El Comité de Acreedores cuestiona que Vicentin saic pretenda financiar a Friar aun si la operación no recibe autorización. Según sostuvo, la empresa adelantó que aportaría los fondos bajo otra figura, lo que, a criterio de los acreedores, busca imponer una decisión ya tomada y deja sin efecto el control que deben ejercer la Sindicatura, el Comité de Acreedores y el juez del concurso. Por eso, advirtieron al Dr. Lorenzini que permitir ese proceder convertiría los mecanismos de supervisión previstos por la ley en una mera formalidad, afectando las garantías destinadas a proteger a los acreedores.
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El Comité de Acreedores de Vicentín saic (ahora La Nueva Vicentín del Grupo Grassi) solicitó que no se autorice la línea de financiamiento acordada entre la concursada y Friar s.a., al considerar que la operación carece de información económica, financiera y patrimonial suficiente, y que podría trasladar a los acreedores el riesgo de un eventual incumplimiento.
La presentación fue firmada por los representantes del Banco de la Nación Argentina, la Unión Agrícola de Avellaneda, Costantini y Asociados s.a., el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los departamentos General Obligado y San Javier; y por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo.
La postura fue expresada en el marco del concurso preventivo de Vicentín saic, donde el Comité cuestionó tanto el contenido de la propuesta como la forma en que fue presentada.
Según el escrito, la empresa habría planteado que, si el financiamiento no era autorizado, igualmente desembolsaría los fondos bajo otra figura: un aporte de capital sin garantía.
Para el Comité de Acreedores, esa advertencia configura un intento de colocar a los órganos de control y a los acreedores frente a un hecho consumado. En términos contundentes, sostuvo que Vicentín saic "pretende imponer la aceptación de su decisión" y que ese proceder termina "vaciando de contenido el control que la ley asigna a la Sindicatura, al Comité de Control y, en definitiva, a vuestra señoría".
El planteo central apunta a la falta de datos verificables sobre Friar. El Comité remarcó que no cuenta con información fidedigna, completa y actualizada sobre su situación económica, financiera y patrimonial, lo que impide evaluar la razonabilidad de la asistencia, la capacidad de repago y el nivel real de riesgo crediticio.
"Se pretende comprometer activos y recursos de Vicentín saic en favor de un tercero respecto del cual no existe información suficiente", afirmó el Comité, al advertir que la operación aparece sustentada en "meras afirmaciones unilaterales de la concursada, sin respaldo documental adecuado".
Otro de los puntos objetados es la participación accionaria de Vicentín saic en Friar, que asciende apenas al 0,39% del capital social. Para el Comité, ese nivel de participación vuelve indispensable explicar qué beneficio concreto tendría para la concursada asumir el rol de financiadora y por qué debería destinar recursos a una sociedad en la que posee una presencia prácticamente marginal.
Vuelve indispensable explicar qué beneficio concreto tendría para la concursada asumir el rol de financiadora y por qué debería destinar recursos a una sociedad en la que posee una presencia prácticamente marginal (0,39%).
La presentación también reclama conocer si otros accionistas de Friar realizaron o realizarán aportes, bajo qué condiciones, con qué garantías y cuál sería la posición relativa de Vicentín saic frente a esos eventuales financiadores. Sin esa información, advirtió el Comité, no es posible determinar si la asistencia responde a una decisión económicamente razonable o si implica una asignación arbitraria de recursos.
En su conclusión, el Comité calificó la operación como "prima facie inconveniente, injustificada y especialmente riesgosa para la masa de acreedores" y sostuvo que "no existen las condiciones mínimas que permitan avalar el otorgamiento de la asistencia financiera pretendida". Por ese motivo, pidió rechazar la solicitud y adoptar medidas para proteger el interés colectivo de los acreedores.
La operación es prima facie inconveniente, injustificada y especialmente riesgosa para la masa de acreedores.
