conductor o responsable del vehículo, garantizar la sustanciación del procedimiento contravencional y, cuando las circunstancias lo permitan, evitar la remoción y el traslado innecesario del rodado.
VEHÍCULOS ALCANZADOS Y AUTORIDADES INTERVINIENTES
La normativa alcanza a todos los vehículos susceptibles de inmovilización, incluyendo automóviles, motocicletas, ciclomotores, camionetas, utilitarios, camiones, ómnibus, minibuses, casas rodantes y acoplados, entre otros, siempre que el dispositivo resulte técnicamente compatible con el rodado. El decreto designa como autoridad de control al personal municipal del Departamento de Seguridad Vial, encargado de disponer materialmente la colocación del dispositivo, mientras que el Juzgado Municipal de Faltas tendrá intervención inmediata en toda inmovilización practicada.
CUÁNDO PROCEDE EL CEPO
De acuerdo con el texto, el dispositivo podrá aplicarse ante infracciones como el estacionamiento en lugares prohibidos, en doble fila, sobre mano no habilitada, de contramano, sobre veredas o espacios verdes, frente a garajes o accesos vehiculares, en paradas de transporte público, en espacios reservados para personas con discapacidad, en sectores escolares con restricción especial, entre otros supuestos contemplados por la normativa vigente. El decreto establece que la colocación del cepo procederá cuando la permanencia del vehículo no genere un riesgo grave para la seguridad vial ni una afectación que exija la liberación inmediata del espacio. En cambio, deberá priorizarse la remoción del vehículo cuando su permanencia obstaculice gravemente la circulación, impida el acceso de servicios de emergencia, obstruya rampas para personas con discapacidad o genere peligro concreto para personas o bienes.
PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN Y LEVANTAMIENTO
La norma dispone que, previo a instalar el dispositivo, el agente deberá constatar la infracción, labrar el acta correspondiente y realizar un registro fotográfico que acredite la ubicación del vehículo, el dominio, la infracción constatada y el estado del rodado. Además, deberá colocarse un aviso visible que indique que el vehículo se encuentra inmovilizado y advierta sobre la prohibición de manipular el dispositivo o intentar circular con él colocado. Si el conductor comparece antes de haber finalizado la instalación del dispositivo y se encuentra habilitado para retirar el vehículo, se le permitirá hacerlo de inmediato previa confección del acta de infracción, sin que se le cobre el arancel del servicio de inmovilización. Si el conductor no gestiona el levantamiento de la medida dentro de las 24 horas posteriores a la colocación, la autoridad podrá disponer la remoción y el traslado del vehículo al depósito municipal. Para regularizar la situación, el titular o responsable del vehículo deberá presentarse ante el Juzgado Municipal de Faltas, acreditar su identidad y vinculación con el rodado, tomar conocimiento de la infracción y, cuando corresponda, abonar el arancel establecido por el servicio de inmovilización, sin que ello implique reconocimiento de la infracción ni pérdida del derecho de defensa.
VIGENCIA
El decreto establece que su arancel estará sujeto a lo que determine la Ordenanza Tributaria correspondiente , en forma independiente de la multa que eventualmente corresponda por la infracción. Asimismo, dispone que, previo a su implementación, el personal interviniente deberá recibir capacitación específica y se realizará una campaña de información pública sobre el nuevo sistema. La norma entrará en vigencia a partir de los diez (10) días de su publicación , una vez cumplidas las instancias de capacitación, información pública y adecuación operativa previstas.
EL DECRETO:
